La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha intensificado la vigilancia sobre las gasolineras españolas para controlar la evolución de los precios de los carburantes y detectar posibles irregularidades en sus márgenes comerciales. El organismo mantiene una supervisión reforzada de la red de estaciones de servicio y ya ha abierto varios expedientes sancionadores contra aquellas que han incumplido sus obligaciones de información.
La medida se enmarca en las nuevas competencias atribuidas al regulador por el Real Decreto-ley 7/2026, aprobado dentro del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. El objetivo es comprobar que las estaciones cumplen con sus obligaciones de transparencia y vigilar cómo trasladan al mercado las medidas fiscales extraordinarias adoptadas desde el inicio del conflicto en Irán.
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La actuación de Competencia se articula en dos frentes. Por un lado, controla que las gasolineras comuniquen correctamente los precios de los carburantes, sus ventas anuales y los datos censales de cada instalación. Por otro, analiza la evolución de los márgenes brutos de distribución para identificar posibles desviaciones que puedan afectar a la repercusión de las medidas fiscales sobre los consumidores.
Multas por no comunicar los precios y las ventas
De acuerdo con la normativa vigente, los titulares y gestores de las estaciones de servicio deben remitir al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico los precios de los carburantes todos los lunes y cada vez que se produzca una modificación. También están obligados a facilitar información sobre las ventas anuales y los datos censales de sus instalaciones, tal como establece la Orden ITC/2308/2007.
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El incumplimiento de estas obligaciones ha llevado a la CNMC a incoar varios expedientes sancionadores contra estaciones de servicio. La falta de comunicación de estos datos constituye una infracción administrativa grave, conforme al artículo 110 de la Ley de Hidrocarburos, ya que impide disponer de información actualizada y fiable sobre el funcionamiento del mercado de carburantes.
Las consecuencias económicas pueden ser importantes. Los límites de las sanciones se han duplicado mediante el Real Decreto-ley 25/2026 y su cuantía se determina en función del volumen de negocio de la empresa infractora. La CNMC será la encargada de instruir y resolver estos procedimientos, para los que se establece un plazo máximo de 18 meses.
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La lupa sobre los márgenes de las gasolineras
Más allá de los expedientes por falta de información, el organismo también ha reforzado el seguimiento de los márgenes brutos de distribución de todas las estaciones de servicio del país. Esta supervisión pretende detectar posibles desviaciones en la aplicación de las medidas fiscales extraordinarias aprobadas para responder a las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Medio.
Cuando el regulador identifica comportamientos que considera anómalos, solicita explicaciones a los responsables de las instalaciones. Estos deben justificar las diferencias detectadas en sus márgenes o adoptar medidas para corregirlas, con el propósito de evitar que las reducciones fiscales dejen de trasladarse adecuadamente al mercado.
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En aquellos casos en los que las explicaciones ofrecidas no sean suficientes, la CNMC podrá incorporar a esa estación de servicio en una relación pública de gasolineras con desviaciones pendientes de justificar. Esta inclusión no tendrá carácter sancionador ni supondrá que se haya demostrado la existencia de una infracción administrativa.
La supervisión de Competencia busca mejorar la transparencia del mercado y disponer de información más precisa sobre la evolución de los precios en un contexto de incertidumbre energética. El seguimiento de los márgenes permite, además, comprobar cómo repercuten las medidas fiscales extraordinarias en la distribución de carburantes.
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