Un sefardí espera más de siete años para saber si se le reconoce la nacionalidad española: la Audiencia Nacional responde, pero solo para decirle que debe tramitarlo en la justicia civil

El pasado 8 de agosto de 2019, un ciudadano de origen sefardí entregó su petición para obtener la nacionalidad española de origen. Esperó más de siete años sin una resolución expresa de la Administración. El 29 de octubre de 2026, la Audiencia Nacional dictó un auto, pero no resolvió si Bartolomé tiene derecho a la nacionalidad española: le indicó que debe acudir a la jurisdicción civil.

La petición nació al amparo de la Ley 12/2015, que abrió una vía especial para los sefardíes originarios de España. El hombre presentó su expediente menos de dos meses antes del cierre del plazo extraordinario, fijado para el 1 de octubre de 2019. La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública disponía de un máximo de 12 meses para resolver desde la recepción del expediente completo con los informes exigidos. En este caso no hubo respuesta, por lo que tuvo el efecto de una denegación por silencio administrativo.

El solicitante acudió entonces a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional contra esa falta de decisión. El tribunal ha examinado el asunto, aunque no entró en los documentos que acreditaban su origen sefardí ni en los requisitos de fondo de su petición.

La solicitud afecta al estado civil de la persona

Así, tras más de siete años de recorrido judicial, la Sala ha concluido que las solicitudes de nacionalidad por carta de naturaleza de sefardíes, como la presentada dentro del régimen especial de la Ley 12/2015, afectan al estado civil de la persona y pertenecen a los tribunales civiles de cada provincia, como así indica el artículo 87 de la Ley del Registro Civil.

La vía contencioso-administrativa solo tiene atribuida de forma expresa la revisión de las decisiones sobre la nacionalidad española por residencia. El tribunal también citó un auto de la Sala Especial de Conflictos de Competencia del Tribunal Supremo, de 8 de octubre de 2020, y una sentencia de la Sala Tercera del alto tribunal, de 19 de diciembre de 2025, que avalaron ese criterio.

El auto ha declarado inadmisible el recurso contencioso-administrativo, sin condena en costas. La consecuencia procesal es que el hombre podrá acudir a la jurisdicción civil en el plazo de un mes desde que reciba la notificación. Si presenta su caso ante la vía civil dentro de un mes, la ley le permite mantener como fecha de inicio la del recurso que presentó ante la Audiencia Nacional. Además, puede recurrir este auto ante la propia Sala en los cinco días posteriores a su notificación.