Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social con 35 años de experiencia: “Prefiero que exploremos y adoptemos medidas que aumenten los ingresos antes que convertir los recortes de las pensiones en la respuesta habitual”

El futuro del sistema público de pensiones se ha convertido en uno de los ejes del debate electoral de cara a los comicios del 29 de noviembre, en un país donde la Seguridad Social abona mensualmente cerca de 9,5 millones de pensiones a otros tantos beneficiarios. Con el reto del envejecimiento poblacional, el gasto aumenta año tras año y levanta dudas sobre si el modelo actual podrá sostenerse sin recortes.

Alfonso Muñoz, funcionario del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) desde 1991, defiende que el sistema público de pensiones debe reforzar sus fuentes de financiación antes de recurrir a recortes en las prestaciones. “Prefiero que exploremos y adoptemos medidas que aumenten los ingresos antes que convertir los recortes de las pensiones en la respuesta habitual de cualquier dificultad financiera”, afirmó el funcionario en un video publicado en su canal de YouTube, que basó su posición en tres décadas y media de experiencia dentro de la Administración.

Muñoz planteó la disyuntiva en términos directos. “Cuando hablamos de sostenibilidad, debemos hablar de ingresos y de gastos. Podemos optar por reducir la protección, limitar las prestaciones o introducir recortes que terminen afectando a los pensionistas. O podemos actuar sobre los ingresos, reforzando los recursos con los que financiamos el sistema”, explicó. Y remarcó que su preferencia no equivale a aceptar cualquier fórmula sin análisis: “Eso no significa que cualquier medida para aumentar los ingresos sea suficiente, ni que podamos ignorar los costes. Significa que debemos analizar todas las alternativas y decidir qué modelo de sociedad queremos”.

Las pensiones como derecho social, no como partida presupuestaria cualquiera

Para el funcionario, el debate sobre sostenibilidad suele perder de vista la naturaleza de lo que está en juego. “Las pensiones no son un gasto cualquiera, son un derecho social que protege a millones de personas después de toda una vida trabajando y cotizando”, sostuvo. Detrás de esa afirmación hay una magnitud concreta: el gasto anual en pensiones se ubica en torno a los 200.000 millones de euros, una cifra equivalente a cerca de un tercio de los Presupuestos Generales del Estado.

Esa cifra coincide con los datos oficiales más recientes. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el gasto en pensiones contributivas y no contributivas alcanzó los 194.815 millones de euros en 2025, un 6% más que el año anterior, y se prevé que pase del 11,6% del producto interior bruto (PIB) en 2026 al 12,3% en 2031. Un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) añade que el sistema arrastra un déficit estructural que creció 67.300 millones de euros entre 2005 y 2025, equivalente a casi cinco puntos del PIB.

Exigencia de rigor frente a las cifras alarmantes

Muñoz cuestionó que el debate público se resuelva con previsiones a largo plazo sin explicar su metodología. “No basta con lanzar una cifra alarmante, hacer una previsión a varias décadas vista o afirmar que las cuentas no cuadran. Hay que explicar los cálculos, los escenarios que se han utilizado, qué medidas se proponen y, sobre todo, quién va a soportar sus consecuencias”, planteó. Añadió que las decisiones políticas que se derivan de esas previsiones “no son neutrales” porque “pueden reforzar la protección social o trasladar una parte mayor del esfuerzo a los pensionistas”.

Esa exigencia de transparencia llega en medio de un cruce político por la sostenibilidad del sistema. La portavoz del Partido Popular (PP) en el Congreso, Ester Muñoz, cuestionó recientemente la viabilidad del modelo actual, lo que generó una respuesta del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar, que acusaron a esa formación de preparar un recorte o una privatización encubierta. El propio programa electoral del PP, presentado esta semana de cara a las elecciones del 29 de noviembre, compromete la revalorización anual con el índice de precios al consumo (IPC) y descarta la capitalización individual, aunque no detalla reformas sobre edad de jubilación, cotizaciones o pensiones máximas.

Reformas sí, condena automática no

El funcionario diferenció entre reconocer desafíos y aceptar que el sistema esté condenado al fracaso. “Tenemos un importante reto demográfico, aumenta el número de pensionistas y hay que financiar las jubilaciones de las generaciones más numerosas. Todo eso exige planificación, decisión y responsabilidad política. Pero una cosa es reconocer que tenemos desafíos y otra muy distinta afirmar que el sistema está condenado a ser insostenible”, señaló.

Muñoz insistió en que su diagnóstico no implica inmovilismo. “No digo que vaya a funcionar automáticamente ni que no haya que hacer reformas. Digo que su futuro no está escrito de antemano y que no debemos confundir los desafíos financieros con una condena inevitable a la insostenibilidad”, explicó. En ese sentido, reclamó que la discusión incorpore variables como el empleo, la productividad, las cotizaciones y las prioridades presupuestarias, en lugar de reducirse a un dilema binario entre ajuste y colapso.

Un llamado a no convertir las pensiones en arma electoral

El funcionario cerró su intervención con una advertencia sobre el uso político del asunto en plena campaña. “Me preocupa que una cuestión tan importante se convierta en un arma electoral utilizada para generar miedo sin explicar suficientemente las alternativas. Las pensiones necesitan rigor, transparencia y acuerdos duraderos”, afirmó.

Esa demanda se produce mientras los principales partidos exhiben posiciones divergentes de cara a los comicios del 29 de noviembre. El PSOE ha prometido mantener la reforma pactada en 2021 y 2023 y blindar constitucionalmente la actualización con el IPC, mientras que Frente Amplio y Podemos proponen rebajar la edad de jubilación y elevar las pensiones mínimas mediante nuevos impuestos. Muñoz resumió su prioridad personal frente a ese escenario: “Defender un sistema público de pensiones que garantice las prestaciones dignas y buscar los recursos necesarios para financiarlos, en lugar de dar por hecho que la solución pasa por recortar derechos”.