El Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid ha abierto una investigación para esclarecer las filtraciones de información reservada del procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta implicación en una trama de tráfico de influencias relacionada con la aerolínea Plus Ultra. La magistrada Margarita Valcarce ha encargado a la Policía Judicial la elaboración de un informe para determinar el origen de las filtraciones e identificar a sus posibles responsables, según ha adelantado la Cadena SER y han confirmado fuentes jurídicas a Infobae.
La apertura de estas diligencias llega casi cuatro meses después de que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, instructor de la causa principal, acordara deducir testimonio a los juzgados de Madrid para investigar la difusión de documentación del procedimiento que incluía datos personales del expresidente y conversaciones privadas con su secretaria, Gertrudis Alcázar, también investigada en el caso.
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El juez Calama adoptó esa decisión el pasado 25 de junio, después de que varios medios de comunicación publicaran información extraída del teléfono móvil de Alcázar y de las agendas de Zapatero correspondientes a 2024 y 2025. El magistrado advirtió entonces de la existencia de filtraciones “constantes e inmediatas” desde que se había dado traslado de las actuaciones a las partes personadas y reclamó que se identificara a sus responsables ante su posible carácter delictivo.
La jueza Valcarce recibió la causa por reparto ese mismo mes. En septiembre, solicitó a la Audiencia Nacional información adicional sobre el procedimiento, que ya ha sido remitida. Ahora, tras recabar la documentación necesaria, ha ordenado a la Policía Judicial que examine lo sucedido.
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Las conversaciones privadas del expresidente
La investigación pretende esclarecer cómo llegó a los medios de comunicación documentación incorporada a las diligencias de la Audiencia Nacional que contenía información ajena al objeto principal de la causa. Entre los archivos difundidos figuraban conversaciones entre Zapatero y su secretaria, así como detalles de su agenda personal y profesional.
El material procedía del teléfono móvil de Alcázar, intervenido por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía en el marco de las pesquisas sobre Plus Ultra. Los agentes elaboraron varios informes a partir de esos datos, entre ellos uno en el que apuntaban a que el expresidente habría cobrado 200.000 euros por mediar presuntamente en favor de una empresa peruana de cemento ante el Gobierno de Bolivia para evitar una multa millonaria.
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Los anexos de esos informes incluían, además, el contenido íntegro de las agendas del expresidente de 2024 y 2025, con información sobre viajes, reuniones, comidas y encuentros privados. Parte de esos datos no guardaba relación directa con la investigación por presunto tráfico de influencias que se sigue en la Audiencia Nacional.
La difusión de ese material provocó el malestar de la defensa de Zapatero, que reprochó al instructor que no hubiera depurado previamente la documentación para excluir los datos personales que no fueran relevantes para la causa antes de ponerla a disposición de las partes personadas, entre ellas las acusaciones populares.
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Calama ya advirtió de un posible delito
En el auto del 25 de junio, el juez de la Audiencia Nacional consideró que las filtraciones podían constituir una “vulneración palmaria del deber de reserva inherente al secreto externo” de las actuaciones judiciales. El magistrado apuntó, además, a su posible encaje en los delitos de revelación de actuaciones procesales declaradas secretas o de informaciones reservadas, recogidos en los artículos 466 y 417 del Código Penal, sin descartar otras responsabilidades disciplinarias o profesionales.
El instructor acordó entonces remitir el asunto a los juzgados ordinarios de Madrid, al entender que no era competente para investigar los hechos, y adoptó medidas adicionales para proteger la documentación sensible del procedimiento. Entre ellas, dispuso la creación de una pieza separada para las grabaciones audiovisuales de los interrogatorios, cuyo acceso quedó restringido al juzgado y al Ministerio Fiscal.
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La decisión llegó después de que también se difundiera la declaración íntegra de Zapatero ante el juez, apenas un día después de que se produjera.
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