
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado investigar las filtraciones de datos privados del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, entre ellas el contenido íntegro de su agenda de 2024 y 2025 y conversaciones privadas con su entorno, que serían ajenas al caso Plus Ultra.
Así lo ha avanzado en un auto emitido este jueves al que ha tenido acceso Infobae, en el que pide identificar a los responsables ante su eventual carácter delictivo, “dada la gravedad de los hechos y su potencial encaje en tipos penales de revelación de actuaciones declaradas reservadas”. El magistrado se refiere a la filtración del último informe elaborado por la UDEF, que contiene unos 2.000 folios de conversaciones en chats privados que no habrían sido diseccionadas por la UDEF. Fuentes policiales han confirmado al programa Mañaneros de TVE que tan solo una veintena de conversaciones serían realmente relevantes en la causa.
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El juez Calama cuestiona que “se han producido filtraciones constantes e inmediatas” a medios de comunicación desde el momento en que las actuaciones fueron puestas a disposición de las partes personadas a través de la plataforma Cloud. Tales hechos, ha avisado, constituyen una vulneración del secreto en la investigación y “pueden integrar ilícitos penales”.
Además, el juez instructor ha avisado que adoptará medidas restrictivas para proteger el secreto del proceso. En este sentido, avanza que creará una pieza separada con las grabaciones de las declaraciones, que será accesible “solo para el tribunal y la fiscalía”, y autorizará a las partes a consultar "solo la transcripción automática". Si necesitan más detalles, ha apuntado, podrán revisar la grabación en la sede judicial, pero no recibirán copia hasta que se abra el juicio oral. En esta línea, limitará el acceso de las acusaciones populares a la plataforma judicial solo a través de sus abogados y representantes.
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El Gobierno tacha la filtración de escandalosa y Zapatero pide la nulidad de la causa
Poco antes de conocerse la nueva investigación, se pronunció el ministro de Transportes, Óscar Puente, en el Congreso, quien calificó de “escandalosa” la revelación de datos privados y mantuvo que “por menos” se le había condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. “No sé lo que va a hacer el señor Zapatero, parece que ha anunciado acciones legales; desde luego, si se inician, vamos a comprobar hasta qué punto la Justicia opera con igualdad en función de hechos similares o, desde luego, más graves, en este caso”, ha dicho.
Según una información adelantada por el diario El País, la defensa de Zapatero ha pedido la nulidad de la causa, alegando que se han vulnerado sus garantías procesales y su derecho a la presunción de inocencia. Además, la defensa ha alegado que el procedimiento “parte de unos análisis de conversaciones privadas no autorizados”, vulnerando el derecho a la intimidad, a la protección de datos y al secreto de las comunicaciones de terceros.
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