La huelga de alquileres de las mujeres de Barakaldo en 1905: la primera gran protesta por la vivienda en España ya desembocó en una acampada y una huelga general

Las protestas contra el encarecimiento de la vivienda se han extendido este fin de semana por una docena de ciudades y han convocado a decenas de miles de personas, mientras acampadas como la de la Puerta del Sol siguen creciendo. Los manifestantes sostienen que la situación del mercado inmobiliario nunca había estado tan mal... y sin embargo, las quejas contra los alquileres caros y los desahucios ya están documentadas desde hace más de un siglo.

En mayo de 1905, miles de mujeres rodearon una vivienda en la calle San Juan de Barakaldo, en Vizcaya, para impedir un desahucio por falta de pago del alquiler. Lograron frenar a los funcionarios judiciales y encendieron la primera gran huelga de inquilinos documentada en España, un conflicto que escaló hasta forzar la declaración del estado de guerra en ambas márgenes de la ría de Bilbao.

El episodio tuvo su origen meses antes. A comienzos de ese año, los vecinos de la localidad vizcaína constituyeron la Sociedad de Inquilinos, que exigía una rebaja del 50% en las rentas del alquiler. La reivindicación respondía a una crisis habitacional provocada por el crecimiento acelerado de la industria y la minería en la zona, que atrajo una ola migratoria de trabajadores sin que la oferta de viviendas creciera al mismo ritmo. La escasez disparó los precios y obligó a muchas familias a subarrendar sus habitaciones por turnos: unos dormían de día y otros de noche, según denunció un periodista de la época, citado en un reportaje de elDiario.

El detonante llegó el 16 de mayo, cuando el juzgado acudió a ejecutar el lanzamiento de un inquilino. Un grupo de unas 300 personas, alertado de antemano, recibió a los funcionarios con una lluvia de piedras y consiguió paralizar la diligencia. La Guardia Civil llegó a apuntar a los manifestantes con sus fusiles, pero optó por retirarse en busca de refuerzos.

Durante los días siguientes se vivió una tensa calma. Las mujeres de Barakaldo asumieron la vigilancia de las viviendas amenazadas de desahucio y rechazaron la oferta del capitán de la Guardia Civil y el juez de permitir que los afectados permanecieran en sus pisos hasta hallar alternativa. En paralelo, la Sociedad de Inquilinos definió un pliego de reivindicaciones que incluía la reducción de las rentas, el saneamiento de las viviendas a cargo de los propietarios, la prohibición de desalojos sin causa justificada y la creación de una comisión vecinal para inspeccionar el estado de los inmuebles.

Las mujeres sacan los muebles a la calle

El lunes 22 de mayo, el juzgado regresó a la vivienda de la calle San Juan y ejecutó el desahucio. La respuesta vecinal fue inmediata: las mujeres sacaron sus muebles y enseres a la vía pública, muchos de los cuales terminaron sobre las vías del tren y el tranvía, lo que interrumpió el tráfico ferroviario entre Bilbao y Portugalete, además del servicio del tren minero.

Las calles de la localidad se transformaron en un campamento improvisado. La protesta se propagó de inmediato a Sestao, donde cientos de arrendatarios colocaron ropa y muebles en plena calle pese a la lluvia que dañaba sus pertenencias.

Los sucesos del desahucio no se limitaron a la protesta vecinal. Los manifestantes animaron a los obreros a abandonar sus puestos, y la idea de una huelga general ganó fuerza con rapidez. En el turno de noche del 22 de mayo, solo 600 de los 2.000 trabajadores previstos se presentaron en las fábricas. Al día siguiente, el paro se extendió a los Astilleros del Nervión, Altos Hornos, las minas de Bilbao —Morro, Malaespera y Miraflores— y la fábrica Aurrera.

Ante la magnitud de la revuelta, las autoridades declararon el estado de guerra en ambas márgenes de la ría, desde Bilbao hasta la desembocadura. El mando pasó a manos del gobernador militar, el general Eduardo Soler, que movilizó a los regimientos de Cuenca y Garellano. Un bando advertía que se procedería “sumariamente contra los que atentasen a la fuerza pública”.

El 25 de mayo, el gobernador militar se reunió con representantes de la Sociedad de Inquilinos y prometió negociar con los propietarios una rebaja en los precios de la vivienda. El compromiso no se cumplió, pero contribuyó a desactivar la tensión, junto con la represión policial y la negativa del Partido Socialista a sumarse al paro. El estado de guerra se mantuvo vigente hasta el 13 de junio. La huelga no logró la rebaja de rentas que reclamaba, pero dejó un precedente en la movilización vecinal española: seis años después, en 1911, se aprobó la Ley de Casas Baratas, una de las primeras normas estatales orientadas a paliar la escasez de vivienda obrera en zonas industriales como la margen izquierda de la ría de Bilbao.