La propuesta de construir más vivienda choca con la idea de expulsar a los inmigrantes: uno de cada cuatro trabajadores del sector son extranjeros

España necesita 700.000 trabajadores más en la construcción para intentar reducir el déficit de 750.000 viviendas que calcula el Banco de España. El sector ya depende de la inmigración para cubrir una parte sustancial de esa demanda: los extranjeros representan el 27% de los afiliados a la construcción, frente al 13% de hace una década. Mientras tanto, el Partido Popular y Vox insisten en que la solución al problema de la vivienda pasa por construir más, al tiempo que endurecen su discurso contra la inmigración que, en la práctica, sostiene buena parte de esa actividad.

Este viernes 2 de octubre, el Congreso rechazaba los dos decretos de vivienda del Gobierno con los votos en contra de PP, Vox y Junts. Tanto el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo como la formación de extrema derecha coincidieron en que el problema de fondo no es la regulación del alquiler, sino la falta de oferta. Es la misma idea que sostienen sus hojas de ruta: el PP se ha marcado como objetivo construir un millón de viviendas, y Vox defiende reducir trabas burocráticas y movilizar suelo para que el mercado se autorregule.

No obstante, ninguno de los dos programas explica con detalle quién levantaría esas viviendas. Y los datos del propio sector apuntan a una respuesta incómoda para ese discurso: sin mano de obra extranjera, buena parte de esa construcción no se sostendría.

Faltan 700.000 trabajadores y la plantilla envejece

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) calcula que el sector necesita incorporar 700.000 trabajadores para alcanzar los objetivos de vivienda que requiere el país, una cifra que la patronal estima que superará el millón en poco tiempo. El problema no es solo de volumen, sino de reemplazo generacional: la Fundación Laboral de la Construcción cifra en 1.530.002 las personas ocupadas en el sector en 2025, con una edad media de 45,1 años, casi tres más que en 2015. Solo el 10,8% de esos trabajadores tiene menos de 30 años.

La consecuencia es una plantilla que se jubila más rápido de lo que se renueva. La propia Fundación Laboral prevé que en la próxima década se retire el 22% de los trabajadores actuales, más de 139.000 personas solo en los primeros cinco años. El relevo joven no crece al mismo ritmo.

En este contexto, el propio programa de vivienda del PP reconoce el problema, aunque de forma indirecta: entre sus medidas incluye un “Plan Formativo y de Empleo Específico” y apuesta por la innovación para “reducir tiempos ante la escasez de mano de obra”. Es, de momento, la única referencia explícita de la derecha española a que faltan manos para construir lo que promete.

Los extranjeros ya sostienen una de cada cuatro obras

Mientras el discurso político se centra en la oferta de vivienda, los datos de afiliación muestran quién trabaja hoy en las obras. Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, los extranjeros representaban en agosto de 2026 el 27% de los afiliados al régimen general de la construcción, frente al 24% de marzo del mismo año. Hace una década, en 2013, esa proporción era del 13%, según un análisis de BBVA Research. El peso de la mano de obra migrante en el sector se ha duplicado en diez años.

Esta dependencia explica por qué la propia patronal del sector, la CNC, respaldó en su momento la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno en abril de 2026, al considerarla una vía para cubrir parte del déficit de trabajadores que arrastra la construcción desde hace años.

Vox pide “remigración” mientras reclama más obra

Frente a estos datos, la extrema derecha mantiene un discurso que vincula de forma directa la crisis de vivienda con la inmigración. El 28 de septiembre, en rueda de prensa, el portavoz de Vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, afirmó que “no se puede seguir hablando de vivienda sin hablar de inmigración” y que “estar escandalizado con los precios de los alquileres y estar a favor de la inmigración masiva es una contradicción bastante potente”. Según su argumento, en los últimos cinco años entraron a España cinco millones de personas mientras se construían menos de 90.000 viviendas al año.

El propio programa electoral de Vox recoge el concepto de “remigración”, aplicado a quienes, según el partido, “han venido a vivir del esfuerzo y el trabajo de los españoles”. El texto también plantea “repatriar a todos los inmigrantes que violentan nuestras fronteras y acceden a nuestra Nación -o permanezcan en ella- de manera ilegal”. No contempla ninguna excepción para sectores con déficit de mano de obra, como la construcción.

El PP mantiene una posición menos radical. Su Plan Nacional de Inmigración propone acabar con las regularizaciones generalizadas y sustituirlas por un sistema de puntos individualizado, pero sí reconoce la necesidad de trabajadores extranjeros en sectores concretos: su programa incluye un “programa específico de migración circular y contratación de trabajadores temporales [...] especialmente en sectores como el primario o la construcción”.

La diferencia entre ambos partidos es clara, pero no resuelve la pregunta de fondo. Si el objetivo es construir un millón de viviendas y el sector ya depende de que uno de cada cuatro trabajadores sea extranjero, cualquier política que restrinja la llegada o la permanencia de esa mano de obra choca directamente con la meta que ambos partidos dicen perseguir.