Ayuso exigirá a la Justicia medidas cautelarísimas para desalojar la “acampada ilegal” en la Puerta del Sol: “Nunca se debió permitir”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves que el Gobierno regional acudirá a los tribunales para solicitar medidas cautelarísimas que permitan desalojar la acampada instalada en la Puerta del Sol en protesta por la situación de la vivienda. La petición se formulará ante el Tribunal Contencioso-Administrativo y llega después de que la Delegación del Gobierno no haya atendido el requerimiento de la Comunidad para que se disuelva el asentamiento.

Ayuso ha realizado el anuncio durante el Pleno de la Asamblea de Madrid, donde ha responsabilizado al delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín, de la situación por su “inacción”. La presidenta madrileña ha defendido que se trata de una “acampada ilegal” que “nunca se debió permitir”. “Y si no les importa a sus señorías saltimbanquis con Macintosh, por favor, que desalojen por lo menos lo suficiente para que puedan pasar las ambulancias... ya no les digo los carritos de bebés y la vida ordinaria de tantos comerciantes que nos han tenido que escribir”, ha señalado Ayuso durante su intervención.

La decisión de la Comunidad se produce exactamente en los términos que había avanzado hace 48 horas el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín. El martes, el Ejecutivo autonómico remitió un requerimiento al delegado del Gobierno para que ordenase el desalojo de la acampada en un plazo máximo de 48 horas y advirtió de que, si no se producía, acudiría a la vía judicial.

La Comunidad acusa a la Delegación de no actuar

El Gobierno madrileño sostiene que la permanencia del campamento está provocando perjuicios a vecinos y comerciantes y reclama a la Delegación del Gobierno que intervenga. El martes, García Martín acusó al Ministerio del Interior y a la Delegación de no estar haciendo “absolutamente nada” y aseguró que la Comunidad estaba dispuesta a emprender acciones judiciales si no se procedía al desalojo.

El miércoles, cuando ya habían transcurrido 24 horas desde el requerimiento, el consejero volvió a exigir el desalojo “de manera inmediata” y recordó que quedaban otras 24 horas antes de que el Ejecutivo autonómico presentase un recurso contencioso-administrativo con petición de medidas cautelares.

La Delegación del Gobierno, por su parte, ha defendido el derecho fundamental de reunión y ha señalado que no se habían producido disturbios que justificasen una intervención policial para desalojar la concentración. Francisco Martín confirmó que había recibido el requerimiento de la Comunidad y reclamó al Ejecutivo autonómico que respetase el derecho de reunión.

El Ayuntamiento de Madrid también se ha pronunciado a favor del desalojo y el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, había advertido de que podría emprender acciones legales contra el delegado del Gobierno si no intervenía.

Una acampada que se mantiene mientras crece el pulso institucional

La protesta comenzó durante la noche del sábado, después de la movilización convocada en Madrid por el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años desahuciada de la casa en la que vivió durante más de 70 años. Los participantes reclaman medidas para hacer frente a la crisis de la vivienda y han mantenido su intención de continuar en Sol pese a las exigencias de la Comunidad de Madrid.

El asentamiento se ha ido ampliando durante los últimos días. Distintas estimaciones sitúan ya en cientos el número de tiendas instaladas en la plaza, mientras los organizadores mantienen la movilización y preparan nuevas acciones vinculadas a sus reivindicaciones sobre vivienda.

La protesta coincide además con la tramitación por parte del Gobierno central de un paquete de medidas relacionadas con la vivienda. El Consejo de Ministros aprobó el martes dos reales decretos-ley que deberán ser sometidos a convalidación en el Congreso, en un contexto marcado por las reivindicaciones de los colectivos que participan en la acampada.

Precisamente, los manifestantes habían anunciado su intención de mantener la acampada al menos hasta la jornada de este viernes, cuando está prevista en el Congreso la votación de los decretos de vivienda aprobados por el Ejecutivo.