Los caseros piden retirar los decretos de vivienda por falta de “rigor técnico” y se ofrecen ahora a colaborar con el Gobierno: “El escudo social no puede ser el propietario”

La Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL) ha pedido este miércoles retirar los dos decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros por falta de “rigor técnico” y se ha ofrecido a colaborar con el Gobierno en una nueva redacción. “El escudo social no puede ser el propietario”, ha alegado la patronal en un comunicado, en el que ha reclamado una reforma “coordinada con las comunidades autónomas” y con “amplios consensos” políticos y sociales.

Los reales decretos-ley amplían hasta 2030 la protección frente a los desahucios de familias vulnerables, prohíben la compra de vivienda por fondos buitre hasta 2028 y prorrogan dos años los contratos de alquiler que venzan antes de diciembre de ese mismo año. Ambos se someterán a votación por separado este viernes en un pleno extraordinario del Congreso de los Diputados.

ASVAL denuncia una “ruptura del ordenamiento jurídico español”

ASVAL, que agrupa a propietarios particulares y profesionales de vivienda en alquiler, ha sostenido que los decretos “suponen una ruptura del ordenamiento jurídico español y los principios constitucionales”. La patronal ha detallado que la norma vulnera la seguridad jurídica, el principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos, el derecho de propiedad y la libertad de empresa, y ha añadido que rompe también con el derecho europeo y con la regulación internacional de derechos fundamentales que protegen la propiedad privada.

La asociación ha calificado el texto de “norma redactada a la carrera, en el último minuto” y ha advertido de que su indeterminación “elevará la conflictividad” y obligará a jueces, notarios y abogados a resolver con “valoraciones subjetivas” los casos que se presenten. Según ASVAL, esa falta de rigor técnico se suma a decretos anteriores que, a su juicio, ya provocaron menos oferta, precios más altos y mayores dificultades de acceso para quienes no cuentan con un contrato en vigor.

Anticipa menos oferta y más dificultades de acceso

Con esa lectura, la patronal ha sostenido que las nuevas medidas “no amplían la oferta: la reducen, justo cuando más falta hace”. El comunicado ha citado la cifra de 750.000 hogares que, según la asociación, necesitan una vivienda en España y ha afirmado que verán “esfumadas” las posibilidades que hasta ahora tenían de encontrar una.

La patronal ha trasladado la responsabilidad al Estado: “Un fallo del Estado, que ha sido incapaz de dar un hogar a las familias más vulnerables que lo necesitan, no puede descansar sobre el pequeño propietario particular”, ha señalado.

Pide retirar los textos y se ofrece a colaborar con el Gobierno

ASVAL ha reclamado la retirada de ambos decretos y una reforma alternativa basada en tres condiciones: coordinación con las comunidades autónomas, que tienen la competencia en vivienda; un trabajo técnico que evalúe el efecto real de cada medida; y amplios consensos políticos y sociales que den estabilidad a la regulación del alquiler.

La asociación ha planteado además la construcción de un “verdadero parque de vivienda pública”, con una inversión equiparable a la de otros países europeos. “El alquiler asequible no se decreta, se produce”, ha resumido la patronal, que ha atribuido esa producción a tres factores: recursos públicos, seguridad jurídica y colaboración entre administraciones y propietarios. Sobre este último punto, ASVAL se ha ofrecido de forma expresa a colaborar con el Gobierno en el diseño de la nueva norma.

Los decretos también incluyen beneficios fiscales para los propietarios

Más allá de las nuevas obligaciones que denuncia ASVAL, los nuevos decretos contemplan también ventajas para los propietarios. El decreto que regula la renovación automática de los contratos recoge seis supuestos en los que el arrendador queda exento de indemnizar al inquilino si decide no renovar el alquiler: entre ellos, la necesidad de recuperar la vivienda para uso propio o de un familiar, que el inquilino disponga ya de otra vivienda en el mismo municipio o que rechace una oferta de renovación.

El decreto publicado hoy en el BOE introduce además reducciones de hasta el 100% en el rendimiento neto del alquiler declarado en el IRPF, según la rebaja de la renta pactada, la ubicación en zona tensionada o la edad del inquilino, con una reducción del 50% incluso si el propietario no baja el precio.

También exime de tributar la ganancia patrimonial cuando se vende una vivienda a una administración pública para uso social, y la prohibición de compra especulativa recae únicamente sobre fondos de inversión y grandes tenedores, sin afectar a las operaciones entre particulares.