La cuenta atrás impuesta por Isabel Díaz Ayuso a la acampada de la Puerta del Sol afronta sus últimas horas sin que exista el menor rastro de que la protesta vaya a disolverse. Todo lo contrario: la presencia de manifestantes en el ‘kilómetro cero’ de la capital no deja de crecer. En cuestión de horas vencerá el plazo de 48 horas concedido por la Comunidad de Madrid a la Delegación del Gobierno para que desmantele el campamento antes de acudir a los tribunales, abriendo incluso la vía penal contra el delegado Francisco Martín Aguirre.
Este miércoles, las personas acampadas afrontan su quinta noche de pernocta en la céntrica plaza. Han pasado ya cuatro días desde que miles de personas salieron a las calles de Madrid y de otras ciudades para protestar contra el desahucio de Maricarmen, la vecina cuya situación actuó como detonante ante la crisis de la vivienda. Pese a que este martes se anunció un acuerdo para que la afectada pueda permanecer en su casa, las organizaciones sociales han decidido no dar un paso atrás.
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El pasado martes, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García, señaló que “la impunidad, la ilegalidad y el desorden no pueden seguir campando a sus anchas en la Puerta del Sol” y acusó al Ministerio del Interior y a la Delegación de no hacer “absolutamente nada” ante la ocupación del espacio público. A esta ofensiva se sumó el Ayuntamiento de Madrid mediante un requerimiento formal amparado en supuestos riesgos de seguridad. Sin embargo, la Delegación del Gobierno confirmó la recepción del escrito y exigió al Ejecutivo regional “respeto al derecho fundamental de reunión”, al tiempo que le instó a asumir sus competencias en materia de vivienda.

Asimismo, el alcalde José Luis Martínez-Almeida ha elevado la tensión al denunciar “altercados violentos” y alertar de la presencia de cuchillos, adoquines y hornillos en la plaza, destacando la vandalización de la estatua del Oso y el Madroño con símbolos antifascistas y un pañuelo palestino. Ante estas acusaciones, desde el Sindicato de Inquilinas replican que “es normal que Almeida esté tan nervioso y tenga que inventarse bulos”, señalándole a él y a Ayuso como responsables de que la capital “esté vendida a los fondos buitre”.
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La movilización no ha echado el freno ni tras la aprobación en el Consejo de Ministros de este martes de dos decretos ley para regular alquileres de temporada, congelar desahucios hasta 2030 y limitar compras de fondos buitre. Lejos de conformarse, los colectivos mantendrán la acampada en Sol para ejercer presión ante los grupos parlamentarios antes de que este viernes el Congreso someta las normas a votación para su convalidación, con el riesgo de que sean tumbadas o recortadas en su “letra pequeña”.
Por su parte, la portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Alicia del Río, ha comparecido ante los medios de comunicación este miércoles a última hora de la tarde, donde ha urgido a los grupos parlamentarios a convalidar este viernes el paquete legislativo para garantizar “la estabilidad de las familias” y asegurar “que no haya ni una Maricarmen más”, defendiendo la necesidad de incluir la renovación automática e indefinida de los contratos de alquiler que propone uno de los decretos ley.
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Al ser cuestionada sobre la permanencia de los manifestantes en la plaza, la portavoz ha dejado claro que “no hay ninguna fecha sobre la mesa” para levantar el campamento y ha lanzado una advertencia directa a las fuerzas políticas de cara al debate del viernes: “Solo hay dos opciones: votar a favor de la vida o votar a favor de la especulación”. En esta misma línea, ha recalcado la firmeza del movimiento: “Esto es un clamor que no va a parar hasta conquistar el derecho a la vivienda”.
Asimismo, entre los “siguientes pasos” anunciados, las organizaciones han convocado para este jueves 1 de octubre, a las 20:00 horas, caceroladas frente a los ayuntamientos de todo el país para exigir al Congreso la convalidación de las medidas. Además, la mirada está puesta ya en las manifestaciones convocadas para este fin de semana en más de 20 ciudades —entre ellas Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla— para sentar las bases de una huelga general por la vivienda.
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Una ciudad autogestionada entre vallas y acusaciones
Lejos de achantarse, la resistencia en el centro de la capital sigue multiplicándose hasta rozar ya las 1.250 tiendas de campaña sobre el pavimento. Con el paso de las horas, el asentamiento se ha estructurado como una auténtica ciudad autogestionada a escala reducida que cuenta incluso con su propio “callejero” —en el que ya lucen placas como la calle Maricarmen, Gloria Fuertes o la Plaza de las Precarias— y una logística minuciosamente organizada para garantizar la convivencia, la limpieza y la seguridad.
La acampada dispone de zonas de alimentación y cuidados con comida caliente, apoyada por comercios de la zona que facilitan aseos y carga de móviles. Una red de apoyo vecinal que busca sostener el pulso en la plaza mientras el movimiento enfila sus siguientes pasos: las caceroladas convocadas para este jueves y las manifestaciones del fin de semana para blindar el derecho a la vivienda y garantizar que “no vuelva a haber ni una Maricarmen más”.
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