Un nuevo informe señala a Marruecos por espiar con Pegasus o cámaras ocultas y por campañas de difamación: “Hay leyes que nadie respeta”

Crece la presión internacional sobre Marruecos por los casos de espionaje. Esta vez es el turno de Amnistía Internacional. El organismo ha denunciado que las autoridades marroquíes emplean un sistema de vigilancia digital y física para seguir, desacreditar y perseguir a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. Según el informe Empezamos por la sentencia. Dentro de la maquinaria de vigilancia de Marruecos, la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST) habría utilizado programas espía, escuchas, grabaciones clandestinas, seguimiento de ubicaciones y redes de informantes.

La organización sostiene que estas prácticas no se limitan a obtener información. Los datos privados recogidos habrían alimentado campañas de desprestigio en medios afines al Estado y redes sociales. El objetivo, según el documento, sería intimidar a las personas críticas y reducir el espacio para la disidencia. Para poner nombre y una fuente fiable a este sistema de presión, han recogido el testimonio de Safir, presentado como exmiembro de la DGST. “Hay leyes escritas, pero no se aplican. Hay leyes que nadie respeta. No les importan las autorizaciones ni las órdenes judiciales”, afirma. “A veces incluso se pueden redactar los documentos a posteriori, hacer las cosas al revés. Hay impunidad total. Empezamos por la sentencia”, reconoce.

Pegasus, teléfonos infectados y control

El informe sitúa el uso del programa espía Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, entre las piezas más relevantes del sistema denunciado. En España es un viejo conocido. El Gobierno reconoció que los teléfonos de Pedro Sánchez, presidente, y los ministros de Defensa e Interior, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, fueron infectados. Además, fue un día después de un viaje a Ceuta, frontera de Marruecos. Sin embargo, nunca han señalado directamente al país vecino. Tampoco ha logrado un recorrido judicial por, según el juez Calama, “falta de colaboración de Israel”.

Amnistía asegura haber documentado el uso de esta herramienta por parte de autoridades marroquíes entre 2017 y 2021, “y posiblemente más tarde”, pese a los desmentidos oficiales. Uno de los casos destacados es el del historiador y defensor de derechos humanos Maâti Monjib. Según el informe, agentes de inteligencia lo describieron como “una prueba” o “un conejillo de indias” al seleccionarlo como uno de los primeros objetivos de Pegasus en 2017. Para el activista, la vigilancia buscaba un efecto que fuera más allá de su caso. “Golpea a los grandes y los pequeños tendrán miedo”, afirma, parafraseando un proverbio marroquí. Monjib fue indultado en 2024, pero Amnistía asegura que las campañas contra él continuaron en internet.

La organización indica que Pegasus puede acceder a llamadas, mensajes, contactos, ubicación, cámara y micrófono de los dispositivos infectados. También diferencia entre los ataques de “un clic”, mediante enlaces maliciosos; de “cero clics”, sin intervención de la víctima; e infecciones a través de redes de telecomunicaciones. Amnistía incluye entre sus equipos de espionaje otros medios como los captadores IMSI (dispositivos espía que simulan ser una antena de telefonía móvil), localizadores GPS, herramientas de extracción de datos y cámaras ocultas. También recuerdan que siguen vigentes los métodos tradicionales, como el seguimiento en las calles.

Campañas de difamación y acoso judicial

La segunda parte de la estrategia denunciada es la difusión de información íntima para dañar la imagen de activistas y periodistas. Amnistía afirma que, en varios casos, datos obtenidos mediante vigilancia aparecieron después en Chouf TV, Barlamane y Le360, citados como medios políticamente próximos a las autoridades. La organización aclara que no pudo verificar de forma independiente el origen de todos los materiales publicados. Considera, no obstante, que la naturaleza de algunas imágenes, vídeos y comunicaciones privadas plantea “graves motivos de preocupación” sobre posibles filtraciones desde los aparatos estatales.

Las mujeres, en especial defensoras de derechos humanos o familiares de figuras críticas, habrían sido objeto de campañas de contenido sexual. El informe une estas campañas a procesos penales, detenciones y condenas que, según Amnistía, se produjeron sin las debidas garantías. Activistas saharauis y participantes del movimiento Hirak El Rif figuran entre los colectivos más afectados. Amnistía pidió explicaciones a las autoridades marroquíes un mes antes de publicar el informe, pero asegura que no recibió respuesta. La organización reclama la liberación de quienes estén encarcelados por ejercer sus derechos, la suspensión de la vigilancia contra la sociedad civil y una investigación independiente sobre la DGST.