El desahucio de Maricarmen desata una batalla política en España y las reacciones llegan hasta Naciones Unidas: “Es un daño irreparable”

La imagen de Maricarmen abandonando la que ha sido su casa los últimos 71 años, además de marcar la actualidad política de esta semana, ha traspasado las fronteras españolas. No hay partido que no haya comentado lo sucedido barriendo para su parcela o criticando al adversario. Pero ha habido reacciones más allá del Congreso. Naciones Unidas ha cuestionado el desahucio, al igual que organizaciones como Amnistía Internacional. Tampoco ha faltado presencia en la prensa internacional, con titulares como el de la BBC: “El desalojo de una mujer de 87 años resalta la escasez de vivienda en España”.

A nivel político, lo especialmente relevante es si tendrá alguna consecuencia directa. Una semana antes del desalojo, Sumar llevó al hemiciclo una propuesta de ley contra los fondos buitre que no salió adelante con el rechazo de PP, Vox y Junts, junto a la abstención del PSOE. Pedro Sánchez aseguró que no descartaba aprobar de forma “urgente” un nuevo Real Decreto-ley de vivienda con medidas antidesahucio tras el caso de Maricarmen. Sin embargo, tendrá que encontrar la salida a través de otro apoyo en el Congreso, para lo que mira hacia una negociación con Junts.

Algunas figuras políticas, como Irene Montero, Gabriel Rufián o Enrique Santiago, estuvieron en las protestas a las puertas del edificio. En la pelea por responsabilizar al otro, la oposición, también socios del Gobierno en Sumar o ERC, recuerdan al PSOE la votación de unos días atrás. Ernest Urtasun, ministro de Cultura, llamó a “desempolvar” el proyecto de ley cancelado, mientras que Mónica García, ministra de Sanidad, dijo que tendría que impulsarse en el próximo Consejo de Ministros “sí o sí”. Desde el lado del Ejecutivo, no dudan en apuntar a la Comunidad de Madrid, pues es, en definitiva, tiene la competencia. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, acusó a la Comunidad de trabajar “en la dirección contraria” y reprochó a Isabel Díaz Ayuso que “se fue de nuevo a ponerle la alfombra roja a estos especuladores”. El PP lamenta el desahucio y culpa a la falta de legislación del Gobierno.

Reacción internacional llega hasta la ONU

La repercusión inicial en España llevó el caso de Maricarmen a todos los medios internacionales. La BBC transmitió su salida en camilla y lo catalogó como ejemplo de la “escasez” y el problema de vivienda. Reuters definió el episodio como un “punto crítico” de la emergencia inmobiliaria. Deutsche Welle difundió el enfado social que ha provocado bajo el título “El desahucio de una anciana en Madrid suscita una oleada de indignación”, al igual que la CNN en Español, que destacó la movilización ciudadana que generó.

No solo los medios se han hecho eco. Si hay una reacción que puede tener un efecto directo es la de Naciones Unidas. Por un lado, el relator especial de la ONU en España, Koldo Casla, dio su crítica postura en la red Bluesky y señaló posibles errores judiciales. “No hay manera de entender de qué forma puede ser justificado primar la rentabilidad de una inversión inmobiliaria sobre el derecho a la vivienda”, afirmó, y añadió que con menos razón cuando es una persona de 87 años con una pensión inferior a la cantidad que piden.

“Todo desahucio que pueda dejar a alguien en la calle debe ser paralizado”, dijo después el relator de la ONU. También criticó que un gran tenedor pueda modificar de forma unilateral las condiciones del alquiler y recordó que el Comité DESC (Derechos Económicos, Sociales y Culturales) de la ONU decretó medidas cautelares para suspender el desahucio temporalmente. “La jueza debería haberlo hecho para evitar un daño irreparable y para permitir que España cumpla con sus obligaciones internacionales de derechos humanos”, concluyó.

Las organizaciones sociales también han jugado su papel. Destaca Amnistía Internacional, que siempre logra un considerable impacto y está detrás de grandes campañas. Calificó el desahucio de Maricarmen como el resultado de un sistema que, según denuncia, antepone “los intereses especulativos de un fondo buitre” al derecho a la vivienda. La organización afirmó que la expulsión de la mujer vulneró las medidas cautelares dictadas por Naciones Unidas. Responsabilizó al PP, Vox y Junts por rechazar en enero un decreto antidesahucios, y al Gobierno por demorar la norma. También señaló a la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid por no frenarlo.