No a la expropiación del piso de Maricarmen, sí a negociar con Junts prohibir desahucios de fondos buitre e incentivos a caseros: cómo busca el Gobierno cerrar el decreto de Vivienda

El Gobierno ha activado las conversaciones con “todos los grupos parlamentarios que desean llegar a un acuerdo” para aprobar un real decreto ley con medidas “potentes” que faciliten el acceso a una vivienda asequible y eviten desahucios “tan traumáticos” como el de Maricarmen. Sin embargo, ha tenido que producirse este desahucio para acelerar los tiempos en el PSOE y que empujen para desbloquear un decreto -el de vivienda- que lleva desde julio empantanado por la falta de apoyos. Este texto, que el Gobierno presentó en julio, obligaba, entre otras medidas, a suspender desahucios de personas vulnerables, pero la propuesta no salió adelante: Junts y Podemos plantearon objeciones por motivos distintos y a ello se sumó la crisis de Ceuta, que llevó al Ejecutivo a posponer la aprobación, prevista inicialmente para este mes de septiembre. Los colectivos sociales creen que, de haber entrado en vigor esa norma, el desahucio de Maricarmen no se habría ejecutado.

Ahora la prioridad, ha asegurado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, es llevar al Consejo de Ministros un real decreto ley con un “paquete de medidas potente y completo”. En el Gobierno tienen la tarea y el reto de poner de acuerdo a Junts, Sumar y Podemos, y hay algunas medidas que ya han descartado: por ejemplo, no se quiere expropiar el piso de Maricarmen, tal y como propone Sumar, pero sí han sacado del cajón las propuestas que Junts le entregó a Pedro Sánchez el pasado 3 de septiembre.

Junts propone desgravaciones a los alquileres, las adquisiciones de vivienda o las cuentas de ahorro, la suspensión de desahucios si los pisos son propiedad de fondos buitre (de inversión) o la prohibición de que los fondos compren más inmuebles.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha llamado a buscar el “mínimo común denominador” entre los diferentes partidos del Congreso para aprobar “lo antes posible” un decreto que ponga remedio a la “grave crisis” que se está viviendo.

“Respecto a la suspensión de desahucios, nosotros siempre hemos dicho que hay una parte que es innegociable y es que la [suspensión] la asuma la administración, que para eso tiene el poder y para eso tiene los impuestos. Por tanto, nosotros vinculamos la suspensión de los desahucios siempre a que la propiedad sea de estos fondos buitre, a los que yo creo que toca que empecemos a plantar cara”, decía Nogueras en otra entrevista en la SER.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ya comentó este jueves que se trabaja para aprobarlo este próximo martes, y Bolaños ha afirmado que en el Gobierno hablan “no solo con Junts” para cerrar un acuerdo: “Creo que tenemos que volver a los clásicos, conversaciones privadas, acuerdos públicos”.

“Decreto Maricarmen”

Sobre la propuesta de Sumar de expropiar el piso de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada este miércoles de una vivienda en el distrito madrileño de Retiro, el titular de Justicia ha admitido no ser “partidario de fórmulas de ‘exprópiese’ que no lleven a ninguna parte y que no tienen encaje claro en la Constitución Española”.

Bolaños también ha reprochado a PP y Vox no haber aplicado la ley de vivienda en las comunidades autónomas donde gobiernan, formaciones a las que ha acusado de estar “al servicio de los especuladores” y “no de los ciudadanos que necesitan vivienda”.

Todo esto, sin embargo, tiene que convencer también a Podemos, algo que esta tarde del viernes no estaba confirmado. DE hecho, Podemos sigue considerando en este momento “un parche” el decreto y no asegura su apoyo al paquete de medidas. Irene Montero, en una entrevista de Catalunya Ràdio, ha pedido al PSOE que no ponga condiciones con “70 líneas” de excepciones a la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional. “Deseo de verdad que sea un real decreto serio, que tome conciencia de la gravedad que la gente está viviendo”, ha indicado Montero.

Por su parte, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha exigido al Gobierno que incluya en el decreto de vivienda la obligación para los arrendadores de acreditar una causa justificada para no renovar el contrato y, si no lo hace, que tengan que indemnizar al arrendatario.

La portavoz de la Confederación Carme Alcarazo, ha explicado, en rueda de prensa, que ha trasladado este viernes al Ministerio de Vivienda su propuesta de “decreto Maricarmen”, con esta y otras cuatro medidas “estructurales” a la “altura del momento político”.

Ha señalado que se trata de medidas estructurales contra los desahucios, de reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para regular el alquiler de temporada y de habitaciones, de aprobar prórrogas “efectivas” de los contratos de alquiler vigentes y de congelar las rentas al 0 % en las actualizaciones anuales.