El día que un bombero se negó a ejecutar un desahucio en A Coruña: no existe una obligación legal que le fuerce, pero a la Policía sí

Este miércoles, antidisturbios tiraron abajo la puerta de Maricarmen mientras ella esperaba en su salón, sentada en su silla de ruedas. Con gas pimienta y a porrazo limpio (la Delegación del Gobierno en Madrid va a investigar la actuación de algunos agentes), la policía despejó la calle y el portal de la mujer de 87 años de los jóvenes que trataban de impedir la ejecución de la orden judicial, y finalmente lograron acceder al domicilio en el que Maricarmen ha vivido los últimos 71 años de su vida.

Ocho años ha durado el proceso, desde 2018. Urbagestión compró el piso y subió la cuota del alquiler en un 275% de los 440 euros que Maricarmen había pagado durante años. Han rechazado, según la abogada de Maricarmen, todo punto de negociación. También que terceras personas, como el pianista James Rhodes, pagasen el alquiler o comprasen el piso.

“Te apoyamos y estamos contigo, ¿vale?“, se escuchaba decir al primer agente que entró por la puerta cuyo cerrojo acababa de reventar. Él quiso explicar que seguía órdenes y que venía ”a cumplir un mandamiento judicial". “Tenemos que hacer nuestro trabajo”, se justificaba. Maricarmen salió en camilla de su edificio y está ingresada desde entonces.

Parar un desahucio al dejar de seguir órdenes

En 2013, en A Coruña iba a ser desahuciada Aurelia Rey, una mujer octogenaria. A la escena fueron llamados los bomberos para cortar la cadena que impedía acceder al portal de la mujer. Roberto Rivas, bombero que formaba parte del operativo, se negó tajantemente a actuar y, con esa decisión, pudo obstaculizar un desalojo que finalmente no se produjo.

Según informó en su día Público, la negativa le costó una sanción. La Subdelegación del Gobierno multó a Rivas al considerar, según recogía el atestado policial, que había “provocado reacciones en el público que alteren o puedan alterar la seguridad ciudadana” durante la operación. El bombero impugnó la decisión y logró que se abriera una vista para practicar pruebas, en la que testificaron el comisario jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana y el agente que había redactado el atestado. A esa sesión también acudieron varios periodistas que habían cubierto el desahucio y que coincidieron en un punto, “nadie se abalanzó sobre la Policía ni hubo altercados” en el momento en que Rivas se plantó y sostuvo un cartel con el lema de STOP Desahucios.

El relato del policía al frente del operativo se apartó de esa versión. Según explicó, el bombero se limitó a decir “esto no lo hago”, y fue entonces cuando, a su juicio, “la gente se empezó a alterar”. El agente sostuvo además que los presentes “empezaron a animar al Cuerpo de Bomberos y a insultar a la Policía”, y que en ese momento se rompió el cordón policial; tras la retirada de los efectivos, insistió, “la gente se empezó a alterar”.

Entre los testigos también figuró un cabo, compañero de Rivas, que calificó su actuación de “correcta” y puso el foco en otra cuestión, la ausencia de mandos en el lugar. “Lo que no entiendo es cómo fueron dos bomberos nada más y no fue ningún mando, que había en el parque y son los que toman las decisiones”, declaró.

“Una cosa es la legalidad y otra la legitimidad”

Rivas no dejó pasar la ocasión de cuestionar el atestado que había motivado su sanción. “Se está mintiendo”, dijo, y fue más allá al pedir consecuencias para quienes lo firmaron ”por mentir”, además de reclamar que “dimita ya la gente que está haciendo esta represión”. El objetivo de su recurso era claro, anular por completo la multa de 600 euros que finalmente tuvo que pagar, después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de A Coruña desestimara su recurso en noviembre de 2014.

Sobre el sentido de aquel gesto en el portal de Aurelia Rey, Rivas fue explícito, buscaba “visualizar que los bomberos no deberíamos realizar este tipo de servicios”, en alusión a la participación del cuerpo en desahucios. A las puertas del juzgado, más de un centenar de personas se congregaron para respaldarlo, entre ellas compañeros del Cuerpo de Bomberos de A Coruña y miembros de la plataforma STOP Desahucios.

El propio Rivas recordó que el Ayuntamiento de A Coruña, del que depende como funcionario, nunca le abrió expediente alguno por lo ocurrido aquel día, pese a que después llegó la multa de la Subdelegación del Gobierno. Calificó de “ridículo” que se le sancionara por alteración del orden público y agradeció el apoyo recibido tanto de vecinos como de compañeros de profesión.

Sus críticas no se quedaron ahí. El bombero denunció lo que llamó “el terrorismo instaurado por los gobiernos” a través de “algunas leyes”, y resumió su postura con una distinción que repitió como argumento central de su defensa, “una cosa es la legalidad y otra la legitimidad”.

La objeción de conciencia en Policía y bomberos

Un policía no puede ser objetor de conciencia. La Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, establece en su artículo once que los agentes deben “velar por el cumplimiento de las leyes y disposiciones generales, ejecutando las órdenes que reciban de las autoridades”. Solo pueden negarse a obedecer si la orden constituye un acto “manifiestamente ilegal”.

El Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, extiende esa obligación a toda la función pública. Su artículo 54 exige “obedecer las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores”, salvo infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso el empleado debe comunicarlo a sus superiores, no desobedecer por iniciativa propia.

La Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, incluye además el “desalojo de locales o establecimientos” entre las medidas que las autoridades pueden ordenar en situaciones de “emergencia imprescindible” para garantizar la seguridad ciudadana.

Esto supone que un policía que se niegue a cumplir una orden legítima quede sujeto al régimen disciplinario establecido en la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La norma tipifica la desobediencia a las instrucciones de un superior como falta muy grave. Las sanciones contempladas, sin embargo, son la separación del servicio o la suspensión de funciones durante un periodo de entre tres meses y un día y un máximo de seis años; y no suponen una responsabilidad penal.

Los bomberos, en cambio, no están sujetos a una ley orgánica equivalente. Su marco de actuación depende de normativas autonómicas de emergencias y protección civil, lo que explica que su obligación de colaborar en operativos como los desahucios varíe según el territorio y no responda a un mandato legal tan directo como el que rige a los cuerpos policiales.

Más de una década después, el caso de Rivas sigue funcionando como referencia cada vez que un cuerpo de bomberos se plantea negarse a intervenir en un desahucio. Su gesto no cambió la legislación ni introdujo una figura jurídica nueva, pero sí instaló una interpretación, la de que la ausencia de una norma que obligue explícitamente a los bomberos a participar en desalojos equivale a un margen legítimo para negarse. Esa misma lectura es la que sostiene hoy la Plataforma de Bomberos contra los Desahucios, surgida años después del caso de A Coruña, lo que confirma que el episodio de Rivas trascendió su contexto original y se convirtió en el punto de partida de una reivindicación colectiva dentro del propio cuerpo.