El plan de Gobierno y PP para ocultar cuánto paga España por sus medicamentos y por qué Sanidad culpa a Estados Unidos

La Comisión de Sanidad del Congreso votará este jueves una proposición de ley sobre cribado neonatal. El resultado, sin embargo, podría ocultar el precio real de los medicamentos en España para siempre. Pese a que la norma verse sobre el conjunto de pruebas que hace la sanidad pública para detectar de forma precoz enfermedades en recién nacidos, una enmienda incluida en la ley hará que los contratos de suministros con las farmacéuticas sean confidenciales.

Así lo ha denunciado la plataforma ciudadana Civio, que lucha desde hace años por que el precio real de los medicamentos sea público. En España, farmacéuticas y gobierno acuerdan un precio máximo oficial por el que el sistema público puede adquirir diferentes medicamentos. A la hora de comprarlos, sin embargo, los hospitales se benefician de descuentos que se negocian con las empresas en secreto. Este sería el coste real de los fármacos en España, pero es un valor que nunca se publica.

Civio ha llevado esta opacidad a la justicia y, actualmente, el Tribunal Supremo debe decidir si esa información sobre cómo se gasta el dinero público debe conocerse o mantenerse confidencial. Así que el Gobierno intenta adelantarse a los tiempos judiciales por la vía legal. No es la primera vez que se intenta esta estrategia en el Congreso. El pasado mes de marzo, los grupos parlamentarios de PSOE y Sumar introdujeron una enmienda a la ley de discapacidad con la que pretendían blindar estos datos. Ahora, vuelven a traer el debate de la mano del Partido Popular, que ha introducido una enmienda transaccional que modificará la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.

De aprobarse, esta modificación ni siquiera pasará por el pleno del Congreso: la reforma del cribado neonatal se está tramitando por vía de urgencia y se mandará directamente al Senado, donde el PP tiene mayoría. Si la formación política da el sí en la Comisión de Sanidad, todo apunta a que mantendrá la misma postura en la Cámara Alta.

Una reforma legal “por la puerta de atrás”

Civio denuncia que la fórmula elegida en esta ocasión es “aún más opaca” que en anteriores ocasiones. En lugar de una enmienda común, se ha optado por una enmienda transaccional, un mecanismo que se negocia a puerta cerrada y solo se conoce cuando aparece en el informe de la ponencia, justo antes de votarse.

Este mecanismo debería servir para acercar enmiendas que ya existen, pero en este caso se ha usado para introducir un planteamiento completamente nuevo dentro de una ley que nada tiene que ver con el sistema farmacéutico. La enmienda original del PP hablaba sobre la participación de asociaciones de pacientes en la revisión de los programas de cribado, pero ahora versa sobre los precios de los medicamentos en España. El texto está firmado por tres diputados: Elvira Velasco, del Grupo Parlamentario Popular; Rafael Cofiño, del Grupo Plurinacional Sumar; y Carmen Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista.

La reforma reproduce palabra por palabra la presentada en marzo para la ley de discapacidad, fijando que “los acuerdos de financiación que se alcancen” con las compañías farmacéuticas “tendrán carácter confidencial y no podrán ser revelados ni por la Administración General del Estado ni por las empresas u otras entidades que sean parte en dichos acuerdos”. Esto es, según Civio, una “cláusula escoba” que vuelve secreto todo lo que pueda conectarse con la financiación. “Ya no se protege lo que aportan las empresas, sino el resultado de la decisión pública: lo que paga el Estado”, denuncian.

Estrategia comercial y presiones de la industria

Pero ¿por qué debe ser secreto el precio real de los medicamentos? Según la patronal española del sector, Farmaindustria, esta información perjudicaría a los propios países que compran los medicamentos. “La confidencialidad de los precios netos y condiciones de financiación de los medicamentos financiados por el SNS es un elemento estratégico para preservar la capacidad negociadora del Estado, garantizar la sostenibilidad presupuestaria y asegurar el acceso equitativo a la innovación terapéutica”, recalcaron a preguntas de este medio.

Farmaindustria se apoya en un estudio financiado por uno de los gigantes del sector, Merck Sharp and Dohme (MSD), que concluyó que revelar este coste podría aumentar hasta un 50% el gasto farmacéutico en países como España, Grecia o Portugal. Otros informes, sin embargo, alegan que este secretismo estaría provocando diferencias de hasta el 183% entre lo que pagan unos países europeos y otros.

Desde el Ministerio de Sanidad, el secretario de Estado Javier Padilla considera que la confidencialidad es necesaria actualmente por las presiones que vienen desde Estados Unidos. A finales de 2025, el presidente Donald Trump decidió aplicar la cláusula de la Nación Más Favorecida (MFN, por sus siglas en inglés), según la cual pagaría por los medicamentos lo mismo que el país del G7 que menos se gaste en ellos.

“Parece que la implantación de la cláusula MFN está suponiendo ya en la actualidad pequeños retrasos y reticencias en la entrada en el mercado europeo; es decir, la publicación del precio neto podría suponer una barrera al acceso a los medicamentos innovadores en España”, explicó Padilla en su canal de Substack. Este bache llega justo en el momento en el que se está mejorando el acceso a medicamentos innovadores, una de las grandes problemáticas del sistema farmacéutico español. Los últimos datos de Sanidad apuntan a que el tiempo de espera para acceder a estos fármacos novedosos se ha reducido 70 días en los últimos tres años.

Para Civio, sin embargo, este argumentario responde más a “una amenaza de la industria farmacéutica” que a una realidad. “Siempre dicen que la confidencialidad hace que los países que tienen menos capacidad adquisitiva puedan recibir menores condiciones. Lo que sabemos es que esto no está pasando: países con mucha menos capacidad adquisitiva están pagando más dinero”, advierte Javier de Vega, responsable de comunicación de Civio. El portavoz apunta, además, que “las empresas farmacéuticas ya toman la decisión de retrasar lanzamientos de medicamentos o no comercializarlos en un país”, sin que la confidencialidad de los precios influya.

La plataforma ciudadana lamenta el nuevo intento desde el Gobierno “para que un tribunal no pueda obligar a hacer públicos esos precios”. El debate judicial continúa en el Supremo, pero desde Civio saben que, si la reforma de este jueves se aprueba, “el precio real de cada medicamento que pagamos entre todos podría quedar sellado por ley”.