
El curso escolar ha comenzado, pero los estudiantes de la provincia de Jaén no saben si podrán acudir a las clases. Al menos 1.600 alumnos se han quedado sin ruta de transporte escolar, su único método para llegar al colegio o al instituto, después de que las licitaciones quedasen vacías para el curso 2026-2027.
En total, han sido 56 rutas las suspendidas, que afectan a 32 municipios, principalmente ubicados en la comarca de la Sierra del Segura. “Llevamos arrastrando esta situación desde el año pasado y advertimos de que iba a empeorar”, asegura a Infobae Belén Navarro, presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de Jaén, la FAMPA Los Olivos. “Las familias nos vemos engañadas y estafadas otra vez por la Junta, que solo mira la rentabilidad en la educación y un derecho como la educación nunca va a ser rentable”, critica.
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El problema está en las condiciones de la licitación, dice. La patronal Unibús ha asegurado que estos contratos abocan “a trabajar a pérdidas”. “Es un servicio esencial que debe prestarse”, valoró su presidente, Raúl Gil, pero los contratos que se ofrecen lo hacen inviable.
O los niños pierden clase o los padres faltan al trabajo

En Huesa, donde viven Angelines y su hijo, la mayoría pertenecen a familias emigrantes, que dos veces al año salen hacia Francia para trabajar en la cosecha. “Los niños se quedan con los abuelos y ellos no disponen de carné para desplazar a los nietos”, lamenta. Entre todos, decidieron contratar un servicio de minibús para el primer día de clase, pero la empresa necesita de permisos especiales para hacer este tipo de ruta y no ha podido continuar.
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Angelines cuenta con los medios para llevar a su hijo al instituto, pero ha decidido no hacerlo “para causar presión”. “Nos vamos a manifestar en el instituto, vamos a ir con pancartas, con televisión... lo que haga falta”, reivindica.
Miriam, en Cazorla, ha optado por otra solución: se ha reducido la jornada para poder llevar a sus dos hijos mayores al instituto. “Los dejo en el instituto y, en vez de entrar a las 8 a trabajar, entro a las 9. Luego salgo a las 14:30 y me voy a recoger a los pequeños, pero tengo que parar a recoger a los otros dos y luego volver e irme hasta El Molar. Es un jaleo”, narra la madre.
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Para otros, ha supuesto directamente quedarse sin trabajo. Es el caso de Juan, que se dedicaba a acompañar a los niños más pequeños en estas rutas como monitor. “Si son 56 rutas las que se han quedado sin licitación, pues 56 monitores como mínimo se han quedado sin trabajo, porque en algunas hay hasta dos monitores”, explica.
Este empleo le proporcionaba a Juan unos 300 euros mensuales con los que complementaba su economía y que, de momento, no recuperará. “No nos han despedido porque somos fijos discontinuos. Simplemente estamos en el limbo, esperando a que haya transporte escolar”, explica. Mientras tanto, ni cobran ni cotizan, “y tampoco nos van a compensar estos días perdidos”. A él no le preocupa tanto, pues es tan solo un complemento a su trabajo habitual, “pero hay monitores que se quedan sin nada”, lamenta.
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Unas becas que no solucionan el problema
En 2025, la solución que dio la Junta “fue poner un taxi que hacía varios viajes y llevaba a los alumnos al instituto”, explica Navarro desde la FAMPA. En esta ocasión, el Gobierno regional ha optado por ofrecer unas becas extraordinarias que ayuden a suplir el servicio. Las subvenciones serán de entre 1.875 y 5.750 euros por alumno y curso en función de la distancia hasta el centro educativo, lo que supondrá una inversión de 4,5 millones de euros.

Desde la patronal, critican que este desembolso supone “el doble o el triple de lo que nosotros podemos reivindicar que valen los costes de los servicios”, mientras las familias critican que no conseguirá suplir la pérdida del transporte escolar. “Aunque pongas una beca, ¿cómo van a ir esos niños cuyos padres trabajan o que no tienen vehículo propio?”, se pregunta Navarro, que duda que esa cantidad pueda cubrir un taxi diario durante un curso escolar entero.
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La presidenta de la FAMPA censura que la Junta de Andalucía piense más “en la rentabilidad de la educación, que es imposible”, que en el alumnado de la escuela rural. “No han pensado en los menores, se han olvidado de que la gente trabaja, de que hay una conciliación y de que no todo el mundo dispone de un vehículo propio ni de la facilidad de acercarlos al instituto. Es una situación bastante desagradable para las familias”, sentencia.
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