La jueza María Tardón ha citado a declarar como testigos al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y al que fuera jefe de gabinete del delegado del Gobierno en la ciudad autónoma durante los días previos y los hechos investigados. También tendrá que comparecer el jefe de la Policía Local que estaba al frente del cuerpo cuando se produjo la entrada masiva de migrantes los días 30 y 31 de julio. Vivas declarará el 30 de septiembre a las 10.00 horas, mientras que el jefe de la Policía Local y el antiguo jefe de gabinete lo harán el 1 de octubre, a las 10.00 y a las 12.00 horas, respectivamente.
La magistrada considera prioritarios estos tres testimonios para reconstruir qué información se manejaba antes de los acontecimientos, cuáles eran las previsiones existentes, cómo evolucionó la situación y qué circunstancias acabaron determinando el “colapso operativo” descrito en las actuaciones. Es decir, la jueza quiere escuchar directamente a quienes estaban en puestos clave en Ceuta en los días previos y durante la entrada para completar la fotografía de lo ocurrido.
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La jueza quiere saber qué información llegó a las autoridades
Uno de los principales objetivos del auto es reconstruir el flujo de información que existió antes de la entrada masiva. Para ello, la magistrada reclama a distintas unidades de la Policía Nacional y la Guardia Civil, al delegado del Gobierno en Ceuta y al Ministerio del Interior todas las alertas, informes, comunicados, órdenes de servicio, correos electrónicos y documentación operativa relacionada con el riesgo de una entrada masiva que se hubiera emitido entre el 20 de julio y el 7 de agosto.
No se trata únicamente de reunir los documentos. La jueza quiere que se identifique quién recibió cada alerta, cuándo la recibió y qué medidas se adoptaron en respuesta. La misma información deberá facilitarse respecto de los análisis de riesgos que hubieran elaborado diferentes unidades policiales.
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La investigación se extiende también a las comunicaciones internas de la Policía Nacional y la Guardia Civil y a las imágenes de los sistemas de videovigilancia de la frontera. La magistrada reclama que se incorporen las grabaciones correspondientes a la zona fronteriza de Ceuta y al territorio limítrofe con Marruecos, con especial atención al perímetro próximo a El Tarajal.
El Estado Mayor de la Defensa deberá aportar, por su parte, las imágenes satelitales disponibles entre el 20 de julio y el 7 de agosto de la playa de Castillejos, en Marruecos, y de la playa de El Trampolín, en Ceuta. La petición alcanza también a las imágenes que pudieran haber obtenido los medios operativos aéreos, marítimos y terrestres de Defensa y a las grabaciones de sus sistemas de vigilancia.
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La jueza ha llegado incluso a requerir información a la empresa tecnológica HI IBERIA sobre las solicitudes que hubiera recibido para obtener imágenes satelitales de la zona fronteriza entre Ceuta y Castillejos mediante su herramienta SEDA. Si existieron esas peticiones, la compañía deberá identificar quién solicitó los servicios.
Todo ese material deberá servir después para elaborar un único informe pericial audiovisual. La finalidad será reconstruir cronológicamente lo ocurrido, identificar a los participantes y determinar los movimientos e itinerarios seguidos durante la ejecución de los hechos.
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