Ayuso recurre ante el Supremo el decreto que prorroga el reparto “forzoso” de menores migrantes no acompañados

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a presentar un recurso contra el real decreto 556/2026, dictado en junio, que prorroga los traslados de migrantes menores no acompañados para ser acogidos entre las distintas comunidades autónomas. La Abogacía General lo presentó el pasado 1 de septiembre, por encargo de la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de Madrid, Ana Dávila, y ya ha sido admitido a trámite, según ha informado el portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín.

La norma cuestionada establece el número de menores extranjeros que cada comunidad y ciudad autónoma puede asumir dentro de su sistema de protección, manteniendo así el mecanismo de distribución obligatoria que comenzó en 2025. Ese sistema se aprobó a través del Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, que diez comunidades autónomas —entre ellas Madrid— recurrieron ante el Tribunal Constitucional.

Con esta nueva actuación, la Abogacía General de la Comunidad de Madrid suma seis procedimientos judiciales contra decisiones del Gobierno central en materia migratoria, agrupados en cuatro líneas de actuación vinculadas entre sí.

“Lo que tiene que hacer el Gobierno de Pedro Sánchez es controlar las fronteras y poner fin a este caos migratorio que está viviendo nuestro país y no tratar a las comunidades como aquellas que deben atender este caos que el propio Gobierno está generando”, ha señalado García Martín en rueda de prensa. “Estamos dando todas las batallas para defender el interés general, para defender el interés de los madrileños y para exigirle al Gobierno que haga su trabajo”, ha subrayado, en declaraciones recogidas por Europa Press. El portavoz también ha acusado al Ejecutivo de perjudicar a las comunidades gobernadas por el Partido Popular mientras “busca beneficiar a Cataluña y País Vasco”.

Debe primar el interés superior del menor

El PP ha recalcado en distintas comparecencias que “el interés superior del menor es estar con su familia” y se ha respaldado en el aval de la Comisión Europea para el retorno de los menores que cruzaron la frontera ceutí. No obstante, organizaciones humanitarias advierten que decenas de menores llegados a Ceuta a finales de julio han huido de Marruecos por la violencia intrafamiliar e incluso matrimonios forzados.

Cabe recordar que, por el momento, solo Cataluña, País Vasco y Asturias se han mostrado dispuestos a acoger menores migrantes. Navarra es la única autonomía que ha confirmado que acogerá a cinco niñas. El Gobierno central, por su parte, ya ha reiterado que no es posible expulsar a los migrantes directamente y recuerda que existen procedimientos que se deben cumplir de acuerdo a la ley vigente.

Además, en el caso de los niños, niñas y adolescentes migrantes, las organizaciones humanitarias recuerdan que cualquier decisión sobre su futuro debe adaptarse de forma individualizada, tras analizar sus circunstancias personales y familiares antes de decidir si corresponde su permanencia en España o la repatriación. En este sentido, insisten en que la legislación española, europea y los estándares internacionales establecen que el interés superior del niño debe ser “una consideración primordial en cualquier decisión que le afecte”.

(Con información de Europa Press)