La Fiscalía señala al delegado del Gobierno en Ceuta por la “omisión de medidas” que pudo agravar las consecuencias de la entrada masiva de migrantes

La Fiscalía de Ceuta pone el foco en la actuación del delegado del Gobierno durante la entrada masiva de inmigrantes del pasado 30 de julio. La fiscal jefe, Silvia Rojas, considera que las decisiones adoptadas por Miguel Ángel Pérez Triano —y también las posibles omisiones— pudieron influir en el desarrollo de la crisis y en la exposición al riesgo de las personas que intentaron alcanzar la ciudad autónoma a nado desde Marruecos. Por eso, avala que las denuncias presentadas contra el delegado sean investigadas por la Audiencia Nacional, dentro de la causa que instruye la jueza María Tardón para esclarecer lo sucedido aquellos días.

“Las decisiones u omisiones producidas en Ceuta pudieron incidir en el desarrollo de los acontecimientos, en la exposición al riesgo de las personas que accedieron a nado y en la producción o agravación de los resultados lesivos”, señala Rojas en un escrito adelantado por El Confidencial fechado el pasado miércoles. La fiscal no da por acreditada ninguna responsabilidad del delegado, pero considera que existen elementos suficientes para que su actuación sea examinada judicialmente junto al resto de circunstancias que rodearon la llegada masiva de personas.

El planteamiento de la Fiscalía parte de una idea: no se puede analizar por separado a quienes organizaron o facilitaron la entrada y a quienes tuvieron que responder a ella desde el lado español de la frontera. Ambas actuaciones, sostiene Rojas, forman parte de una misma secuencia y deben estudiarse conjuntamente para determinar qué ocurrió, qué se sabía antes de que comenzara la crisis y si las decisiones tomadas pudieron tener alguna incidencia en sus consecuencias.

La cuestión adquiere especial relevancia por la información que las autoridades españolas recibieron en las horas previas. El 29 de julio, un responsable del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) alertó de que en redes sociales se estaba preparando una convocatoria para entrar masivamente en Ceuta al día siguiente. El aviso advertía de que la movilización podía aprovechar la menor presencia de las fuerzas marroquíes en la zona con motivo de la Fiesta del Trono. Los grupos utilizados para difundir la convocatoria acumulaban, según la información trasladada, alrededor de 180.000 seguidores.

Lo que ocurrió con esa alerta se ha convertido en uno de los puntos de fricción de la investigación. El delegado del Gobierno ha mantenido que su entonces jefe de gabinete, Gonzalo Sanz, no le trasladó la información que había recibido del CNI. Sanz sostiene lo contrario. De hecho, el pasado viernes presentó su dimisión y, en su despedida, aseguró que sí había comunicado a Pérez Triano el contenido de la advertencia. También dejó constancia de que existen pruebas sobre la transmisión de esa información a distintos departamentos ministeriales.

La Fiscalía pide mirar toda la secuencia

Las denuncias contra Pérez Triano habían llegado inicialmente a los juzgados de Ceuta, después de que distintas organizaciones, entre ellas Manos Limpias y Hazte Oír, cuestionaran su actuación durante la crisis. En ellas se plantea su eventual responsabilidad por las decisiones adoptadas, las instrucciones impartidas, la organización de los dispositivos de seguridad y recepción y la gestión de la situación una vez comenzó la llegada masiva.

La Fiscalía de Ceuta considera que esas diligencias no deben permanecer separadas de la investigación principal. “No se trata de hechos aislados o independientes”, sostiene Rojas, sino de actuaciones que presentan “una unidad de contexto, de tiempo, de espacio y de finalidad”.

La fiscal insiste en que la conexión entre unas actuaciones y otras no depende únicamente de que las personas investigadas hubieran actuado juntas o hubieran mantenido contacto directo. Lo relevante, según su razonamiento, es que todas las conductas se desarrollaron alrededor de un mismo acontecimiento y que unas pudieron condicionar el desarrollo de las otras.

La Fiscalía incluye también entre las cuestiones a esclarecer la eventual existencia de omisiones relevantes en materia de prevención, auxilio o protección. En concreto, señala que será necesario analizar si se adoptaron todas las medidas que, a la vista de la información disponible antes de los hechos, podían resultar necesarias para prevenir o evitar determinados resultados lesivos.

El escrito de Rojas se alinea con la decisión adoptada por la jueza María Tardón en la Audiencia Nacional. En un auto del pasado 7 de septiembre, la magistrada defendió que la investigación debía abarcar “todas las actuaciones que tienen lugar en territorio español relacionadas con la entrada masiva”, incluida la articulación de los medios de respuesta ante las informaciones y alertas que advertían de su posible llegada.

La tesis de la Fiscalía es que investigar por separado cada una de esas actuaciones podría impedir reconstruir correctamente la secuencia de los acontecimientos. También podría provocar, según advierte, una duplicidad de diligencias o incluso resoluciones contradictorias sobre cuestiones fundamentales como la previsibilidad del riesgo.