La gran reforma que piden para la PAC: quitar las ayudas a los jubilados y limitar a 100.000 € las de los grandes perceptores

El reparto de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) necesita afrontar cambios para conseguir que los fondos europeos lleguen a quienes realmente viven del campo y permitan que las explotaciones sean rentables. Tres expertos reunidos este jueves por la Plataforma Tierra de la Fundación Cajamar han defendido propuestas que afectan a algunos de los pilares del actual modelo. Entre ellas, excluir a los jubilados de las subvenciones a la renta y establecer límites para los grandes perceptores.

El debate se produce mientras la Unión Europea negocia su próximo presupuesto para el periodo 2028-2034. Francesc Reguant, economista especializado en sistemas agroalimentarios; Isabel Bardají, catedrática e investigadora del CEIGRAM de la Universidad Politécnica de Madrid, y Joaquín Olona, ingeniero agrónomo y exconsejero de Agricultura de Aragón, han coincidido en que el actual diseño de la PAC no está resolviendo el problema del relevo generacional ni los desequilibrios de renta del sector.

Los tres han reclamado que las ayudas se orienten prioritariamente hacia los agricultores profesionales y que se actúe sobre los dos extremos del sistema: las pequeñas explotaciones cuyos propietarios no tienen como actividad principal la agricultura y los grandes perceptores. También han planteado eliminar los derechos históricos individuales por hectárea y establecer mecanismos específicos para las zonas rurales con mayores dificultades físicas.

Un cambio para acabar con los «argumentos románticos»

Reguant ha defendido que es necesario abandonar los “argumentos románticos” vinculados al tamaño de las explotaciones y centrar el reparto de las ayudas en quienes desarrollan realmente una actividad agraria. A su juicio, el sistema actual ha terminado vinculando de forma excesiva las subvenciones a la propiedad de la tierra.

El economista considera que el “vínculo” de las ayudas “a la propiedad de la finca” ha convertido estas prestaciones, de manera “impropia”, en una especie de complemento de la jubilación. Y, según su análisis, esa situación ha “bloqueado” el relevo generacional que necesita el campo español, recoge Europa Press.

La propuesta pasa también por reforzar la cooperación entre pequeñas explotaciones. Reguant ha planteado además crear un “fondo de equilibrio agrorural para empresas en situaciones de dificultad física”, destinado a compensar las desventajas que afrontan determinadas explotaciones por las características del territorio, como ocurre en zonas de montaña o de secano. El objetivo sería que las ayudas tengan en cuenta las condiciones reales en las que se desarrolla la actividad.

El experto ha defendido que las subvenciones deberían estar vinculadas a la obtención de renta y ha apostado por aprovechar las conexiones entre agricultura, actividad forestal, turismo y gastronomía. El propósito, ha señalado, es reducir la carga administrativa que soportan los productores, que actualmente deben realizar gestiones “en 20 administraciones”.

Un techo de 100.000 euros para los grandes perceptores

Isabel Bardají ha planteado una de las propuestas más contundentes del seminario: concentrar el apoyo público en las “explotaciones medias”, eliminar las ayudas destinadas a las pequeñas explotaciones y establecer un límite para las grandes. En concreto, ha planteado un techo de 100.000 euros por perceptor.

Su propuesta también contempla reorganizar la distribución territorial de las ayudas. Bardají ha defendido establecer cinco regiones dentro del reparto de la PAC y aplicar una “tasa plana” para cada una de ellas, diferenciando dos regiones de secano y otras dos de regadíos y pastos, además de la correspondiente clasificación territorial.

El modelo supondría eliminar los derechos individuales y establecer ayudas “degresivas” en función del tamaño de las explotaciones. Además, estas prestaciones irían disminuyendo con el tiempo y podrían complementarse con pagos vinculados a la provisión de bienes públicos en las zonas más vulnerables.

La reforma que nunca llega

Joaquín Olona ha puesto el foco en la estructura del presupuesto y en las contradicciones del sistema actual. A su juicio, existen términos “perversos” en la manera en que se clasifican los beneficiarios de la PAC. Como ejemplo, ha cuestionado que se considere pequeños agricultores a perceptores de ayudas que, en realidad, “son propietarios ajenos a la actividad agraria”.

El exconsejero de Agricultura de Aragón también ha señalado las dificultades políticas para abordar una reforma de calado. Los partidos, ha sostenido, no quieren afrontar un cambio profundo en el reparto porque temen perder el respaldo de una parte del sector. Por eso, ha definido la PAC como “la reforma permanentemente aplazada”.

Su alternativa pasa por establecer una “renta mínima” personal y calcular las compensaciones tomando como referencia el IRPF y la “renta de referencia” publicada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El objetivo sería vincular las ayudas a la situación económica real del beneficiario y no únicamente a la superficie o a los derechos históricos.

Olona, no obstante, ha defendido mantener el “modelo familiar” de agricultura, aunque con una condición: que tenga una dimensión empresarial suficiente y que incorpore también la “prestación de servicios”. Una fórmula que, en su opinión, permitiría sostener la actividad agraria y reforzar la viabilidad económica de las explotaciones.