La propuesta de Trump que Sumar quiere convertir en ley vuelve al Congreso: pretende impedir a empresas y fondos comprar viviendas

Sumar volverá a llevar al Pleno del Congreso su propuesta para prohibir que empresas y fondos de inversión puedan comprar viviendas en España. La formación pretende que la adquisición de inmuebles residenciales quede reservada exclusivamente a personas físicas, en una nueva ofensiva parlamentaria para limitar la presencia de inversores en el mercado inmobiliario y tratar de contener el aumento de los precios de venta y alquiler.

La iniciativa ya fue presentada anteriormente por el grupo plurinacional en la Cámara Baja, pero no consiguió superar el primer trámite parlamentario. En aquella ocasión, la propuesta contó con el rechazo mayoritario de PP, Vox y Junts, mientras que el PSOE optó por la abstención. Sumar ha decidido ahora volver a someterla a votación en un contexto en el que el acceso a la vivienda continúa siendo uno de los principales debates políticos.

El portavoz adjunto de Sumar, Alberto Ibáñez, anunció el registro de la ley a principios de año, pero será en el Pleno de la próxima semana cuando se debata su admisión a trámite, según consta en el orden del día de la Cámara al que ha tenido acceso Europa Press. La formación busca comprobar si el escenario parlamentario ha cambiado lo suficiente como para permitir que la propuesta avance.

La propuesta que vuelve al Congreso

La iniciativa de Sumar llega después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendiera una propuesta similar en su país. Vox llegó a elogiar la medida del mandatario estadounidense, un hecho que llevó a Ibáñez a plantear nuevamente el debate en el Congreso español.

Sin embargo, la coincidencia política duró poco. Tras conocer la iniciativa de Sumar, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, sostuvo que las propuestas de Trump y de la formación española eran diferentes y descartó apoyar el texto. El partido de Santiago Abascal ha insistido además en que no respaldará iniciativas procedentes del Gobierno.

El nuevo debate parlamentario se plantea, por tanto, sin garantías de que Sumar vaya a encontrar una mayoría suficiente. La formación pretende, no obstante, situar de nuevo en el centro de la discusión la participación de empresas y fondos de inversión en el mercado residencial y su posible influencia sobre la evolución de los precios de la vivienda.

Reformar la Ley de Vivienda de 2023

Para aplicar su propuesta, Sumar plantea modificar la Ley de Vivienda de 2023. En concreto, pretende reformar su artículo 10 para impedir la transmisión de la propiedad de inmuebles residenciales a empresas, tanto mediante operaciones a título oneroso como gratuito.

La prohibición no afectaría únicamente a las viviendas ya construidas y en uso. También se extendería a las promociones de nueva construcción una vez que hayan obtenido el certificado de fin de obra. De esta manera, la iniciativa pretende establecer una limitación amplia sobre la adquisición de inmuebles residenciales por parte de personas jurídicas.

En la exposición de motivos, Sumar sostiene que las empresas no adquieren estos inmuebles para ejercer el derecho constitucional al disfrute de una vivienda, sino para convertirlos en “bienes de inversión para obtener beneficios económicos” mediante “movimientos especulativos”. Desde esta perspectiva, la formación considera necesario separar el mercado residencial de una lógica estrictamente financiera.

Excepciones para fines sociales

La propuesta contempla, sin embargo, excepciones para determinadas organizaciones sin ánimo de lucro. Entre las entidades que quedarían fuera de la prohibición figuran asociaciones, agentes económicos y sociales, entidades religiosas, ONG dedicadas a la cooperación al desarrollo y otras organizaciones pertenecientes al tercer sector.

La excepción no supondría una libertad general para adquirir viviendas. Estas entidades solo podrían comprar inmuebles cuando fueran destinados a determinadas finalidades sociales o funcionales. El texto incluye entre ellas el establecimiento de sedes sociales, la atención sociosanitaria, la protección de víctimas de violencia de género y el alojamiento de colectivos vulnerables.

También quedarían contempladas actividades educativas, cívicas y de culto. El objetivo es evitar que la prohibición afecte a organizaciones que utilizan inmuebles para prestar servicios de carácter social o desarrollar actividades consideradas de interés general.

La iniciativa incorpora además una disposición transitoria única para regular las operaciones que se encuentren en curso cuando la eventual norma entre en vigor. En concreto, la restricción no se aplicaría a aquellas compraventas o transmisiones que hubieran sido elevadas a escritura pública ante notario antes de la entrada en vigor de la ley, aunque todavía no hubieran sido inscritas en el Registro de la Propiedad.