Hasta 3.000 euros por trabajador: así es la ayuda de Castilla y León por los ERTE de los incendios

Los trabajadores de Castilla y León afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) a raíz de los incendios forestales del verano podrán solicitar desde hoy una subvención de hasta 3.000 euros por persona. La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, publicó la convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) con una dotación inicial de 100.000 euros.

La subvención se fija en 10 euros por cada jornada completa de suspensión del contrato, con un límite máximo de 300 jornadas. Ese tope permite alcanzar los 3.000 euros por trabajador cuando la suspensión se extiende al máximo previsto. En los casos de reducción temporal de jornada o de contratos a tiempo parcial, el cálculo se realiza de forma proporcional al tiempo no trabajado.

El presupuesto asignado a la convocatoria asciende a 100.000 euros, aunque la Junta contempla ampliarlo hasta en un 100% adicional, es decir, otros 100.000 euros, si el volumen de solicitudes lo justifica.

Quiénes pueden acceder a la subvención

Pueden solicitar la ayuda las personas trabajadoras que presten o hayan prestado servicios en uno o varios centros de trabajo ubicados en municipios de Castilla y León afectados por un ERTE de suspensión de contrato o reducción de jornada. La convocatoria exige que el expediente esté motivado por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, o por fuerza mayor temporal derivada de los incendios forestales.

También pueden acogerse a la subvención los trabajadores fijos discontinuos cuya actividad haya finalizado antes de lo previsto, se haya interrumpido o cuyo llamamiento se haya aplazado por las mismas causas. La norma no se limita a los incendios: incluye además situaciones de fuerza mayor originadas por fenómenos meteorológicos adversos, emergencias de Protección Civil u otros acontecimientos extraordinarios que afecten a centros de trabajo en la comunidad.

Entre los requisitos figura tener una base de cotización media, correspondiente a los últimos cuatro meses completos previos al expediente, que no supere los 4.000 euros mensuales en el caso de contratos a tiempo completo, con la parte proporcional para los contratos a tiempo parcial. Los solicitantes deben estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y quedan excluidos los trabajadores con contratos de alta dirección.

Plazos y forma de presentar la solicitud

El plazo de solicitud se extiende desde el 10 de septiembre hasta el 6 de noviembre de 2026. Las subvenciones se conceden en régimen de concesión directa, sin proceso de concurrencia competitiva, y se regulan por la Orden IEM/752/2026, de 6 de agosto, que estableció las bases reguladoras del programa.

Los interesados deben presentar una única solicitud en el modelo normalizado disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León o en el Portal Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta, con tramitación exclusivamente electrónica mediante certificado digital, DNI electrónico o Cl@ve Firma. La justificación se realiza al momento de presentar la solicitud, con el informe de bases de cotización de los doce meses previos al inicio del expediente y, si no se percibe prestación por desempleo, un certificado de empresa con las jornadas afectadas.

Una segunda línea de ayudas para las empresas

De forma paralela, la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio habilitó otra línea de subvenciones dirigida a las empresas con trabajadores en ERTE, con una cuantía de hasta 5.000 euros por beneficiario. En este caso, el importe corresponde a las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes que la empresa haya liquidado y pagado, y que no hayan sido exoneradas previamente.

Esta medida se enmarca en el conjunto de actuaciones que la Junta programó para la recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales del verano de 2026, aprobadas mediante el Acuerdo 135/2026, de 30 de julio.