
La Fiscalía suiza ha comunicado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que no ha localizado ninguna cuenta vinculada a Kingsfield Consulting Corp en UBS y Crédit Agricole, dos entidades bancarias con presencia en Suiza, después de realizar las comprobaciones solicitadas por España. Según consta en el escrito al que ha tenido acceso Infobae, la sociedad tampoco aparece como titular económica o beneficiaria de ninguna cuenta ni consta que dispusiera de poderes para operar sobre ellas.
La respuesta llega precisamente desde uno de los países que están en el origen de la investigación que ha terminado colocando a José Luis Rodríguez Zapatero bajo la lupa judicial. Suiza no aparece ahora por casualidad en la causa. Las pesquisas internacionales sobre una presunta trama de blanqueo de capitales de origen venezolano fueron las que pusieron sobre la mesa información que posteriormente llegó a manos de la Justicia española y terminó desembocando en la investigación sobre el rescate de Plus Ultra.
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En concreto, la investigación parte de actuaciones desarrolladas en Francia y Suiza. La Fiscalía de Ginebra investigaba una presunta organización internacional dedicada al blanqueo y, en el marco de esa investigación, aparecieron referencias a personas relacionadas con el entorno de Plus Ultra. Esa información fue trasladada a España mediante los mecanismos de cooperación judicial internacional y sirvió de punto de partida para que el juez Calama retomara una investigación que acabaría ampliándose hasta alcanzar al expresidente del Gobierno.
Ahora, más de dos años después de aquellas primeras conexiones internacionales, es la propia Fiscalía suiza la que devuelve información al juez español. Y lo hace para comunicarle que una de las vías bancarias que se estaban explorando no ha dado resultado: tras consultar a UBS y Crédit Agricole, no ha encontrado a Kingsfield Consulting Corp vinculada a ninguna cuenta en las condiciones que se investigaban.
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Suiza, en el origen de la investigación sobre Plus Ultra
El papel de Suiza en esta causa viene de lejos. No se trata simplemente de que el juez Calama haya enviado ahora una petición a las autoridades helvéticas para intentar localizar dinero. La cooperación con Suiza forma parte del propio recorrido que siguió la investigación hasta llegar al rescate de Plus Ultra y, posteriormente, a Zapatero.
El juez ha venido tirando de esa vía internacional para reconstruir el posible recorrido del dinero y comprobar las conexiones financieras que aparecen alrededor de la aerolínea y de las personas investigadas. En mayo, de hecho, el magsitrado ya había solicitado información a las autoridades suizas sobre un banco situado en Zúrich que aparecía en las pesquisas sobre el supuesto blanqueo relacionado con los 53 millones de euros concedidos a Plus Ultra.
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Aquella petición y la que ahora acaba de recibir respuesta forman parte de una misma lógica: seguir fuera de España las huellas financieras que puedan ayudar a esclarecer qué ocurrió con el dinero y qué relaciones existían entre las distintas personas y sociedades que aparecen en la investigación. Y es ahí donde aparece Kingsfield Consulting Corp.
El nombre de esta sociedad figura en la documentación que maneja el juzgado y llevó al juez Calama a pedir a las autoridades suizas que comprobasen su posible rastro bancario. La pregunta era, en esencia, si la sociedad había tenido presencia financiera en las entidades examinadas. La respuesta que acaba de llegar desde Suiza es que no.
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Las autoridades helvéticas no han encontrado a Kingsfield como titular económica de una cuenta, pero tampoco como beneficiaria o como persona o entidad autorizada para operar sobre ella. La comprobación, por tanto, iba más allá de buscar simplemente una cuenta a nombre de la sociedad: también se rastrearon otras posibles formas de vinculación bancaria.
Tras realizar las comprobaciones solicitadas, la Fiscalía suiza comunica que da por cerrada la asistencia judicial correspondiente. La respuesta ya ha llegado al juzgado del juez Calama y ha sido incorporada a las diligencias previas mediante una diligencia de ordenación dictada este 10 de septiembre.
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