Bien de Interés Cultural (BIC), el sello que el PP y Vox estampan a monumentos franquistas para saltarse la Ley de Memoria Democrática

La Junta de Extremadura, dirigida por el Partido Popular y Vox, ha abierto un expediente para declarar a la Cruz de los Caídos erigida en la plaza de América de Cáceres como Bien de Interés Cultural (BIC). Era uno de los puntos del acuerdo entre ambos partidos para impulsar la investidura de la popular María Guardiola, cuyo Ejecutivo consigue así paralizar la orden de retirada que lanzó meses antes el Gobierno central, basándose en la Ley de Memoria Democrática.

En abril, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática incluía a la cruz en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática y ordenaba su retirada del espacio público, al considerarlo un símbolo franquista. El Ayuntamiento de Cáceres, también liderado por el PP, recurrió la decisión y anunció que defendería su permanencia por la vía judicial. Pero la Junta se ha adelantado. No es la primera vez que Vox y el PP utilizan la carta del BIC.

El pasado martes, el Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicaba la resolución del trámite oficial en busca del “reconocimiento y protección” del vestigio franquista. En el texto, admiten que fue construido durante la Guerra Civil, pero se justifican con que “la intervención municipal realizada en 1984 modificó sustancialmente su lectura pública, al eliminar las inscripciones y referencias explícitas de exaltación del régimen franquista y dotarlo de un nuevo significado acorde con los valores constitucionales”. En consecuencia, defienden que “su valoración patrimonial actual debe entenderse desvinculada de su sentido conmemorativo originario y referida a sus valores formales, artísticos, arquitectónicos y urbanísticos, derivados de su lenguaje austero, geométrico y depurado, de su monumentalidad, de su permanencia en el emplazamiento original y de su papel como referencia visual en la memoria urbana de la ciudad”.

“Llamar patrimonio democrático a un símbolo de la dictadura”

El departamento que dirige Ángel Víctor Torres no opina lo mismo. Para el Ministerio de Memoria Democrática, “el lugar, durante la dictadura, fue utilizado para todo tipo de conmemoraciones franquistas, desfiles militares o civiles, y todavía hoy, con su emplazamiento privilegiado, constituye un elemento de humillación para las víctimas”. En un comunicado, explican que “se trata de una de las primeras cruces construidas para conmemorar a los caídos durante la Guerra de España. […] Bajo ningún concepto puede considerarse un elemento o símbolo religioso, dado su origen político. Según los informes de los expertos, esa cruz no presenta ningún elemento artístico singular y carece de originalidad o relación con las tendencias estéticas de finales de los años 30 en los que se construyó”.

El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cáceres, Víctor Bazo, ha afirmado que “es un referente en la ciudad, es un sitio de encuentro que forma parte del paisaje urbano y debe continuar donde está”. Para Bazo, la cruz diseñada en 1937 no tiene el mismo significado original. “En el año 1984, el Ayuntamiento ya la declaró como memoria para todos los caídos. Los cacereños no la interpretan como monumento franquista; el cacereño conoce la Cruz como sitio de reencuentro y concordia, formando parte de nuestro día a día”.

Por su parte, la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (AMECECA) celebró el anuncio de su retirada. “Decir que la Cruz de los Caídos es un bien cultural es tan absurdo como llamar patrimonio democrático a un símbolo de la dictadura. La cultura, la universidad y la investigación lo tienen claro: no merece protección, merece su retirada. Hay que cumplir la ley”, subrayó en un manifiesto.

BIC, un escudo para los símbolos franquistas

El Bien de Interés Cultural (BIC) es la máxima figura de protección del patrimonio histórico en España que sirve para conservar los vestigios materiales e inmateriales del pasado, pero el PP y Vox utilizan este sello para saltarse la Ley de Memoria Democrática y evitar el traslado o eliminación de monumentos franquistas. El de la Cruz de los Caídos de Cáceres es solo el último caso.

Esta catalogación está regulada por la Ley 16/1985 de 25 de junio de Patrimonio, que establece que “un inmueble declarado Bien de Interés Cultural es inseparable de su entorno. No se podrá proceder a su desplazamiento o remoción”. Además, la sola apertura del expediente ya implica el mismo régimen de protección hasta que sea valorado y aceptado o denegado.

La declaración requiere únicamente la incoación y tramitación de un expediente administrativo, donde debe constar un informe favorable de alguna instituciones consultivas. En el caso de la cruz franquista de Cáceres, constan dos elaborados por la Dirección General de Patrimonio Cultural y Documental por encargo de la Junta. Ahora, queda abierto un periodo de un mes para que otros organismos y particulares puedan presentar alegaciones a la declaración de BIC. En caso de que haya informes cruzados, la disputa por su protección se podrá elevar al plano judicial, como ya ha ocurrido con el Monumento a la Victoria de Santa Cruz de Tenerife, inaugurado en 1964 para homenajear al dictador y a los sublevados en la Guerra Civil.

La Pirámide de los Italianos de Burgos

En 2024, la Junta de Castilla y León, gobernada por ambos partidos, declaraba BIC la Pirámide de los Italianos de Burgos. Se trata de una construcción piramidal de 20 metros de altura, de cemento forrado con placas calizas, donde fueron enterrados los italianos que murieron en suelo español durante la Guerra Civil luchando por el bando sublevado. Su estilo “se enmarca en la arquitectura de entreguerras dentro del racionalismo imperante en la época”, defendía el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

La Junta consideró entonces que se trata de “un bien único dentro del patrimonio cultural de Castilla y León, por su diseño y los valores estéticos, arquitectónicos y paisajísticos que en él concurren”. De nuevo, las asociaciones memorialistas no estuvieron de acuerdo.

Entonces, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, afirmó que la declaración de BIC fue una vergüenza. “No se puede enaltecer a quienes vinieron a España para apoyar un golpe de Estado y asesinar a quienes trataban de proteger la democracia. Los fascistas italianos que murieron ayudando a Franco no merecen ningún honor en democracia y la Junta de Castilla y León pretende tratarlos honorablemente, que es una forma de enaltecer el sufrimiento de sus víctimas”, denunció.

El mes pasado la Comisión Técnica de Expertos del ministerio incluía a la pirámide junto a la cruz de Cáceres en el catálogo estatal de símbolos y elementos contrarios a la Memoria, pese a contar con el sello de BIC. “Tenemos que garantizar que las generaciones venideras no hereden espacios públicos donde estos vestigios exaltan todo lo contrario a lo que somos: un pueblo democrático”, aseguraba el ministro Torres tras la reunión. Así, el Gobierno dejaba en el aire la posibilidad de tomar otras vías para eliminar la protección del monumento franquista.

El monumento a Carrero Blanco en Santoña

En junio, el Parlamento de Cantabria aprobaba una propuesta de Vox para que el monumento al Luis Carrero Blanco en Santoña, asesinado por ETA en 1973, seis meses después de ser nombrado presidente del Gobierno de Franco, sea declarado BIC y lugar de memoria de las víctimas del terrorismo. Este movimiento llegaba como respuesta al procedimiento administrativo iniciado por el Gobierno central para incluir este conjunto escultórico en el catálogo de símbolos contrarios a la memoria.

El PP y el Partido Regionalista de Cantabria apoyaron la propuesta de Vox en el pleno y solo el PSOE votó en contra. La portavoz de Vox, Leticia Díaz, defendió el valor artístico del monumento y subrayó que no nació de “una imposición dictatorial”, sino que fue erigido en 1976 por voluntad de los santoñeses, que se unieron “para homenajear a un hijo de la villa”. A ella se sumó el portavoz del PP, Íñigo Fernández, que, en sintonía con la línea argumental de su partido, insistió en que “de las víctimas del terrorismo nadie habla” y pasó por alto el vínculo del militar con la dictadura. “No podemos ir desmontando pieza a pieza toda la Historia de España”.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Mario Iglesias, aseguró que se trata de “un blanqueamiento de un escultor detrás de una ley de patrimonio y detrás de una ley de víctimas del terrorismo”. El autor fue Juan de Ávalos, escultor en el Valle de los Caídos -ahora Valle de Cuelgamuros-. Iglesias también recordó el cargo del político y militar franquista: “¿Fue Carrero Blanco víctima del terrorismo? Sí, y este grupo condena aquel asesinato como condena todos los crímenes de ETA”. ¿Fue un militar que alcanzó el grado más alto de la Armada? También. Todos aquellos ascensos de capitán de fragata a capitán general, como reza la escultura, fueron concedidos por la dictadura. ¿Fue Carrero Blanco presidente del Gobierno? Sí, evidentemente, del Gobierno de la dictadura franquista, nombrado a dedo por el propio Caudillo".