La Pirámide de los Italianos, el otro Valle de los Caídos español

La Ley de Memoria Democrática, aprobada en el año 2020 por el primer Gobierno de Pedro Sánchez, estableció lo que debería pasar con el Valle de los Caídos, ahora denominado Valle de Cuelgamuros. No obstante, el proceso de “resignificación” prometido por el ejecutivo avanza lentamente. El recito, construido en buena parte por presos políticos republicanos que alberga 33.847 víctimas de la guerra, muchas de ellas inhumadas tras haber sido exhumadas de fosas comunes sin permiso ni conocimiento de sus familiares, es el mayor el mayor monumento al franquismo, pero hay muchos otros que permanecen en pie, como la Pirámide de los Italianos en Burgos.

La Pirámide de los Italianos, conocida como el mausoleo de El Escudo, también se encontraba en el punto de mira de la Ley de Memoria. El artículo 35 del texto, que hace referencia a “símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática”, incluye a las edificaciones o construcciones en las que se “realicen menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial”. De este modo, el monumento, que se erigió para homenajear a los soldados italianos que apoyaron el golpe de Estado que derivó en la Guerra Civil, cumplía con las características que recoge la norma, por lo que su futuro quedaba en el aire.

Concebida como un mausoleo que se reconvertiría en santuario, donde se inhumaron los cuerpos de los combatientes, enterrados en tumbas excavadas alrededor del edificio escalonado de 20 metros de altura, se exhumaron en los años 70 y se enviaron a la iglesia de San Antonio de Padua, en Zaragoza, o se repatriaron—, su diseño incluyó elementos del futurismo, el fascismo y el racionalismo arquitectónico.

La cruzada de Vox contra la memoria democrática y la ley nacional (y regionales) que la ampara, llevó -con el beneplácito del Partido Popular- a la Junta de Castilla y León a declarar al monumento como Bien de Interés Cultural (BIC) en febrero de este año. En un comunicado de prensa, la Junta justificaba su decisión argumentando que el monumento estaba amenazado por el vandalismo y el deterioro, pero también por las incertidumbres que abre la Ley de Memoria Democrática, en palabras del entonces vicepresidente, Juan García-Gallardo. De este modo, según recoge la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español, los propietarios de este tipo de bienes están obligados, entre otras cosas, a rehabilitar, conservar y custodiar el monumento protegido

La nota en ningún momento recuerda que se trata de un “monumento fascista”, como recoge la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) en otro comunicado posterior, donde anunciaba que habían presentado una denuncia por prevaricación contra el Gobierno de la Junta de Castilla y León por esta declaración. por “enaltecimiento del fascismo y humillación a las víctimas de la dictadura franquista” al tratar de proteger un monumento que “ensalza a los soldados enviados por Mussolini a España para asesinar demócratas españoles y ayudar al triunfo de un golpe de Estado”.