La ley de nietos desborda a Exteriores con “60 toneladas de documentos”: habrá beneficiados que no obtendrán la nacionalidad española antes de morir

Los consulados españoles alertan del “riesgo de colapso” ante la oleada de solicitudes para obtener la nacionalidad española a través de la ‘ley de nietos’. La normativa surge de una disposición adicional en la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022 y que concede la nacionalidad a quien demuestre que desciende de exiliados por la guerra o la dictadura. La polémica con la norma ha llegado a raíz de los cambios que ha ido sufriendo el texto tras su aprobación. Días después de publicarse en el BOE, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, dependiente del Ministerio del Interior, dictó y publicó una instrucción a los consulados (de obligado cumplimiento) para eliminar el requisito del exilio para solicitar el pasaporte y permitir que otros familiares también lo hagan, de manera que cualquier nieto de un emigrante español podría solicitarla.

En este contexto, el censo exterior podría multiplicarse por dos hasta rozar los cinco millones de españoles (aunque eso dependería de que se aprobasen todas, que no es el caso), lo que ha llevado al líder de la oposición a utilizar este dato para acusar al Gobierno de “ingeniería electoral”, afirmando que el PSOE está engrosando sus votos desde el exterior de cara a las generales del 2027.

Pero es precisamente esta serie de cambios lo que podría provocar un efecto embudo en los consulados españoles, los encargados de gestionar estas solicitudes. Cabe recordar que, además de ello, los funcionarios gestionan día a día el resto de procedimientos ordinarios.

De golpe y porrazo, los funcionarios “se han encontrado con 60 toneladas de documentos” con prácticamente las mismas plantillas que en el año 2000. Así lo denuncia Alberto Virella, presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles, que explica en una conversación con Infobae que las más de 2.400.000 de solicitudes registradas generarán importantes retrasos con los medios con los que cuenta actualmente el servicio de atención exterior, tanto humanos como materiales.

“Y evidentemente, la red consular no existe solamente para atender y tramitar las solicitudes de nacionalidad. Los funcionarios no solo se dedican a resolver expedientes y lo prioritario es atender y prestar servicios a los ya españoles. Al fin y al cabo, aunque tengan todo el derecho a solicitar la nacionalidad, no son españoles hasta que se les concede la nacionalidad”, explica.

Según datos recabados por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), en México apenas son 114, de los cuales 18 son funcionarios; Argentina, 200, con 20 funcionarios; y Cuba, 65, de los cuales son funcionarios 18.

Buenos Aires asumirá 640.000 solicitudes

Virella recuerda el último gran atasco burocrático en el consulado español en Buenos Aires, ocurrido tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica de 2007, una norma de naturaleza similar aprobada durante el Gobierno de José Luis Zapatero. En aquel entonces, este consultado tuvo que gestionar de golpe 60.000 solicitudes, además de las que se realizan por el proceso ordinario. El tiempo necesario para resolver todos los expedientes, cuya decisión final recae sobre el cónsul, cónsul “fue de 13 años”.

El escenario que se presenta ahora en las oficinas en este país es mucho peor. Porque en la anterior norma, el Gobierno estableció un plazo de un año para que las oficinas consulares pudiesen prepararse. En la norma de 2022, la entrada en vigor ha sido instantánea tras su publicación en el BOE y ha supuesto la entrada, en el caso de la oficina en Buenos Aires, de más de 640.000 solicitudes (solo en Argentina hay cinco consulados). Esto quiere decir que una parte considerable de los más de ciudadanos no solo no llegará a tiempo para 2027, sino que es muy probable que algunos de ellos no lleguen a ser reconocidos siquiera antes de fallecer, como así reconoce el diplomático.

Entre la Ley de Memoria Histórica del 2007 y la Ley de Memoria Democrática del 2022, es importante destacar que se aprobó la Ley de Acción y Servicio Exterior del año 2014. Y en esta norma, tanto en el articulado como en una disposición adicional, se estableció que a los seis meses de su entrada en vigor y posteriormente cada dos años —o menos, según las necesidades— se realizarán informes periódicos de los recursos y medios existentes en el servicio exterior para adaptarlos, adecuarlos a las decisiones y acciones políticas respecto al exterior de los distintos gobiernos. “Lo que sucede es que ningún ejecutivo ha elaborado ningún informe sobre el impacto de esta ley”, ha lamentado Virella.

Exteriores y Justicia tratan de agilizar la actividad consular

La cartera que dirige José Manuel Albares argumenta que en los últimos años ha reforzado la plantilla de los consulados, pero esas nuevas contrataciones han sido temporales y, en todo caso, no han sido funcionarios, por lo que no tienen competencias para resolver las nacionalidades, como así dicta el Reglamento Notarial.

¿Qué solución plantea el Gobierno? El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y el de Asuntos Exteriores plantean agilizar la actividad de los consulados a través de una revisión de las competencias de los funcionarios, limitando sus tareas para que puedan dedicar mayor tiempo a la ley de nietos. Según la proposición, la revisión contempla impulsar la digitalización en el proceso notarial en el exterior, permitiendo la expedición de copias electrónicas verificables y el uso de firma electrónica. Esta norma todavía no ha iniciado su camino legislativo, que también conllevará su tradicional atasco ante la falta de apoyos en el bloque de investidura.