Los jubilados toman Madrid este sábado para pedir una subida de las pensiones mínimas y defenderlas de la privatización

El futuro de las pensiones públicas vuelve a situarse en el centro del debate político. La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), junto a otros movimientos de pensionistas, ha convocado una manifestación en Madrid para este sábado 24 de octubre, con el objetivo de defender el sistema público de pensiones y reclamar mejoras en las prestaciones. La marcha partirá a las 12.00 del mediodía de la calle de Atocha y recorrerá el centro de la capital hasta la calle de Alcalá.

La convocatoria llega en un momento de creciente controversia sobre la sostenibilidad del sistema y el papel que deben desempeñar los mecanismos privados de previsión. Las declaraciones de dirigentes del PP y Vox sobre la viabilidad futura de las pensiones han reavivado la discusión, en un contexto marcado por la proximidad de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Desde COESPE destacan las “numerosas adhesiones” recibidas por la movilización, a la que se han sumado movimientos sociales, asociaciones vecinales, colectivos de pensionistas, sindicatos, entidades culturales, organizaciones juveniles y grupos ciudadanos de distintos puntos de España. La coordinadora aspira a convertir la protesta en una demostración de apoyo a los derechos sociales y a la solidaridad entre generaciones.

Subir las pensiones mínimas y recuperar el poder adquisitivo

Entre las principales exigencias de los convocantes figura la equiparación de la pensión mínima al salario mínimo neto. La organización reclama al Gobierno de coalición de PSOE y Sumar que cumpla sus compromisos y adopte medidas para garantizar que las prestaciones permitan mantener unas condiciones de vida dignas.

La actualización de las pensiones constituye otra de las prioridades de la plataforma. COESPE pide que las prestaciones se revaloricen conforme al IPC real y que se restablezca una paga compensatoria al final de cada año para recuperar el poder adquisitivo perdido. Con estas demandas, el colectivo busca reforzar la capacidad económica de los pensionistas ante el encarecimiento del coste de la vida.

La jubilación anticipada también ocupa un lugar destacado en sus reivindicaciones. La coordinadora reclama que, antes de que concluya la legislatura, se deroguen los coeficientes reductores que afectan a quienes hayan cotizado 40 años o más. Además, exige que se presente la auditoría de las cuentas de la Seguridad Social prevista en la ley, cuya publicación sigue pendiente según denuncia la organización.

COESPE alerta de los riesgos de la privatización

Más allá de las mejoras económicas, la movilización pretende frenar lo que la plataforma considera una amenaza para el modelo público de pensiones. COESPE denuncia los “continuos e intolerables intentos de privatización total o parcial” del sistema, según recoge Efe, y rechaza que los mecanismos privados ganen peso a costa de la protección colectiva que ofrece la Seguridad Social.

En particular, la coordinadora cuestiona la implantación y el impulso de los planes de pensiones de empleo (PPE) y de los fondos privados corporativos. A juicio de la organización, son “instrumentos diseñados para desviar el dinero de la caja común de la Seguridad Social hacia el beneficio de la banca y las aseguradoras”. La crítica sitúa en primer plano el debate sobre el papel de las entidades financieras en la previsión para la jubilación.

La convocatoria se presenta así como una llamada a defender un modelo de protección que, según los organizadores, debe garantizar ingresos durante la vejez con independencia de los intereses políticos o económicos de cada momento. La coordinadora resume su posición con un mensaje dirigido a los responsables públicos: “Gobierne quien gobierne, los derechos y las pensiones públicas se defienden”.

Una movilización en defensa de los derechos sociales

La marcha del 24 de octubre pretende trascender las reivindicaciones estrictamente económicas y reunir a distintos sectores sociales en torno a la defensa de los servicios públicos. COESPE sostiene que las decisiones que se adopten sobre las pensiones tendrán consecuencias no solo para los jubilados actuales, sino también para las generaciones que todavía están trabajando.

En su llamamiento a la ciudadanía, la organización defiende que “la lucha por las pensiones y los derechos públicos de hoy es la garantía de los derechos de mañana”. Con ese mensaje, busca ampliar la participación y convertir la manifestación en una expresión colectiva de respaldo al sistema público.

La coordinadora concluye su argumentación reivindicando el papel de las pensiones dentro del Estado social: “Las pensiones públicas no son un coste ni una carga, son salarios diferidos y un pilar fundamental de la cohesión social que el Estado tiene la obligación constitucional de garantizar”.