La muerte o la invalidez de un trabajador abre una brecha de ingresos en su familia: qué parte del sueldo cubren las pensiones

La muerte o la incapacidad permanente de uno de los principales sustentadores de una familia no solo supone un golpe emocional. También puede desencadenar un problema financiero que se prolongue durante años. Cuando desaparece uno de los salarios del hogar, las pensiones públicas de viudedad y orfandad pueden compensar parte de esa pérdida, pero no necesariamente permiten mantener el nivel de ingresos anterior.

Esa diferencia entre lo que una familia ingresaba antes y lo que recibe después de una contingencia es lo que se conoce como brecha de ingresos. Para calcularla hay que tener en cuenta las prestaciones públicas y privadas que podrían sustituir al salario perdido, pero también los gastos que seguirán existiendo. Hipoteca, educación, alimentación o suministros no desaparecen porque fallezca o quede incapacitado uno de los miembros de la pareja.

El problema puede ser especialmente delicado cuando la familia depende principalmente de un único sueldo. En esos casos, el patrimonio financiero acumulado puede consumirse en pocos años si no existe una fuente adicional de ingresos, señalan expertos de BBVA. De ahí que el seguro de vida pueda desempeñar un papel relevante: no elimina las consecuencias personales de una pérdida, pero sí puede proporcionar un colchón económico para afrontar la nueva situación con mayor estabilidad, inciden las mismas fuentes.

La pensión de viudedad no siempre sustituye la mitad del salario perdido

En España, la pensión de viudedad asciende, como regla general, al 52% de la base reguladora del fallecido. En determinados supuestos puede alcanzar el 60% o incluso el 70%, cuando se cumplen requisitos específicos relacionados con la edad, los ingresos o las cargas familiares.

Para un trabajador con una carrera de cotización estable, ese porcentaje puede traducirse aproximadamente en algo más de la mitad de sus ingresos de referencia. Sin embargo, la situación cambia para quienes tienen salarios elevados y cotizaciones próximas a la base máxima. En 2026, esta última se sitúa en 5.101,20 euros mensuales, mientras que la pensión máxima alcanza los 3.359,60 euros brutos al mes en 14 pagas.

Esto significa que la caída efectiva de ingresos puede ser superior a la que sugeriría un simple cálculo del 52%. Además, cuando existen hijos con derecho a pensión de orfandad, las prestaciones pueden repartirse dentro de los límites establecidos para las pensiones de muerte y supervivencia. En determinadas familias, por tanto, el dinero que entra en el hogar tras el fallecimiento puede quedar sensiblemente por debajo del salario que aportaba el trabajador.

La pensión de orfandad tiene límites

La pensión de orfandad equivale, con carácter general, al 20% de la base reguladora por cada hijo beneficiario, con determinados límites para el conjunto de las pensiones. Cuando no existe beneficiario de una pensión de viudedad, el porcentaje correspondiente puede aplicarse a favor de los huérfanos, incrementando su protección.

El derecho se reconoce, en términos generales, a los hijos menores de 21 años y, en determinados supuestos, puede mantenerse hasta los 25 años si no trabajan o sus ingresos no superan el límite establecido. También existen reglas específicas para quienes tienen una incapacidad para trabajar.

El resultado es que las prestaciones públicas pueden ofrecer una red de protección importante, pero no necesariamente garantizan que una familia pueda conservar durante años el mismo nivel de consumo. La diferencia adquiere todavía más importancia cuando hay una hipoteca, hijos pequeños o un solo trabajador como principal fuente de ingresos.

Menos prestaciones para los autónomos

El riesgo puede ser mayor entre los trabajadores por cuenta propia. Hasta 2022, los autónomos podían elegir su base de cotización entre determinados límites y una amplia mayoría optaba por bases reducidas. Desde 2023, el sistema vincula la cotización a los rendimientos netos, dentro de los tramos establecidos, con el objetivo de aproximar progresivamente las bases a los ingresos reales.

Aun así, muchos autónomos continúan eligiendo la base mínima de su tramo. La consecuencia es que, ante un fallecimiento o una incapacidad permanente, la prestación pública puede resultar inferior a la que recibiría un asalariado con ingresos similares. Las pensiones de los autónomos son entre un 36% y un 40% más bajas que las de los trabajadores por cuenta ajena del Régimen General.

Para una familia cuyo nivel de vida depende de los ingresos de un autónomo, esa diferencia puede convertir el seguro de vida en una pieza especialmente relevante dentro de la planificación financiera.

Cubrir cinco años de salario: la regla para calcular el seguro

Una de las fórmulas más sencillas para aproximar el capital que debería cubrir un seguro de vida consiste en multiplicar por cinco el salario neto anual del principal proveedor de ingresos. Si los dos miembros de la pareja tienen ingresos similares, la referencia podría situarse en torno a 2,5 veces el salario neto anual de cada uno.

La lógica es proporcionar un capital que permita transformar el dinero recibido en una fuente de ingresos durante un periodo prolongado. En una familia con dos hijos menores y un único gran generador de ingresos, por ejemplo, un seguro equivalente a cinco anualidades salariales podría contribuir, junto con las pensiones públicas, a mantener durante años un nivel de vida parecido al anterior.

Ese cálculo, sin embargo, no debería confundirse con una cifra universal. Una familia con una hipoteca elevada, varios hijos o gastos extraordinarios necesitará probablemente un capital mayor. El seguro destinado a cubrir la deuda hipotecaria debería calcularse, además, de forma separada.

Cuánto gasta la familia

Existe una segunda forma de determinar el capital necesario: calcular qué porcentaje de los ingresos familiares se destina realmente al consumo. Si una familia gasta, por ejemplo, el 80% de los ingresos de uno de sus miembros, el seguro debería permitir cubrir una parte equivalente de la brecha entre el salario perdido y las prestaciones públicas que recibiría la familia.

Para afinar todavía más la cifra, el método más sofisticado consiste en elaborar una radiografía completa de los ingresos y gastos que tendría el hogar después del fallecimiento o de una incapacidad permanente. La pregunta ya no es cuánto gana actualmente el trabajador, sino cuánto dinero necesitará realmente su familia cuando ese ingreso desaparezca.

La hipoteca merece, además, un capítulo propio. Si ambos miembros de la pareja trabajan y tienen ingresos similares, puede plantearse un capital adicional equivalente, al menos, al 50% de la deuda pendiente. Si el fallecido es el principal o único proveedor de ingresos, la cobertura podría llegar hasta el 100% del préstamo. El objetivo no es solo pagar una deuda, es evitar que la vivienda familiar se convierta en una carga imposible de asumir precisamente cuando los ingresos se han reducido.

A juicio de los expertos de BBVA, la protección financiera ante un fallecimiento no depende únicamente de cuánto paga la Seguridad Social de pensión. La clave está en conocer la diferencia entre los ingresos que desaparecerían y los recursos que seguirían entrando en el hogar. Esa brecha es la que debería determinar cuánto capital necesita una familia para afrontar el futuro sin que una tragedia personal termine convirtiéndose también en una crisis económica.