Alemania “apoya a la Corte Penal Internacional” y a su presidenta, Tomoko Akane. El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán ha manifestado el respaldo de su gobierno al organismo internacional tras la imposición de sanciones por parte de Estados Unidos contra la magistrada japonesa y otros miembros del tribunal.
En declaraciones citadas por la AFP, el portavoz alemán también expresó este miércoles que “es de importancia central defender y proteger a la Corte Penal Internacional como una institución independiente”. Estas declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión diplomática tras el anuncio realizado por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien confirmó la prohibición de entrada a Estados Unidos y la congelación de activos en el país para los funcionarios sancionados.
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EEUU sanciona a altos cargos de la CPI por “abusar maliciosamente de su autoridad”
Las sanciones afectan a la Tomoko Akane, presidenta de la CPI; y al juez senegalés Abdoulaye Seye, quien actualmente sustituye al fiscal de la corte. Según Rubio, ambos “se han involucrado directamente en los intentos de la CPI para investigar, arrestar, detener o perseguir a funcionarios cuyos gobiernos no reconocen la jurisdicción” del tribunal con sede en La Haya.
La administración estadounidense argumenta que la CPI ha excedido su mandato y ha actuado de manera politizada, especialmente en investigaciones relacionadas con las autoridades israelíes, país aliado de Washington, por las órdenes de arresto emitidas contra el primer ministro Netanyahu y Yoav Gallant, exministro de Defensa.
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En respuesta a las medidas, la CPI difundió un comunicado en el que rechaza las presiones y advierte que este tipo de acciones “socavan el Estado de derecho”. El tribunal aseguró que continuará desempeñando sus funciones “con independencia e imparcialidad” y de acuerdo con el Estatuto de Roma, el tratado que fundamenta su existencia. También Ursula von der Leyen -presidenta de la Comisión Europea- y António Costa -presidente del Consejo Europeo- han trasladado su respaldo a la Corte Penal Internacional, así como “a los funcionarios que defienden su misión”.

Washington intensifica la presión sobre la Corte Penal Internacional
Las sanciones estadounidenses se inscriben en la campaña impulsada por el gobierno del presidente Donald Trump para desmantelar la CPI. Washington mantiene su negativa a reconocer la jurisdicción del tribunal sobre sus ciudadanos, al no haber ratificado nunca el Estatuto de Roma. Esta postura se extiende a la parte israelí, que tampoco es firmante.
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La Casa Blanca ya había impuesto en febrero de 2025 restricciones y sanciones a funcionarios del tribunal por investigaciones sobre presuntos crímenes cometidos por personal estadounidense en Afganistán y por actuaciones contra altos cargos israelíes.
Las medidas anunciadas por Washington incluyen la prohibición de entrada en Estados Unidos y la congelación de activos en el sistema financiero estadounidense para los funcionarios sancionados. Por su parte, la CPI calificó las sanciones de “ataque flagrante” a su independencia y reiteró que continuará su labor conforme al derecho internacional.
A mediados de julio, la UE reafirmaba un “apoyo inquebrantable” a la CPI, la “piedra angular del sistema de justicia internacional”, según Kaja Kallas, alta representante de la UE para la Política Exterior. “En un momento en que las violaciones del derecho internacional, incluidos el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, siguen causando un inmenso sufrimiento, la rendición de cuentas sigue siendo indispensable para la justicia, para la prevención de futuras atrocidades y para una paz sostenible”, dijo.
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