El de 2026 está siendo un verano especialmente complicado en cuanto a incendios forestales. Entre los más graves se encuentra el registrado en julio en Burgohondo (Ávila), que destruyó más de 50.000 hectáreas, y el ocurrido en agosto en Niebla (Huelva), con 33.000 hectáreas calcinadas, si bien hay otros como el de Las Peñas de Riglos (Huesca) que permanecen activos y aún queda la segunda quincena de agosto por delante, uno de los periodos más críticos. Además, este verano también se registró en la localidad almeriense de Los Gallardos el incendio más mortífero de los registrados en España en el siglo XXI, que dejó 14 muertos.
Según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), entre el 1 de enero y el 17 de agosto de este año, la superficie forestal afectada por incendios asciende a 254.730 hectáreas, por lo que, por primera vez desde el arranque de la campaña de 2026, la superficie quemada se sitúa por debajo de la registrada en el mismo periodo de 2025. El pasado año ya se habían quemado hasta el 17 de agosto 295.580 hectáreas -debido fundamentalmente a los grandes incendios de mediados de agosto en Orense, León y Zamora-, lo que supone 41.000 hectáreas más que las afectadas hasta el momento.
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“Aunque los últimos datos señalan que a estas alturas de agosto tenemos cifras de hectáreas afectadas por debajo de las registradas en el mismo periodo de 2025, no podemos bajar la guardia. Todavía quedan días complicados por delante. Vamos a tener temperaturas muy altas hasta mediados de esta semana. Así que insisto en una llamada a la máxima precaución”, señaló este martes la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, en un comunicado. Además, la estadística del Miteco no incluye algunos de los incendios más recientes, ya que todavía no se han dado por extinguidos.
Más prevención, inversión y mejor gestión forestal
Ante este contexto, organizaciones como Greenpeace aseguran que para abordar la nueva era de grandes y virulentos incendios forestales “se requiere, ante todo, voluntad política para hacer efectivas las medidas ya consensuadas por numerosos actores profesionales, expertos en extinción de incendios, de la academia y de la sociedad civil”. La organización también destaca que no solo han sido factores como el calor extremo y el estado de la vegetación lo que han propiciado los fuegos este verano, sino que también han influido diversas negligencias, como el uso de maquinaria en periodos prohibidos por el elevado riesgo de incendio.
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De hecho, el 95% de los incendios forestales que se registran cada año están provocados por el ser humano, mientras que solo el 5% se debe a rayos. Entre los incendios con causa identificada, la mayoría responde a acciones humanas; de estos, el 53% son provocados de forma intencionada y el 28% resultan de negligencias o accidentes.
2026 podría finalizar con peores datos
Greenpeace advierte que la evolución de los incendios forestales hacia episodios de alta peligrosidad “es mucho más rápida de lo que se esperaba”, por lo que la organización subraya la necesidad de reforzar la prevención, adaptar el territorio al riesgo y anticipar la respuesta al fuego. La organización lamenta que, aunque el verano de 2025 resultó catastrófico —especialmente entre el 8 y el 18 de agosto, cuando se quemó una amplia extensión del noroeste del país—, “este año las cifras podrían ser peores”.
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“Es desesperante que doce meses después, lejos de haber aprendido algo, aquel escenario vuelva a repetirse y empeorar. Y lo hace superando récords, con cifras dramáticas e incendios históricos. Los cambios legislativos, fiscales y presupuestarios para atajar este problema han sido ya consensuados y presentados públicamente en años anteriores. Pero la clase política no está a la altura”, denuncia Miguel Ángel Soto, responsable de la campaña de bosques en Greenpeace España.
El especialista también advierte de la vulnerabilidad en la interfaz urbano-forestal, pues aunque existen planes de emergencia y autoprotección, en muchas ocasiones “no están adaptados a la intensidad actual de los fuegos, que pueden superar cortafuegos y ríos debido a condiciones meteorológicas extremas, como vientos fuertes”, explica a Infobae, si bien también indica que la falta de preparación de la población y la transformación del entorno rural agravan el problema. “Muchas zonas antes destinadas a cultivos o pastoreo ahora están cubiertas de matorrales y árboles, ya que la ganadería y la agricultura tradicionales han desaparecido tras el éxodo rural y la mecanización del campo. Esto ha dado lugar a un paisaje muy vulnerable, en el que la vegetación acumulada facilita la propagación de incendios, y revertir esta situación requiere décadas y un cambio estructural, no respuestas simples”, resume.
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Para Greenpeace, que ante todo destaca la importancia de la prevención, las soluciones requieren una educación ambiental extendida, una gestión activa del territorio y la adaptación de las zonas de mayor riesgo, así como la implicación de la sociedad en la autoprotección y la preparación ante emergencias cada vez más extremas. También consideran que la restauración de las zonas degradadas y la protección de los suelos resultan imprescindibles para evitar la pérdida de biodiversidad y fortalecer la capacidad de los paisajes para resistir y recuperarse.

Los incendios de este año han costado entre 2.000 y 3.800 millones
La organización ecologista calcula que, en lo que va de año, los grandes incendios forestales han supuesto un coste aproximado de entre 2.000 y 3.800 millones de euros, sin incluir las indemnizaciones, los daños a infraestructuras, las pérdidas económicas ni el deterioro de los servicios ecosistémicos. Por ello, tanto Greenpeace como otras entidades expertas reclaman una inversión de 1.000 millones de euros anuales en prevención, una apuesta que, a su juicio, permitiría reducir el riesgo y los costes de extinción y avanzar hacia unos paisajes más resilientes frente a los grandes incendios.
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Desde la organización WWF también reclaman “superar un modelo centrado principalmente en la extinción y avanzar hacia una estrategia integral de adaptación del territorio” basada en la prevención social, la gestión del paisaje y la preparación de la población. Asimismo, exigen un mayor esfuerzo en la investigación de las causas y sus motivaciones, mejorar la identificación de causantes y la aplicación efectiva de sanciones, así como programas de sensibilización en zonas de alto riesgo y planes de gestión del paisaje.
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