Evitar otro verano de fuego en España requiere más prevención, inversión y mejor gestión forestal: “No son catástrofes impredecibles”

Con más de 350.000 hectáreas arrasadas por el fuego, el 2025 marcó un antes y un después en la historia de los incendios forestales en España. Una grave crisis que, según explica Greenpeace en un nuevo informe, puso en evidencia las carencias del sistema de prevención y gestión de emergencias, además de aumentar las advertencias sobre la posibilidad de nuevos episodios similares. La organización recuerda que, aunque descendió el número total de siniestros respecto a décadas anteriores, se triplicaron los grandes incendios forestales respecto a la media (63 frente a 18), fenómeno atribuido en gran parte a las intensas olas de calor. Las consecuencias, además, fueron dramáticas: 8 fallecidos, más de 42.000 evacuaciones, daños en infraestructuras, pérdidas económicas de hasta 6.700 millones de euros y un grave impacto sobre la biodiversidad.

En su informe Grandes incendios forestales en España: qué ocurrió en 2025 y qué debe cambiar, Greenpeace pide actuar a las diferentes administraciones, poniendo el foco en la prevención y en los impactos posincendios, pues en lo que va de año ya se ha superado la media de los últimos diez años en superficie afectada por el fuego, con nueve grandes incendios forestales. En estos meses de 2026, la superficie quemada casi se ha triplicado con respecto a 2025, y el periodo estival apenas acaba de empezar.

“Los incendios de 2025 parecen algo del pasado, pero sus consecuencias siguen muy presentes. La población de las zonas afectadas aún lidia con las secuelas del fuego. Debemos exigir medidas de restauración en las zonas devastadas, visibilizar los impactos que perduran tras las llamas y reforzar la prevención para evitar que en 2026 volvamos a perder tanto porque este año pinta ya muy mal”, ha explicado este lunes Mónica Parrilla, responsable de la campaña de Incendios de Greenpeace. Además, diversas entidades científicas y forestales señalan que lo ocurrido en 2025 “no fue impredecible”, ya que tras los graves incendios de 2006, 2012, 2017 y 2022, ya existían advertencias y propuestas que no llegaron a concretarse. La intensidad y el avance de los fuegos en 2025 terminaron superando la capacidad de respuesta.

Un año después de los devastadores incendios de 2025, que afectaron sobre todo a Galicia y Castilla y León, Greenpeace advierte que “el aspecto de algunos pueblos afectados sigue siendo desolador". “En numerosas zonas la severidad ha sido tan alta que ni las abundantes lluvias del invierno han logrado hacer brotar una sola brizna de hierba. La negrura del suelo erosionado llega a apreciarse hasta casi 20 centímetros por debajo de la superficie y el olor a quemado todavía persiste en algunas laderas", critica Parrilla.

La organización destaca en su informe que más del 95% de los incendios fueron provocados directa o indirectamente por actividades humanas (quemas agrícolas, negligencias, accidentes o intencionalidad), aunque las condiciones meteorológicas extremas, vinculadas al calentamiento global, también multiplican la probabilidad, extensión y severidad de los incendios. Señala, además, como causas principales de los incendios el abandono rural y la gestión deficiente del territorio, factores que incrementan la acumulación de biomasa y vuelven el paisaje más susceptible al fuego. Además, denuncian la falta de coordinación entre instituciones y sus contradicciones, ya que “dificultaron la comprensión del problema y desviaron el debate de las causas y soluciones reales”.

Propuestas para evitar nuevas tragedias

El informe de Greenpeace hace un llamamiento urgente a afrontar los incendios forestales “no como catástrofes impredecibles, sino como la consecuencia de causas estructurales que pueden y deben corregirse". Para evitar una tragedia como la del año pasado, aseguran, la solución pasa por la prevención, la gestión activa del territorio, la corresponsabilidad social y la adaptación decidida al nuevo escenario climático.

Entre las principales propuestas de la organización se encuentra la necesidad de alcanzar un Pacto de Estado frente a la emergencia climática, con una financiación estable y la participación activa de la sociedad y la comunidad científica. Plantean una estrategia de prevención integral que incluya educación ambiental, vigilancia reforzada, campañas informativas, diálogo permanente con el entorno rural e investigación de las causas de los incendios. Además, la organización propone destinar al menos 1.000 millones de euros anuales a la gestión forestal preventiva y establecer incentivos fiscales que fomenten la gestión y agrupamiento de los terrenos forestales.

Las medidas que proponen también contemplan la obligatoriedad de que todos los municipios cuenten con planes preventivos y de emergencia, así como el cumplimiento estricto de la Ley de Montes. Se subraya la importancia de restaurar de forma inmediata y efectiva los ecosistemas afectados y de suspender temporalmente la caza en las zonas incendiadas.

Greenpeace también recuerda la importancia de fortalecer la cooperación internacional, especialmente con Portugal, armonizando protocolos y recursos, así como reforzar la investigación penal y la inspección, endurecer las sanciones por negligencias y delitos relacionados con el fuego y dar mayor protagonismo al mundo rural, facilitando la participación local y el uso de prácticas tradicionales sostenibles.