De la ayuda organizada a la “solidaridad clandestina”: el clima político y el temor a represalias transforman la respuesta de Ceuta ante la llegada masiva de migrantes

La diferencia entre la entrada irregular el pasado jueves de unas 72.000 personas migrantes a Ceuta desde Marruecos y la que tuvo lugar en 2021, cuando ingresaron a la ciudad unas 10.000, no se limita al número, sino al contexto de tensión geopolítica y social que se vive a día de hoy, tanto a nivel nacional como europeo, marcado por la desinformación y los bulos en redes sociales y la presión institucional ejercida por la derecha y ultraderecha.

En esta ocasión también ha sido diferente la reacción del Gobierno de Ceuta, que se ha mostrado especialmente crítico con la gestión del Ejecutivo central al asegurar que la respuesta a la crisis “ha sido tardía e insuficiente”. El presidente de la ciudad autónoma, el popular Juan José Vivas, ha explicado que advirtió con varios días de antelación sobre el riesgo de una posible crisis en la frontera y que solicitó la activación de un mecanismo excepcional previsto en la Ley de Seguridad Nacional para establecer un mando único que coordinara las actuaciones, pero la petición “no fue atendida por el Gobierno”. Según explica a Infobae el analista político Ahmed, que prefiere no desvelar su verdadero nombre por su seguridad, “todo este escenario ha generado un clima muy adverso” en Ceuta y, ahora, incluso la solidaridad de la población “ha cambiado” respecto a la crisis de 2021, cuando Marruecos relajó las medidas de control y miles de personas entraron a la ciudad, desbordando los servicios de emergencia y acogida.

“En 2021, mucha gente se organizó para dar una respuesta solidaria que fue ejemplar y, en esta ocasión, se puede decir que hay una solidaridad ‘clandestina’ por el temor a que un vecino pueda criminalizarte o acusarte de traición. Hay un ambiente muy feo e imágenes que son muy difíciles de digerir”, explica Ahmed al otro lado del teléfono desde Ceuta, donde reside este español de origen magrebí.

Aunque el centro de la ciudad va recuperando poco a poco la normalidad, asegura que en la periferia la situación es muy diferente. “En las zonas más alejadas del centro hay servicios que siguen sin funcionar bien y eso es una decisión deliberada [por parte de las autoridades] respecto a las personas que se quieren quedar aquí. Las redadas policiales también han hecho que estas personas se oculten en las callejuelas de la periferia”, explica Ahmed.

Unos 2.000 migrantes siguen en Ceuta

Según las cifras que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ofreció este martes en rueda de prensa tras la reunión con los ministros del Interior de la Unión Europea, 70.000 de las 72.000 personas que entraron a Ceuta la semana pasada ya han regresado a Marruecos, por lo que quedarían en la ciudad autónoma unas 2.000 migrantes, de los que muchos son menores de edad. De momento, Ceuta atiende a casi 900 menores no acompañados, una cifra que se ha cuadruplicado en apenas unos días y podría ser más elevada, ya que otros deambulan por las calles o permanecen escondidos.

Ahmed también señala que, dentro de la comunidad marroquí, existe “una sensación de doble pena”: por un lado, al constatar que muchos compatriotas “han sido instrumentalizados, utilizados como carne de cañón”, y por otro, al observar cómo son criminalizados, explica.

Respecto a la reunión que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mantuvo el martes con sus homólogos europeos, Ahmed considera que, aunque el Gobierno haya dado por zanjada la crisis con la mayoría de los socios al mostrar su apoyo, lamenta que tanto España como Europa “hayan dejado de lado principios como la dignidad humana y la solidaridad”. El analista también critica el uso de un lenguaje belicista por parte de la derecha y la extrema derecha, que, según él, ha contribuido a deshumanizar a los migrantes y a romper los compromisos fundacionales de cooperación y protección de las personas en el continente.

Ahmed también insiste en que ni la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Ejecutivo ni la reciente sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe las “devoluciones en caliente” de los extranjeros que lleguen a nado a las dos ciudades autónomas han motivado la situación actual, al tiempo que pide evitar narrativas que criminalicen a quienes defienden los derechos de las personas migrantes.

Por el momento y, según los datos de la ONG Caminando Fronteras, al menos 141 personas han fallecido en esta tragedia, una cifra que podría aumentar en los próximos días, según ha indicado la organización humanitaria, que recopila datos sobre víctimas de las rutas migratorias hacia España desde hace más de una década.