Organizaciones de derechos humanos piden protección urgente para los menores llegados a Ceuta: “Garantizar su correcta identificación es prioritario”

Las principales organizaciones de infancia y derechos humanos han trasladado al Gobierno su preocupación por la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que han llegado a Ceuta desde Marruecos y han reclamado una respuesta coordinada que sitúe el interés superior de los menores “en el centro de todas las decisiones”.

“Tienen derecho a ser protegidos, con independencia de su nacionalidad, situación administrativa o forma de llegada a España, de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico interno, así como con la Convención sobre los Derechos del Niño. En este contexto, resulta prioritario garantizar su correcta y pronta identificación, proporcionarles un lugar digno y seguro, cubrir sus necesidades básicas de alimentación, alojamiento y atención sanitaria”, señalan las asociaciones firmantes en un comunicado, entre las que se encuentran la Plataforma de Infancia, Fundación Raíces, Asociación Elín, Asociación EXMENAS, Asociación Pro Derechos Humanos España, Coordinadora de Barrios para el seguimiento de Menores y jóvenes, Extranjeristas en Red, Servicio Jesuita de Migrantes y Save the Children.

Las organizaciones consideran fundamental realizar una evaluación individualizada de cada menor para detectar posibles necesidades específicas, incluidas las relacionadas con la protección internacional, la trata de personas o circunstancias de especial vulnerabilidad. También destacan la importancia de garantizar el acceso a información comprensible, asistencia jurídica especializada y servicios de interpretación.

Ante denuncias de repatriaciones sin garantías legales, recuerdan que la expulsión automática de menores contraviene la normativa vigente. “Cualquier decisión debe adoptarse tras escucharlos, valorar su situación individual y determinar cuál es la solución que mejor responde a su interés superior. En caso de que se opongan, la repatriación solo podrá realizarse siguiendo el procedimiento legalmente establecido, cumpliendo con todas las garantías, incluido su derecho a oponerse en sede judicial, garantizando la asistencia letrada independiente y analizando las circunstancias en su país de origen”, explican.

Asimismo, reclaman la identificación de todos los menores para poder localizar a sus familias y, en caso de considerar la repatriación como la mejor alternativa, aseguran que debe evitarse la simple entrega a las autoridades marroquíes. Los menores en situación de desamparo, añaden las organizaciones, deben ser inscritos automáticamente en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados y tutelados por las autoridades españolas.

Respetar la presunción de minoría de edad

También insisten en que debe respetarse el principio de presunción de minoría de edad y, en caso de duda, reconocer la condición de menor. Además, los solicitantes de protección internacional deben poder acceder al procedimiento de asilo y no pueden ser repatriados hasta que su situación haya sido evaluada.

Los colectivos expresan su preocupación por la situación de quienes permanecen en las inmediaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y la playa de Ceuta, donde podrían encontrarse menores aún no identificados y personas en situación de especial vulnerabilidad. Solicitan, por ello, que se garantice de forma inmediata el acceso a agua, alimentos, atención sanitaria y asistencia humanitaria, con especial atención a las niñas en situación de calle.

Según las cifras que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ofreció este martes en rueda de prensa tras la reunión con los ministros del Interior de la Unión Europea, 70.000 de las 72.000 personas que entraron a Ceuta la semana pasada ya han regresado a Marruecos, por lo que quedarían en la ciudad autónoma unas 2.000 migrantes. De ellos, muchos son menores de edad.

Gobiernos de PP y Vox se oponen a acoger menores procedentes de Ceuta

Los Ejecutivos autonómicos de Castilla y León, Extremadura y Aragón, todos ellos formados en coalición por el PP y Vox, ya han anunciado que se opondrán al reparto de menores migrantes no acompañados llegados a Ceuta la semana pasada, tal y como consta en los pactos suscritos entre ambas formaciones, pese a que están obligados por ley a acogerlos. Estas regiones también han señalado que no destinarán más recursos ni habilitarán nuevos centros de acogida de migrantes e incluso, en el caso del Gobierno de Aragón, ha asegurado que utilizará “todos los instrumentos legales, jurídicos y políticos” a su alcance para oponerse a cualquier decisión que considere una vulneración de sus competencias o que comprometa la capacidad de sus servicios públicos.

Por su parte, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha dicho este miércoles que el reparto de estos menores entre regiones, en caso de producirse, tendrá que ser “justo, bien dotado y planificado”. Así lo ha asegurado en una entrevista en Onda Cero, donde ha insistido en que el Gobierno de España tiene que hacerse cargo de la situación y aclarar cuántos menores hay en las calles de Ceuta.

Por el momento y, según los datos de la ONG Caminando Fronteras, al menos 141 personas han fallecido en la reciente entrada masiva, una cifra que podría aumentar en los próximos días, según ha indicado la organización humanitaria, que recopila datos sobre víctimas de las rutas migratorias hacia España desde hace más de una década.