La regularización de migrantes registra casi 1,2 millones de solicitudes: el 67% procede de América Latina

La regularización extraordinaria de migrantes ha registrado un total de 1.170.000 solicitudes, una cifra que duplica las previsiones iniciales del Gobierno, y de ellas, el 52%, 608.000, ya están tramitándose. Así lo ha confirmado este jueves la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que ha explicado en un vídeo remitido a la prensa que ese número de peticiones “pone en valor la necesidad de llevar a cabo un procedimiento de este tipo, que permitirá que cientos de miles de personas que ya residen en España pero con miedo y sin derechos, afronten el futuro con ilusión y con esperanza”.

“En estos momentos ya contamos con más de 608.000 expedientes en tramitación, lo que supone casi el 52% del total de las solicitudes presentadas”, ha señalado Saiz, que ha recordado que la admisión a trámite ya conlleva un permiso provisional para residir y trabajar en todo el país. “Estamos ante un procedimiento exitoso, un verdadero hito de nuestra política migratoria y un trabajo colectivo del que podemos sentirnos muy orgullosos”, ha añadido la ministra.

Cataluña y Comunidad de Madrid a la cabeza

Las comunidades autónomas donde se han registrado un mayor número de solicitudes han sido Cataluña, con más de 257.000; Madrid, con 202.000; la Comunidad Valenciana, con 167.000, y Andalucía, con 161.000.

En cuanto a la procedencia de los solicitantes, la también portavoz del Gobierno ha desvelado que el 67% de ellos proceden de América Central y América del Sur. En concreto, Colombia concentra el 26% del total de solicitudes, seguida por Marruecos, con un 13,4%; Venezuela (11,7%) y Perú (8,8%).

Obstáculos durante el proceso

Desde que la regularización comenzó el pasado 16 de abril y hasta el 30 de junio, último día para presentar las solicitudes, el proceso ha estado marcado por los numerosos obstáculos administrativos y consulares que han afrontado miles de personas migrantes para reunir la documentación exigida.

Durante las primeras semanas del proceso, quienes debían presentar el certificado de vulnerabilidad—aquellas personas sin contrato de trabajo en España y sin hijos menores a cargo— encontraron grandes dificultades para obtenerlo, más aún cuando no estaban empadronadas. La situación fue mejorando a medida que más organizaciones sociales fueron autorizadas por Extranjería para gestionar este documento. De hecho, estas entidades han desempeñado un papel clave como intermediarias entre las personas migrantes y la administración pública, facilitando la gestión de los trámites durante todo el proceso y asesorando de forma gratuita a quien lo necesitaba.

También ha habido retrasos importantes durante el proceso en las citas para obtener los antecedentes penales, sobre todo en consulados y embajadas de países como Gambia, Guinea Conakry, Senegal, Argelia y Cuba. Al no contar con la certificación de la apostilla de La Haya, que permite validar documentos de forma ágil, la gestión se ha complicado y ha prolongado los tiempos de espera. En los países que no forman parte del Convenio de La Haya, este certificado tiene que seguir necesariamente la vía diplomática y, en el caso de Argelia, según ha denunciado la plataforma Regularización Ya, la situación ha sido especialmente preocupante.

La plataforma también ha criticado los elevados costes de los trámites, la intervención de abogados y la exigencia de compulsas notariales en algunos consulados. En las últimas semanas también se han reportado quejas porque, en muchos casos, “el Gobierno no ha respetado el plazo máximo de 15 días para admitir a trámite las solicitudes" y conceder la autorización provisional.

Pese a todos los obstáculos, se trata de una regularización histórica: el último proceso de estas características en España tuvo lugar en 2005, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que concedió permisos de residencia y trabajo a cerca de 600.000 personas. La actual regularización ocurre en un escenario muy diferente, ya que el contexto económico, la presión migratoria en las fronteras sur de Europa y la presencia de nuevas comunidades migrantes han transformado el debate público.