La Guardia Civil tendrá que dar explicaciones ante la jueza María Tardón por la entrada masiva de miles de migrantes en Ceuta

La magistrada-jueza María Tardón Olmos, del Tribunal Central de Instrucción de Madrid, ha ordenado a la Jefatura de Información de la Guardia Civil que rinda cuentas sobre el dispositivo desplegado en Ceuta durante la entrada masiva de decenas de miles de migrantes procedentes de Marruecos los días 30 y 31 de julio. La providencia, dictada en el marco de unas diligencias previas por un delito “contra la paz e independencia del Estado”, suma una dimensión judicial a una crisis que ya acumula al menos 79 muertos confirmados.

El auto, al que ha tenido acceso Infobae, impulsado por la asociación Iustitia Europa y el Ministerio Fiscal, exige a la Guardia Civil información sobre tres frentes. El primero abarca el detalle de las operaciones de rescate en aguas territoriales españolas. El segundo se refiere a los fallecidos: la jueza pide que conste la causa y la fecha de cada muerte, así como el traslado de los cadáveres al Hospital Militar de Ceuta, donde la Delegación del Gobierno confirmó que se realizan las autopsias y los procesos de identificación. El tercero atañe a los supervivientes: sus datos de identidad y localización recabados por los efectivos desplegados en el territorio.

Pero el punto de mayor calado político y operativo del requerimiento judicial es el cuarto: la jueza Tardón Olmos pregunta expresamente si alguna unidad de la Guardia Civil en Ceuta recibió alertas previas a los hechos que pudieran haber anticipado su magnitud. Esta pregunta adquiere especial peso a la luz de lo que ya se conoce sobre los días anteriores al estallido de la crisis. El sindicato Independientes de la Guardia Civil (IGC) describía el 24 de julio una “difícil situación” para los agentes en Ceuta por el “incremento de las entradas de migrantes por vía marítima”, y a 27 de julio la Delegación de Gobierno ya alertaba de una “presión extraordinaria” sobre los recursos de acogida.

Ya son 79 las personas que han muerto en el mar

La crisis se desencadenó el 30 de julio, cuando miles de personas procedentes de territorio marroquí comenzaron a cruzar la frontera a nado por los espigones de El Tarajal y Benzú, con una segunda oleada al día siguiente. Según datos de la Delegación del Gobierno, la Guardia Civil recuperó del mar los cuerpos de 75 personas fallecidas, cifra que el propio Instituto de Medicina Legal (IML) de Ceuta elevó posteriormente a 79. Al menos 44 personas, en su mayoría jóvenes y menores de edad, permanecen en paradero desconocido y sus familias las buscan. Para atender estas denuncias, la Guardia Civil habilitó una oficina en las dependencias de aduanas de El Tarajal, abierta de 8:00 a 21:00 horas, y un correo electrónico específico para la recepción de información sobre desaparecidos.

El contexto previo al desbordamiento fronterizo apunta a una cadena de señales que no se tradujeron en medidas preventivas suficientes. El Ministerio de Exteriores de Marruecos aseguró en un encuentro con la prensa internacional que Rabat avisó a España en torno al 22 o 23 de julio de que la sentencia del Tribunal Supremo español del 8 de julio —que ilegalizó las expulsiones inmediatas de quienes llegan por mar— iba a “generar un problema”. “Lo que pasó el 8 de julio es que un juez español desactivó el elemento disuasorio”, indicaron fuentes marroquíes, que reconocieron que las fuerzas de seguridad de su país se vieron superadas por el volumen de personas. “Si tienes a 40.000 personas, ¿a cuántas fuerzas de seguridad necesitarías?”, planteó.

El mismo funcionario atribuyó la escalada a la viralización de mensajes en redes sociales y a la actividad de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de migrantes, que habrían aprovechado el cambio normativo para intensificar el “efecto llamada”. Desde Madrid, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, responsabilizó a las mafias por la crisis y descartó que Marruecos represente una amenaza, al calificarlo de “socio absolutamente fiable”.

Aproximadamente 73.000 personas regresaron a Marruecos de forma voluntaria tras el pico de la crisis, según datos del Gobierno publicados el pasado domingo. Alrededor de 2.500 permanecen en territorio español en situación irregular, aunque las autoridades locales de Ceuta elevan esa cifra y estiman en 80.000 las entradas totales. La Guardia Civil continúa el rastreo del entorno fronterizo del Tarajal, donde pueden aparecer más cuerpos de personas fallecidas por ahogamiento o aplastamiento.