La entrada irregular el pasado 30 de julio de las 72.000 personas migrantes a Ceuta, según las últimas cifras del Gobierno, es una muestra más de que la inmigración es un arma de presión política y no es la primera vez que Marruecos la usa contra España, ya que también ocurrió en mayo de 2021, cuando permitió la llegada de cerca de 10.000 personas a esta misma ciudad tras relajar los controles fronterizos. Esa crisis se originó como represalia por la acogida humanitaria en España del líder del Frente Polisario saharaui, Brahim Ghali, para que fuera tratado de Covid-19 en un hospital de Logroño.
Ahora también son muchas las voces críticas que consideran que este último cruce masivo a Ceuta no habría sido posible sin una intervención directa del reino alauita, aunque el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha evitado desde un principio señalar a Rabat y ha atribuido el problema a factores externos y redes de mafias. De hecho, el Gobierno considera a Marruecos “un socio leal con el que mantiene una estrecha colaboración basada en la confianza mutua” y, este mismo martes, tras la reunión de los ministros del Interior de la Unión Europea para analizar la crisis en Ceuta, Fernando Grande-Marlaska explicó ante la prensa que todos han reconocido “el trabajo eficaz de las autoridades españolas” y que han puesto en valor el trabajo de coordinación con Marruecos, país con el que “se ha trabajado de manera firme para evitar tragedias humanas antes y después del 30 de julio”.
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Sin embargo, según han señalado diferentes expertos y analistas, existen varios motivos por los que Marruecos habría permitido la crisis en la frontera con Ceuta. Uno de ellos sería la reclamación histórica de Marruecos sobre la soberanía de la ciudad autónoma, mientras que también ha podido influir el malestar de Rabat por la reciente visita de Pedro Sánchez a Argelia, país rival por la influencia regional y aliado del Frente Polisario en el conflicto del Sáhara Occidental. La tercera de las hipótesis que apuntan algunos expertos es la aprobación en el Congreso de una ley que permite a los saharauis solicitar el pasaporte español, propuesta que contó con el apoyo del PSOE.
El Ministerio del Interior señala que otra posible causa del cruce hacia Ceuta es la actuación de redes de tráfico de personas, que estarían “instrumentalizando una sentencia” del Tribunal Supremo que establece que cualquier persona que ingrese en territorio español tiene derecho a asistencia jurídica y a que las autoridades analicen su situación de manera individual.
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Pero, independientemente de esas posibles causas, organizaciones sociales como porCausa o el movimiento Regularización Ya tienen claro que el Gobierno marroquí aplica “una represión sistémica” tanto sobre su pueblo como con las personas migrantes y critican que en la zona de Castillejos se registran muertes en el mar y episodios de tensión de forma constante.
Entre las prácticas documentadas por distintas organizaciones humanitarias destacan el uso de la fuerza, el abandono de migrantes sin recursos a más de 1.000 kilómetros de la frontera norte y traslados forzados al desierto, acciones que, según explica la fundación porCausa, han reducido los flujos de personas provenientes del África subsahariana a través de Marruecos, incrementado la utilización de la ruta canaria hacia España, considerada como una de las más peligrosas del mundo.
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“La mano dura de Marruecos hace que los flujos se desvíen hacia Canarias y esa mano dura está financiada por la Unión Europea y por el Estado español a través de la externalización de fronteras”, indica a Infobae Lucila Rodríguez-Alarcón, directora general de porCausa.
Un resumen cronológico de la crisis migratoria que sacudió la ciudad española de Ceuta, mostrando la llegada masiva de migrantes desde Marruecos, la declaración de emergencia nacional, el despliegue del ejército y las medidas adoptadas por el Gobierno.
Reclaman respuestas humanitarias
Desde el movimiento Regularización Ya, que critica que se responsabilice únicamente a Marruecos de la crisis en Ceuta, señala “la hipocresía de España y Europa” al financiar el control migratorio marroquí “pese a las violaciones de derechos humanos que comete su gobierno”, al tiempo que denuncia la militarización de un conflicto “que requiere respuestas humanitarias”.
“Ya hay cerca de cien personas fallecidas. Lo que ha ocurrido en Ceuta es de una deshumanización que alarma. Pero claro, si hemos normalizado un genocidio en Gaza, qué no podemos normalizar en las puertas de la Europa fortaleza, que acumula miles de muertos en los últimos años en la fosa más grande que es el Mediterráneo ¿Qué más tiene que pasar?”, se pregunta la activista Victoria Columba, una de las portavoces de Regularización Ya.
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Esta última crisis en Ceuta ha vuelto a poner en primer plano la compleja relación entre España y Marruecos, así como los desafíos que enfrenta Europa en la gestión de sus fronteras exteriores. Y aunque el Gobierno español haya dado por zanjada este martes la crisis abierta con la UE, después de que muchos países criticaran su política migratoria -especialmente medidas como la reciente regularización de migrantes-, las distintas reacciones institucionales y sociales muestran la dificultad para encontrar respuestas que prioricen los derechos humanos y la protección de las personas migrantes.
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