El nuevo reglamento europeo ante una crisis migratoria de “fuerza mayor” que podría debutar con Ceuta y cómo cambiaría la protección de su frontera

La crisis migratoria de Ceuta ha puesto sobre la mesa un debate sobre el funcionamiento del espacio Schengen. Desde su creación en 1985, este acuerdo permite la libre circulación de personas entre 29 países europeos, eliminando los controles fronterizos internos. Controles que la presidente de Italia, Giorgia Meloni, ha restablecido este sábado al suspender Schengen temporalmente con España ante lo sucedido en Ceuta. Además, Italia junto a Dinamarca y otros 20 países han impulsado una reunión -que también había solicitado Pedro Sánchez- para mejorar la coordinación en las fronteras exteriores de la UE, una cumbre que se celebrará el próximo martes.

Muchos de los países que componen el tratado Schengen tienen límites territoriales con naciones fuera del grupo. Y todos los Estados participantes deben aplicar controles rigurosos para garantizar la seguridad y el control migratorio de personas. Sin embargo, no se aplica la misma normativa para todos. Ceuta supone un contexto diferente por su estatus concreto respecto a otras fronteras.

La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) coordina la vigilancia y apoya a los países en la gestión de flujos migratorios y en situaciones de crisis. Tras la polémica y el estallido de la crisis de la ciudad autónoma por la llegada de decenas de miles de personas desde Marruecos, la agencia ofreció a España su ayuda.

Sin embargo, junto a las labores habituales realizadas desde Europa, desde hace unas semanas existe un nuevo mecanismo que puede elevar las capacidades de un país que sufre una crisis migratoria. Se trata del reglamento de “fuerza mayor”, desarrollado en 2024 pero aprobado el pasado 12 de junio. Como explica a Infobae, Miguel Acosta, catedrático de Derecho Internacional, España podría solicitar la aplicación de este reglamento para “europeizar” el problema y ponerlo en manos de Bruselas.

Así funciona Frontex y la distinción de Ceuta

Frontex cuenta con un cuerpo permanente de miles de agentes, aviones de vigilancia, drones y patrulleras en los puntos más críticos de las rutas migratorias. Su labor se centra en la identificación de personas, el análisis de riesgos en tiempo real y la financiación de vuelos de deportación. Sin embargo, carece de poder ejecutivo directo, por lo que sus efectivos actúan siempre bajo las órdenes y el mando de las autoridades policiales del país anfitrión.

La gran distinción de Ceuta radica en una excepción jurídica del Tratado de Schengen que traslada el límite real de la libre circulación europea desde la valla terrestre con Marruecos hasta el puerto de la ciudad autónoma. Esto genera un doble control fronterizo fijo, obligando a cualquier viajero a pasar un examen policial de pasaporte en la frontera con Marruecos y un segundo control en el barco que navegue hacia la península. España acepta su participación en el puerto marítimo de forma habitual, pero no actúa en el entorno de la valla ceutí.

El nuevo reglamento que podría aplicarse a Ceuta

“Ceuta y Melilla son fronteras exteriores europeas, las únicas fronteras terrestres europeas con África. Y a esto España tiene que darle valor y elevar el nivel de preocupación a Bruselas”, señala Miguel Acosta. Al considerar que debería ser un asunto de control europeo, el catedrático encuentra la solución en este reglamento recientemente aprobado. El 2024/1359 lo crea el Parlamento con la intención de “abordar las situaciones de crisis y de fuerza mayor en el ámbito de la migración y el asilo”.

“Existe la posibilidad de pedir a la Comisión Europea que considere esto una situación de fuerza mayor. Sería, por tanto, la primera ocasión que se aplicaría”, señala. El catedrático subraya que este reglamento está diseñado para la llegada masiva de migrantes que supere la capacidad administrativa de un Estado miembro, exactamente lo que ha pasado esta semana en Ceuta.

Sin embargo, Acosta advierte que “estos instrumentos europeos requieren la iniciativa por parte del Gobierno español, que hasta la fecha no se ha producido”. El especialista cree que “España insiste en que esto debe ser un tema bilateral” para evitar el enfado marroquí.

El Reglamento europeo contempla que, en situaciones de crisis, los Estados miembros puedan retrasar el registro de solicitudes de asilo hasta cuatro semanas (artículo 10) y prolongar los procedimientos fronterizos hasta seis semanas adicionales (artículo 11). Introduce mecanismos de “solidaridad forzada”, como la reubicación obligatoria de solicitantes y contribuciones financieras entre Estados miembros (artículo 8). Este punto sería el más polémico, y cada país trataría de esquivarlo con donaciones pero intentando no involucrarse en la aceptación de personas. También permite la retención de migrantes en centros o pasos fronterizos, preservando garantías y derechos fundamentales (artículo 11).