Acoso a mujeres periodistas y sospechas de “sesgo político”: la radiografía de la Unión Europea sobre los medios españoles

Con casi tres cuartas partes de las mujeres periodistas sufriendo acoso continuado en las redes sociales y el reparto de la publicidad institucional bajo sospecha, la Comisión Europea ha puesto el foco sobre las asignaturas pendientes de la libertad de prensa en España. El análisis, recogido en el informe sobre el Estado de Derecho de 2026 publicado este viernes, advierte que el retraso en reformas clave mantiene desprotegido al sector frente a la precariedad laboral, las interferencias políticas y la falta de transparencia en la propiedad de los medios.

De hecho, el informe sitúa a España en una situación de “riesgo muy alto” en cuanto a la pluralidad de sus medios, debido a un problema fundamental: el anonimato corporativo. Bruselas certifica que existe una preocupante falta de claridad sobre quiénes son los verdaderos dueños de la prensa escrita y digital. En la práctica, este vacío legal permite que grandes corporaciones o fondos de inversión controlen las líneas editoriales de forma oculta y defiendan sus propios intereses sin que los lectores lo sepan. A pesar de la gravedad de este escenario, las normativas de control siguen congeladas.

El dinero público bajo la lupa

En el ámbito de la gestión pública, la Comisión Europea pone el foco en la financiación que reciben las empresas de comunicación. El informe denuncia la falta de transparencia y el uso de criterios subjetivos por parte de las administraciones al repartir la publicidad institucional, advirtiendo que utilizar estos fondos públicos para “premiar o castigar” a las cabeceras según su línea editorial distorsiona el mercado.

Además, Bruselas señala una parálisis regulatoria: aunque el Consejo de Ministros aprobó el 24 de febrero de 2026 un borrador para fijar un tope máximo de publicidad estatal del 35% por proveedor, el sistema sigue funcionando bajo la vieja normativa de 2005.

La preocupación se extiende a las radios y televisiones públicas, donde el Monitor de Pluralismo de Medios sitúa la independencia editorial en un riesgo “medio-alto”. El informe se hace eco del documento presentado en enero de 2026 por los Consejos de Informativos de TVE y RNE, que denunciaron abiertamente un sesgo político percibido en los informativos y un deterioro de los estándares profesionales tras la reforma legal que modificó el consejo de administración sin pasar por un concurso de méritos.

Violencia digital, precariedad e inteligencia artificial

El análisis sobre el día a día de los profesionales de la información es especialmente alarmante. La Comisión Europea resalta un informe del Ministerio de Igualdad según el cual el 73% de las mujeres periodistas en España sufre acoso continuado en las redes, lo que acaba derivando en prácticas de autocensura. A esto se suma un panorama laboral marcado por contratos de corta duración y la irrupción de la inteligencia artificial, factores que generan una precariedad que erosiona de forma directa la independencia del periodista.

Por otro lado, Bruselas ve con preocupación el uso de la justicia como herramienta de intimidación. Para frenar las llamadas demandas SLAPP —querellas abusivas interpuestas por políticos o empresarios para asfixiar económicamente a los reporteros—, el Gobierno aprobó el 14 de abril de 2026 dos anteproyectos de ley para blindar a los profesionales, aunque los retrasos parlamentarios mantienen todavía bloqueada la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana (conocida como ‘Ley Mordaza’).

Las recomendaciones que ofrecen a España

Para solucionar estos puntos críticos, la Unión Europea ha establecido una hoja de ruta con recomendaciones orientadas a mejorar la situación del periodismo español. En primer lugar, Bruselas aboga por aprobar definitivamente la Ley de Secretos Oficiales mediante la conclusión de la tramitación parlamentaria de la Ley de Información Clasificada y la Ley de Administración Abierta. Esta medida está pensada para garantizar el derecho de acceso a la información pública, permitiendo que periodistas e investigadores accedan sin trabas a los documentos del Estado.

Asimismo, el documento resalta la necesidad de dotar de recursos reales a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El plan de la Unión Europea pasa por blindar financieramente la creación de la nueva Dirección de Medios dentro del organismo regulador, asegurando que se materialicen las 32 nuevas plazas especializadas que se han proyectado. Solo así, advierte el informe, la CNMC tendrá la capacidad técnica real para vigilar con eficacia la concentración de empresas del sector y proteger el pluralismo.

Por otra parte, las sugerencias de Bruselas se enfocan en garantizar la transparencia de la propiedad de las empresas informativas, sacando adelante el nuevo registro público de medios supervisado por la propia CNMC. Este paso se considera fundamental para que los ciudadanos y lectores puedan conocer con total claridad quiénes son los accionistas y los fondos de inversión reales que están detrás de cada pantalla o periódico que consumen.

Finalmente, la Unión Europea pide frenar de una vez por todas el uso político de la publicidad institucional. Para ello, insta a completar la reforma legal pendiente y aplicar de inmediato criterios que sean objetivos, públicos y proporcionales en el reparto del dinero del Estado. El objetivo último es impedir de forma fulminante la discriminación o el ahogo económico de los medios de comunicación en función de su línea editorial.