La Guardia Civil investiga a un alcalde de Vox como presunto causante del incendio de La Mierla (Guadalajara)

La Guardia Civil ha abierto una investigación sobre Rubén Marchamalo, alcalde de Robledillo de Mohernando y miembro de Vox, como presunto responsable del devastador incendio que afecta a La Mierla, en Guadalajara. El fuego, detectado el miércoles a las 13:55 horas, ya ha arrasado 2.000 hectáreas y ha obligado a evacuar siete pueblos de la zona, mientras los equipos de emergencia luchan por evitar que avance hacia el parque natural de la Sierra Norte.

Según fuentes de elDiario.es, Marchamalo se encontraba cosechando en el momento en que comenzó el incendio, una actividad permitida bajo ciertas condiciones debido al nivel de riesgo “muy alto” decretado por la Junta de Castilla-La Mancha. El caso ha generado una fuerte polémica: ASAJA y organizaciones agrarias defienden que “se podía cosechar perfectamente” y acusan al Gobierno regional de no haber elevado el riesgo a “extremo”, mientras la subdelegada del Gobierno y la consejera de Desarrollo Sostenible insisten en la importancia de cumplir las normas para proteger el entorno natural y la seguridad de la población.

Las autoridades mantienen el despliegue de medios terrestres y aéreos para contener las llamas, mientras la investigación se centra en comprobar si durante la cosecha se cumplieron todas las medidas de seguridad exigidas por la normativa autonómica. La situación sigue siendo crítica en la comarca, con cientos de vecinos pendientes de la evolución del incendio y a la espera de poder regresar a sus hogares.

La investigación al alcalde de Vox

La investigación abierta por la Guardia Civil busca esclarecer si el alcalde, que trabajaba como agricultor en la parcela donde se originó el fuego, respetó las restricciones horarias y las condiciones técnicas obligatorias en jornadas de riesgo “muy alto”. Según la normativa de Castilla-La Mancha, la actividad con maquinaria agrícola debía suspenderse entre las 14:00 y las 17:00 horas salvo excepciones, y siempre contar con extintores y equipamiento especial.

Tras conocerse la identidad del investigado, asociaciones agrarias como ASAJA han respaldado su actuación y han responsabilizado al Gobierno regional por no haber decretado riesgo “extremo” a pesar del fuerte viento registrado el día anterior. Por su parte, la Junta de Castilla-La Mancha y la subdelegación del Gobierno insisten en que el IPP se calcula por criterios técnicos y que la prioridad es proteger tanto las explotaciones como el entorno natural.

La respuesta institucional

El caso ha provocado reacciones inmediatas entre las organizaciones agrarias y las administraciones. ASAJA y la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara han defendido públicamente al alcalde, insistiendo en que “se podía cosechar perfectamente” y en que las restricciones impuestas por la Junta solo han agravado el riesgo al retrasar la siega de parcelas muy secas. Al mismo tiempo, la subdelegada del Gobierno en Guadalajara ha hecho un llamamiento a la responsabilidad social y ha advertido sobre los efectos de negar la gravedad del cambio climático y sus consecuencias en la gestión de emergencias.

Desde la Junta de Castilla-La Mancha, la consejera de Desarrollo Sostenible ha defendido la aplicación del Índice de Propagación Potencial, subrayando que la investigación aún debe determinar si existió alguna negligencia o incumplimiento. Mientras continúa la labor de los equipos de extinción y la investigación para esclarecer responsabilidades, siete pueblos permanecen evacuados y la comarca sigue pendiente de la evolución de un incendio que ya ha arrasado 2.000 hectáreas.