
Las declaraciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al calificar el absentismo laboral de “cáncer” y asegurar que su coste supera los 30.000 millones de euros al año han provocado una nueva polémica que enfrenta al Gobierno con la oposición, por un lado, y a la patronal con los sindicatos, por otro. La discusión está marcada por interpretaciones contrapuestas y un constante baile de cifras que no diferencian las bajas por incapacidad temporal concedidas por médicos del absentismo injustificado. Dos realidades distintas cuya confusión dificulta medir con precisión el alcance real del problema.
En lo que las partes coinciden es en que las bajas laborales se han disparado en los últimos años. Así lo corrobora la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en un informe presentado este año en el que señala que entre 2017 y 2024 han aumentado un 60%. Esta escalada disparó el gasto público por incapacidad temporal hasta 18.400 millones de euros en 2025.
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Un dato oficial que contrasta con el ofrecido por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que calcula que el absentismo laboral supone un coste anual de unos 33.000 millones de euros, de los que 17.000 millones recaen sobre las empresas y otros 16.000 millones sobre el Estado.
Un problema ‘in crescendo’
Distintos organismos vienen advirtiendo de la evolución al alza de las bajas laborales, entre ellos el Banco de España. Según ha declarado su gobernador, José Luis Escrivá, el crecimiento del absentismo laboral ha sido “muy fuerte”, lo que coloca a España “en una de las situaciones más elevadas a nivel europeo”, y supone un problema para la competitividad de las empresas.
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Por su parte, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, también ha reconocido este aumento y lo atribuye a la buena situación económica del país, dado que hay más gente trabajando y con mayores salarios. Según los últimos datos del Ministerio de Trabajo, España bate récords de empleo, con más de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social.
La incidencia de las bajas laborales también ha aumentado en los últimos años, pasando, según la AIReF, de 21,4 casos por cada 1.000 afiliados en 2017, a 33,9% en 2024 y 53,7% en 2025. Mientras que la duración media de las bajas subió de 40 días en 2017 a 45,9 días en 2024, con mayor peso de las enfermedades musculoesqueléticas y respiratorias, aunque el mayor crecimiento se da en enfermedades infecciosas y trastornos mentales. Según el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), las bajas por salud mental, ansiedad, estrés o depresión, han subido un 66% desde 2018.
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Otro factor a tener en cuenta es que el 25% de personas concentran el 55% de episodios, lo que la AIReF define como "fenómeno de la reiteración".
¿Por qué suben las bajas?
Los motivos por los que las bajas laborales se han disparado en los últimos años son diversos. A juicio de la AIReF, los cambios de contratos temporales a indefinidos recogidos en la reforma laboral han incrementado un 30% la posibilidad de cogerse una baja médica.
Otro de los motivos son las largas listas de espera en la sanidad pública, solo las quirúrgicas superan los 850.000 pacientes. En esta línea, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, señala que el aumento tanto del número de bajas como de su duración está relacionado con el “deterioro de la sanidad pública, que ha incrementado los retrasos en las citas médicas y pruebas diagnósticas, lo que contribuye a prolongar los procesos de recuperación y, por tanto, los periodos de baja laboral”.
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A estos factores se suma que la edad media de los asalariados ha aumentado en los últimos años, a lo que ha contribuido el retraso en la edad de jubilación y las jubilaciones demoradas, lo que aumenta la posibilidad de enfermar.

Quién paga y cuánto durante una baja por contingencia común
En España, los tres primeros días de una baja por enfermedad común o accidente no laboral no se cobran. A partir del cuarto día y hasta el día 20, la prestación sube al 60% de la base de cotización a la Seguridad Social y a partir del día 21 alcanza el 75%. De esta forma, hasta el cuarto día de baja no se cobra prestación, una cuantía que corre a cargo de la empresa hasta el día 15, mientras que del día 16 en adelante el abono lo hace la Seguridad Social o las mutuas colaboradoras.
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Sin embargo, las empresas pueden complementar la prestación por incapacidad temporal desde el primer día mediante mejoras retributivas pactadas en los convenios colectivos. Estos complementos suponen mejoras significativas respecto a la normativa básica y a partir del día 21 equiparan prácticamente la retribución con el salario habitual.
Cómo acabar con el absentismo
La AIReF sostiene que una manera de frenar las bajas laborales sería una actuación rápida del INSS, lo que evitaría la prolongación de algunos procesos, reduciría el gasto y aumentaría la productividad.
Sus analistas argumentan que aunque el INSS actúa a partir del año de baja, puede hacerlo en cualquier momento. Por ello, plantean crear una unidad de seguimiento especializado dentro del instituto para “el control, seguimiento y apoyo técnico desde las fases iniciales”. Además de un sistema de alertas automáticas cuando un episodio de baja supere el “tiempo óptimo”.
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Propone también un control más intensivo para los trabajadores que inicien varios episodios de incapacidad temporal en el mismo año y un sistema que priorice la intervención del INSS en determinados casos.

Junto a esas medidas, la AIReF pide una mayor coordinación entre todos los agentes implicados -empresas, médicos y Seguridad Social- en las bajas con un sistema de información “integrado e interoperable” donde haya información como las características del puesto de trabajo, si se puede teletrabajar o adaptar el puesto o los patrones de reincidencia a nivel de trabajador, empresa o sector.
Por su parte, fuentes del sindicato CSIF estiman que la solución vendría “de reducir las listas de espera y mejorar la protección de la salud mental”. En una línea similar se ha pronunciado el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad: “Necesitamos una sanidad pública con más recursos, menos listas de espera y mayor agilidad para que las personas enfermas puedan recuperarse antes y reincorporarse a sus puestos de trabajo”.
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