Begoña Gómez ya tiene su pasaporte: el juez de guardia autoriza su viaje a Londres para la graduación de su hija

Begoña Gómez ya tiene su pasaporte para viajar a Londres. El juez de guardia ha autorizado a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a desplazarse a Reino Unido entre los días 8 y 10 de julio para asistir a la graduación de su hija, una salida excepcional del territorio nacional después de que el 24 de junio entregara el documento como medida cautelar mientras continúa el procedimiento judicial abierto contra ella.

Fuentes del entorno de Begoña Gómez han confirmado a EFE que la esposa del presidente del Gobierno ya cuenta con el pasaporte para realizar el viaje. Además, fuentes jurídicas han precisado que Gómez acudió personalmente a los juzgados para recoger el documento y que aprovechó esa comparecencia para cumplir con la obligación de firmar cada 15 días ante el órgano judicial

Gómez fue enviada a juicio con jurado por el juez Juan Carlos Peinado por cuatro presuntos delitos: tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. El pasado 20 de junio, el magistrado acordó varias medidas cautelares para garantizar su presencia durante el procedimiento, entre ellas la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio español sin autorización judicial y la obligación de comparecer periódicamente.

Poco después, el abogado de Gómez, Antonio Camacho, solicitó al magistrado autorización para salir de España entre los días 7 y 10 de julio. La petición tenía un doble objetivo: por un lado, que pudiera acompañar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como parte de la delegación oficial española en la 36 Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN, celebrada en Ankara (Turquía); y, por otro, aprovechar el regreso del viaje para trasladarse a Londres y asistir a la graduación de su hija en Reino Unido.

El juez de guardia autoriza el viaje a Londres, pero rechaza Turquía

Sin embargo, la resolución quedó en manos de un juez sustituto después de que Peinado iniciara su periodo de vacaciones sin pronunciarse sobre la solicitud presentada por la defensa. El encargado de resolver la petición fue el magistrado Antonio Viejo, juez de guardia, quien el pasado lunes acordó una solución intermedia: autorizó únicamente el viaje al Reino Unido entre los días 8 y 10 de julio, pero rechazó el desplazamiento a Turquía para acompañar a Pedro Sánchez a la cumbre de la OTAN.

En su resolución, Viejo argumentó que la presencia de Gómez en la reunión respondía a “razones de cortesía institucional” y que no tendría “una intervención activa” en el desarrollo del encuentro. El magistrado consideró además que el viaje a Ankara presentaba mayores dificultades desde el punto de vista de las medidas cautelares, al tratarse de un país que no forma parte de la Unión Europea, cuyo marco permite una cooperación judicial y policial más ágil entre los Estados miembros.

Por el contrario, el juez sí autorizó la salida a Londres al considerar que concurrían circunstancias diferentes. En este caso, la resolución destaca “la buena relación de cooperación judicial entre España y el Reino Unido, incluso después del Brexit”, así como “la naturaleza del evento al que se pretende asistir”. El magistrado valoró que se trata de acudir a la graduación de su hija, por lo que acordó la devolución temporal del pasaporte para ese único viaje. Gómez deberá entregar de nuevo el documento al juzgado tras su regreso a España, tal y como establece la autorización judicial.

La decisión del juez de guardia se produce después de que Peinado hubiera fijado previamente su posición sobre el riesgo de fuga. En un auto fechado el 30 de junio, el magistrado instructor rechazó los argumentos de la defensa y sostuvo que existían motivos para mantener las medidas cautelares. En ese escrito afirmó que “no sería la primera ocasión” en la que un presidente del Gobierno de un país de la UE “se fuga” a un país del continente africano ante un caso de corrupción, una referencia que generó polémica y que llevó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a encargar al promotor de la acción disciplinaria valorar si pudo incurrir en una falta grave.