La Guardia Civil financia la creación de nuevos generales con el sueldo que se va a ahorrar reduciendo capitanes y posponiendo la llegada de nuevos cabos

Con la Guardia Civil sumida en una crisis sin precedentes por la imputación de su directora general (su máximo responsable político) y de su DAO (su principal alto mando), el Ministerio del Interior prepara cambios en la plantilla de la Benemérita, aprobando un Real Decreto que modifica otro, el que aprobó en 2025 fijando la composición de efectivos del Cuerpo hasta el año 2029. El objetivo con este cambio es adelantar la creación de nuevos generales (los que más salario perciben), sin tener que aumentar la partida presupuestaria. ¿Cómo? Reduciendo el número de capitanes que estaba previsto y posponiendo la llegada de nuevos cabos.

“Las recientes modificaciones organizativas afrontadas por la Dirección General de la Guardia Civil hacen preciso acometer ligeros cambios que garanticen la disponibilidad de un número adecuado de efectivos en determinados empleos en los que se ejerce la acción de mando y la alta dirección, sin que esto suponga un mayor gasto económico para la Administración y respetando el número máximo de efectivos autorizados inicialmente a la finalización del ciclo de ascensos 2028-2029″, señala el Real Decreto, que actualmente está en el trámite de audiencia pública.

El objetivo es que en 2029 hubiera en el escalafón de la Guardia Civil cuatro generales más para tener cinco tenientes generales, 10 generales de división y 27 generales de brigada, es decir, un total de 42 generales por los 38 que hay ahora. Pero hay que adelantar los nombramientos, los ciclos de ascensos. La nueva plantilla contará con un nuevo empleo de general de división en julio 2027 (en lugar de julio de 2028) y dos efectivos de empleo general de brigada en julio de 2026 y otro en julio de 2027, en lugar de nombrarlos en 2029. “Algunas zonas, como Baleares, necesitan un general al frente, no un coronel como hasta ahora. También se van a nombrar generales en zonas uniprovinciales, como Cantabria”, explican fuentes de la Benemérita.

Estos cambios suponen adelantar partidas presupuestarias. Un general de división cobra 84.056,30 euros brutos anuales, y uno de brigada percibe 78.659,86 euros anuales. ¿De dónde sale el dinero si el objeto de estas modificaciones es que no conlleven un incremento de costes para la Administración? Pues se va a reducir en cinco el número máximo de efectivos en el empleo de capitanes, que pasará de 531 en lugar de los 536 inicialmente previstos. “Son empleos de capitán sobre el papel, que no se van a cubrir en un futuro porque no hay tenientes que vayan a ascender”. Estos capitanes proceden de la escala de oficiales de la ‘Ley 42/1999′, una escala que se va a eliminar.

Un coste de 135.600 euros

La retribución de un teniente es de 52.619,12 euros brutos anuales. Interior ya ha calculado que, en base a la diferencia de sueldos entre generales y capitanes, el coste adicional de los adelantos de disponibilidad de los generales alcanzaría los 135.600,14 euros, repartiéndose en los ejercicios presupuestarios de 2026, 2027 y 2028. Cantidad que se consigue del ahorro de los cinco nuevos capitanes que no se van a nombrar y que seguirán como tenientes.

Ese ahorro es de 55.795,75 euros. La segunda medida de ahorro sale de retrasar durante un año la disponibilidad de 21 efectivos en el empleo de cabo. En lugar de estar disponibles a partir del 1 de julio de 2027, lo estarían a partir del 1 de julio de 2028.

No tener 21 cabos antes de tiempo también supone un ahorro: 83.458,20 euros durante un año. Sumados a los 55.795 euros anteriores, el ahorro total previsto es de 139.253,95 euros, por encima de la cantidad prevista destinada a nombrar cuatro generales, que es de 135.600 euros.

Interior se congratula por tanto de la modificación, sin gastos adicionales. Esta decisión tiene, además, “un impacto nulo en su vertiente social y medioambiental; así como en lo referente a la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Tampoco lo presenta para la ciudadanía ni para la Administración por el desarrollo o uso de los medios y servicios de la Administración digital”.