Begoña Gómez entrega su pasaporte en los juzgados de Plaza de Castilla por orden del juez Peinado

Begoña Gómez ha acudido este miércoles a los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, para entregar su pasaporte en cumplimiento de las medidas cautelares acordadas por el juez Juan Carlos Peinado dentro de la causa judicial que instruye contra ella. La entrega de este documento forma parte de las restricciones impuestas a petición de las acusaciones populares que sostienen el procedimiento, después de que el magistrado decidiera el pasado sábado la apertura de juicio oral y estableciera varias obligaciones destinadas a garantizar su disposición ante la Justicia.

La mujer del presidente del Gobierno ha accedido a la sede judicial en vehículo y a través del garaje del edificio, una medida excepcional autorizada por la presidenta del Tribunal de Instancia de Madrid, María Jesús del Barco. La decisión ha respondido a razones de seguridad planteadas por el dispositivo encargado de su protección, que había alertado sobre la existencia de un clima de hostilidad en las inmediaciones de los juzgados durante anteriores comparecencias.

Según el informe elaborado por su equipo de seguridad, existe un “ambiente hostil y de rechazo social evidente” que se traduce en ocasiones en interpelaciones directas, insultos mediante sistemas de megafonía y la exhibición de pancartas por parte de personas concentradas en los alrededores del complejo judicial. Con el objetivo de evitar incidentes que pudieran afectar a su integridad física, se autorizó el acceso por una zona restringida habitualmente reservada para determinados desplazamientos de carácter sensible.

La entrega del pasaporte constituye una de las principales consecuencias prácticas de las medidas cautelares acordadas por el instructor. Además de la retirada de la documentación necesaria para viajar al extranjero, el juez estableció la prohibición de abandonar territorio español y la obligación de comparecer periódicamente ante la autoridad judicial cada quince días.

Reacción política tras la decisión judicial

La decisión de Juan Carlos Peinado de enviar a juicio a Begoña Gómez provocó una inmediata reacción en el seno del Gobierno y del PSOE. Desde el Ejecutivo se difundió una nota en la que se cuestionaba duramente la actuación del magistrado y el desarrollo de la instrucción. El texto sostenía que la resolución judicial evidenciaba una “persecución”, una “obsesión” y una actuación “desproporcionada” por parte del juez.

En esa misma comunicación, el Gobierno afirmó que la investigación desarrollada durante los últimos meses carece de fundamento jurídico suficiente y respondió únicamente a motivaciones políticas. Las críticas se produjeron apenas unos días después de conocerse la decisión de abrir juicio oral y de imponer las medidas cautelares ahora ejecutadas con la entrega del pasaporte.

La comparecencia de Gómez ante los juzgados tuvo lugar, además, pocas horas después de la intervención de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Durante su discurso, el presidente del Gobierno se refirió a las distintas causas judiciales que afectan a personas de su entorno más próximo y que han adquirido un importante protagonismo político durante los últimos meses.

Sánchez aludió expresamente a la situación de su esposa y de su hermano, recientemente juzgado, para denunciar lo que considera una estrategia de desgaste basada en acusaciones sin fundamento. “Para mí no es fácil hablar de ellos. Porque afectan a las personas que más quiero. Y porque sé, sin el más mínimo grado de duda, que se construyen sobre acusaciones infundadas y un patrón de acoso y derribo similar al que hemos visto desplegar en otros países occidentales”, afirmó durante su intervención parlamentaria.

La polémica por los escoltas y el riesgo de fuga

Uno de los aspectos más controvertidos del auto dictado por Juan Carlos Peinado fue la argumentación utilizada para justificar la necesidad de imponer medidas cautelares. El magistrado abordó expresamente la circunstancia de que Begoña Gómez disponga de escolta policial permanente debido a su condición de esposa del presidente del Gobierno.

En su resolución, el juez sostuvo que la existencia de un dispositivo de protección no elimina la posibilidad de una eventual fuga al extranjero. Más aún, planteó la hipótesis de que los propios agentes encargados de su seguridad pudieran colaborar en una eventual salida de España.

El auto señala que esos funcionarios podrían actuar “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos” para facilitar una acción destinada a impedir que la acusada permaneciera a disposición de la Justicia. Con ese razonamiento, el instructor rechazó que la presencia constante de escoltas constituyera una garantía suficiente para descartar el riesgo de fuga.

La referencia a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado generó una reacción institucional. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presentó una queja ante la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, al considerar que las afirmaciones contenidas en el auto suponían un “grave cuestionamiento” de la profesionalidad de los agentes encargados de la protección de autoridades.

La polémica no quedó limitada al ámbito político. El pasado lunes, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó trasladar el asunto a la autoridad disciplinaria competente para que analice si las manifestaciones incluidas por el magistrado en su resolución pueden constituir una infracción disciplinaria.