Cuatro vicepresidencias, nueve consejerías y puestos clave en medioambiente, cultura y ayudas sociales: todo lo que ha sacado Vox de la maratón electoral de 2026

El acuerdo de gobierno sellado este jueves entre el PP y Vox en Andalucía ha puesto el punto final al ciclo de elecciones autonómicas de 2026 y ha dejado una fotografía nítida de la cuota de poder que la formación de Santiago Abascal ha conseguido convertir en gobiernos. Allí donde los populares han necesitado sus votos para investir a sus candidatos, Vox ha logrado entrar en los ejecutivos con un reparto de responsabilidades prácticamente idéntico: vicepresidencias y el control de áreas estratégicas como agricultura, medioambiente, turismo, cultura o políticas de familia y ayudas sociales, además de reforzar su presencia institucional con senadores autonómicos y puestos en las mesas de los parlamentos regionales.

Aunque cada negociación ha tenido sus propios tiempos y dificultades, el resultado final responde a un mismo patrón. El PP ha cedido a Vox una vicepresidencia en cada uno de los cuatro gobiernos autonómicos que dependían de sus votos, mientras que las competencias asignadas se repiten con escasas variaciones entre comunidades, acumulando hasta nueve consejerías.

El último acuerdo en cerrarse ha sido el de Andalucía. Pese a que Juanma Moreno se quedó a solo dos escaños de la mayoría absoluta en las elecciones del 17 de mayo, necesitaba el respaldo de Vox para asegurar su continuidad al frente de la Junta. El pacto alcanzado concede a la formación la Vicepresidencia primera del Gobierno andaluz, que ocupará quien fue su candidato en esos comicios, Manuel Gavira.

Además de asumir ese puesto, Gavira dirigirá una macroconsejería que reunirá las competencias de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local. El acuerdo también reserva a Vox uno de los cinco senadores por designación autonómica que corresponden a Andalucía y una vicepresidencia de la Mesa del Parlamento, completando así su entrada tanto en el Ejecutivo como en las principales instituciones de la comunidad.

Un mismo reparto de poder en las cuatro comunidades

El esquema apenas cambia si se observa el resto de pactos alcanzados durante este ciclo electoral. En Castilla y León y Aragón, Vox ha obtenido tres consejerías y una vicepresidencia en cada uno de los gobiernos autonómicos, con competencias muy similares a las asumidas en Andalucía.

En Castilla y León, el acuerdo para facilitar la investidura de Alfonso Fernández Mañueco otorgó la Vicepresidencia primera a Carlos Pollán, expresidente de las Cortes autonómicas, que también dirigirá la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. A esas responsabilidades se suman las consejerías de Cultura, Turismo y Deporte y la de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, de manera que Vox gestionará tres de los departamentos del Ejecutivo autonómico.

En Aragón, el reparto reproduce prácticamente el mismo modelo. Alejandro Nolasco ocupará la Vicepresidencia del Gobierno autonómico y el partido estará al frente de las tres consejerías de Desregulación, Bienestar Social y Familia; Medio Ambiente y Turismo; y Agricultura, Ganadería y Alimentación. La presencia institucional de Vox también se amplía en esa comunidad con una vicepresidencia de las Cortes de Aragón y un senador por designación autonómica. Nolasco, además, regresa al Ejecutivo tras haber formado parte del anterior gobierno de coalición constituido después de las elecciones de 2023, que quedó roto cuando la dirección nacional del partido decidió abandonar todos los gobiernos autonómicos en los que participaba.

En Extremadura, Vox obtuvo una representación algo menor en número de consejerías, aunque mantuvo el mismo esquema de poder. La formación logró la Vicepresidencia de la Junta para Óscar Fernández Calle, quien además asumirá la macroconsejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia. El acuerdo incluye también la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural y un senador por designación autonómica, completando así el reparto institucional pactado con el PP.

Extremadura marcó el modelo de las negociaciones

Las conversaciones entre PP y Vox no se desarrollaron con la misma facilidad en todas las comunidades. El caso de Extremadura fue el más complejo y terminó condicionando el resto de acuerdos. Tras las elecciones celebradas el 21 de diciembre del año pasado, las negociaciones permanecieron bloqueadas durante semanas sin que María Guardiola lograra reunir los apoyos suficientes para ser investida presidenta. La situación llevó a la dirección nacional del PP a intervenir directamente y elaborar un documento marco que sirviera de referencia para las conversaciones abiertas en el resto de territorios.

El objetivo de Génova era dotar de homogeneidad a todos los pactos y fijar unos criterios comunes sobre el reparto de responsabilidades, de forma que los acuerdos respetaran las líneas generales del partido y fueran proporcionales a los resultados obtenidos por cada formación en las urnas.

Ese esquema terminó trasladándose a Andalucía, Castilla y León y Aragón. Más allá de las diferencias en la denominación de algunas consejerías, todos los gobiernos comparten una estructura muy similar: una vicepresidencia para Vox, competencias ligadas al sector primario, el medioambiente, el turismo o las políticas sociales, presencia en los parlamentos autonómicos y, salvo en Castilla y León, un senador por designación autonómica.

Los cuatro acuerdos incorporan además una referencia a la “prioridad nacional”, una expresión incluida en los documentos firmados por PP y Vox que ambas formaciones interpretan de forma distinta, aunque ha terminado formando parte del marco político común de todos los pactos alcanzados durante esta maratón electoral autonómica.