El acuerdo del PP y Vox en Andalucía para investir a Juanma Moreno como presidente: una consejería, una vicepresidencia, prioridad nacional o prohibición del burka

El Partido Popular y Vox han firmado un acuerdo de gobierno de 120 medidas que fija la hoja de ruta de la Junta de Andalucía para los próximos cuatro años y sella la entrada de la formación de Santiago Abascal en el Ejecutivo autonómico. El pacto no solo incorpora buena parte de las principales reivindicaciones programáticas de Vox, sino que también redefine el reparto institucional del nuevo Gobierno: Manuel Gavira será vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regulación, Justicia y Administración Local, mientras que Vox obtendrá además un senador por designación autonómica y la Vicepresidencia Primera del Parlamento andaluz.

El documento, firmado este jueves por Juanma Moreno y Manuel Gavira, convierte por primera vez a Vox en socio de gobierno del Partido Popular en Andalucía y establece un compromiso para desarrollar durante toda la legislatura un programa dividido en quince grandes bloques que abarcan desde la fiscalidad y la inmigración hasta la sanidad, la vivienda, el sector primario o la simplificación administrativa. El texto también incluye el compromiso de aprobar los presupuestos autonómicos de 2027, 2028, 2029 y 2030 para garantizar la ejecución de las medidas acordadas.

Durante la presentación del acuerdo, Juanma Moreno defendió que la incorporación de Vox al Consejo de Gobierno responde a una cuestión de responsabilidad política. “Siempre he dicho que es muy importante que el partido con el que se acuerda esté en el Gobierno porque asume también la responsabilidad y es corresponsable de los objetivos para los próximos cuatro años”, afirmó el presidente andaluz. Moreno calificó además el pacto de “sensato” y “sereno” y aseguró que es el resultado de un diálogo “intenso” y “honesto” entre ambas formaciones.

Vox logra introducir la prioridad nacional y endurecer la política migratoria

La principal cesión programática del Partido Popular gira en torno a la inmigración, uno de los ejes sobre los que Vox ha construido la negociación. El acuerdo incorpora expresamente el principio de prioridad nacional en el acceso a ayudas, subvenciones y prestaciones públicas, una reivindicación que el PP había evitado asumir durante las primeras semanas de conversaciones y que finalmente queda recogida bajo el concepto de “arraigo real, duradero y verificable”.

El texto establece que el acceso a los recursos públicos deberá inspirarse en ese principio y prevé reforzar los requisitos de empadronamiento y vinculación con Andalucía, vincular determinadas ayudas a la trayectoria de cotización y permanencia en el sistema y limitar el acceso a prestaciones sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, salvo en supuestos de urgencia vital. Además, ambas formaciones se comprometen a impulsar las modificaciones legales necesarias para facilitar la aplicación de estas medidas.

El capítulo dedicado a inmigración va mucho más allá de esa medida. El acuerdo plantea la puesta en marcha de un plan para favorecer el retorno de menores extranjeros no acompañados a sus países de origen dentro de las competencias de la Junta, una auditoría anual de todo el gasto público vinculado a la inmigración, la supresión de subvenciones a organizaciones que, según el texto, favorezcan la inmigración ilegal, la creación de un servicio específico para combatir el fraude del padrón y de las prestaciones sociales y la prohibición del uso del burka y el nicab en edificios y servicios públicos autonómicos. También recoge el compromiso de reclamar al Gobierno la publicación periódica de estadísticas sobre expulsiones de extranjeros condenados por delitos y promover cambios en la legislación del padrón para combatir el fraude y la ocupación ilegal.

Rebajas fiscales, vivienda y apoyo al campo

El documento dedica otro de sus grandes bloques a la política económica y fiscal. PP y Vox acuerdan aplicar una rebaja progresiva del tramo autonómico del IRPF para las rentas inferiores a 60.000 euros, ampliar las deducciones fiscales por nacimiento y adopción de hijos, discapacidad, familias numerosas o pacientes con ELA y suprimir los tres tributos propios de carácter medioambiental actualmente vigentes. También prevén nuevas bonificaciones en el impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y una reducción gradual del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales para facilitar el acceso a la vivienda.

Precisamente la vivienda ocupa otro de los apartados centrales del acuerdo. El texto compromete la construcción de al menos 20.000 viviendas protegidas durante la legislatura mediante fórmulas de colaboración público-privada y plantea aplicar también el principio de prioridad nacional en el acceso a vivienda protegida y alquiler social. Entre los criterios de adjudicación se valorará la vinculación económica, laboral, familiar o social con Andalucía y se excluirá del acceso a vivienda pública a quienes hayan sido condenados por ocupación ilegal de inmuebles. El pacto incorpora además medidas para reforzar la protección jurídica de los propietarios afectados por ocupaciones y reclama la aplicación efectiva del denominado desahucio exprés.

Las políticas de familia constituyen otro de los ejes del acuerdo. PP y Vox se comprometen a aprobar una nueva Ley de Familia de Andalucía, incrementar las partidas destinadas a natalidad, maternidad y dependencia, desarrollar un Plan Integral de Apoyo a la Mujer Embarazada y sacar adelante una Ley de Segunda Infancia para reforzar la atención temprana. El documento también prevé aumentar las plazas en residencias y centros de día para mayores y revisar el modelo de dependencia para reducir las listas de espera.

En materia educativa, el acuerdo contempla la no renovación del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM), impulsar la climatización de los centros educativos, reforzar la atención a alumnos con necesidades especiales, reclamar una prueba única de acceso a la universidad en toda España e incorporar la historia del terrorismo en los contenidos curriculares.

El sector primario ocupa igualmente una posición destacada dentro del documento. Ambas formaciones expresan su rechazo al Pacto Verde Europeo, al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur y a la reforma de la Política Agraria Común. Además, acuerdan impulsar nuevas infraestructuras hidráulicas, ampliar la superficie de regadío, reducir la burocracia para agricultores y ganaderos, promover un paquete fiscal específico para el campo y reforzar el apoyo a la ganadería extensiva, la pesca de arrastre, la caza y las denominaciones de origen andaluzas.

El acuerdo incorpora asimismo compromisos para reducir el gasto considerado superfluo, revisar subvenciones y entes públicos, reforzar la sanidad con medidas para reducir las listas de espera y mejorar la Atención Primaria, impulsar nuevas infraestructuras deportivas y avanzar en la simplificación administrativa. Para garantizar el cumplimiento de lo pactado, PP y Vox crean una comisión de seguimiento encargada de resolver las discrepancias entre los socios de gobierno y supervisar el desarrollo de las medidas recogidas en el documento durante toda la legislatura.