El PP firma con Vox un pacto de gobierno en Andalucía que incluye la prioridad nacional y asegura la investidura de Juanma Moreno

El Partido Popular y Vox han cerrado un acuerdo que permitirá la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta y que incorpora algunas de las principales exigencias de la formación de Santiago Abascal, entre ellas el principio de prioridad nacional en el acceso a ayudas, subvenciones y prestaciones públicas. La medida, que el PP andaluz había rechazado durante la campaña y las primeras semanas de negociación, queda finalmente recogida en el pacto bajo la fórmula del “arraigo”, un término con el que los populares tratan de matizar una reivindicación que Vox ya había logrado incluir en los acuerdos de gobierno alcanzados en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

El acuerdo será presentado oficialmente en el Parlamento andaluz por el portavoz de Vox, Manuel Gavira, y representantes del Partido Popular apenas media hora antes de la segunda votación de investidura. El apoyo de los 15 diputados de Vox permitirá a Juanma Moreno sumar 68 votos favorables, suficientes para superar la mayoría simple exigida en esta segunda votación y revalidar la Presidencia de la Junta.

La negociación pone fin a un mes y medio de conversaciones marcadas por una aritmética parlamentaria que apenas dejaba margen para otras alternativas. El Partido Popular se quedó a solo dos escaños de la mayoría absoluta y el rechazo de PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía a facilitar la investidura mediante una abstención dejó a Vox como el único socio posible para evitar una repetición electoral prevista para el mes de octubre.

La prioridad nacional entra en el acuerdo

Uno de los principales puntos del pacto es la incorporación del denominado principio de prioridad nacional, una de las banderas políticas de Vox en materia de inmigración y acceso a recursos públicos. Aunque Juanma Moreno llegó a definir esta propuesta como un simple “eslogan electoral”, finalmente ha terminado aceptando una redacción prácticamente idéntica a la que el PP ya había suscrito con Vox en otras comunidades autónomas.

El texto establece que “el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable en el territorio”.

Los populares defienden que esa referencia al arraigo permite enmarcar la medida dentro de criterios que ya existen en determinados servicios públicos. Como ejemplo citan la dependencia, donde para acceder a determinadas prestaciones es necesario acreditar un periodo mínimo de residencia mediante el empadronamiento. Sin embargo, la redacción responde a una de las principales reivindicaciones de Vox y reproduce el esquema que ya figura en los pactos firmados en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

El documento incorpora además otras prioridades defendidas por la formación de Santiago Abascal durante la campaña electoral, como políticas favorables a la familia, reducciones fiscales, el rechazo al denominado Pacto Verde europeo y medidas orientadas a la desregulación administrativa y la simplificación de trámites.

Vox entra en el Gobierno andaluz

Más allá del contenido programático, el principal escollo de la negociación fue la composición del futuro Ejecutivo. El Partido Popular defendió desde el principio la posibilidad de gobernar en solitario o, en caso de incorporar a Vox, limitar su presencia a un reducido número de consejerías de perfil técnico y en proporción a los dos diputados que necesitaba para alcanzar la mayoría absoluta.

Las conversaciones se centraron especialmente en el reparto de las carteras. Agricultura fue uno de los departamentos más disputados, ya que Vox dirige esa consejería en otros gobiernos autonómicos compartidos con el PP. Los populares también mostraron su rechazo a entregar las competencias de Igualdad. En el momento de anunciarse el acuerdo aún no se había hecho público el reparto definitivo de responsabilidades dentro del nuevo Consejo de Gobierno.

La entrada de Vox en el Ejecutivo convierte esta legislatura en la quinta ocasión en la que Andalucía estará gobernada por una coalición desde la creación de la comunidad autónoma. Las dos primeras se produjeron bajo los gobiernos socialistas de Manuel Chaves junto al Partido Andalucista, entre 1996 y 2004. La tercera llegó en 2012, cuando José Antonio Griñán gobernó con Izquierda Unida, y la cuarta fue la formada por Juanma Moreno y Ciudadanos tras las elecciones de 2018, con Vox respaldando la investidura desde fuera del Ejecutivo. Ese escenario cambia ahora por completo. La formación de Santiago Abascal pasará a ocupar puestos en el Consejo de Gobierno y compartirá la gestión de la Junta durante toda la legislatura.