Unos desconocidos entran en el despacho de los abogados de Vito Quiles y roban su expediente

El suceso ocurre después de que un juzgado levantara la orden de detención dictada contra el creador de contenido por no comparecer en una causa en la que se le investiga

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Vito Quiles. (Europa Press)
Vito Quiles. (Europa Press)

El despacho Ospina Abogados ha denunciado el robo del expediente de Vito Quiles en sus oficinas de Madrid. La sustracción se ha producido después de que un juzgado levantara la orden de detención dictada contra el creador de contenido por no comparecer en la causa en la que se le investiga por la difusión de un presunto bulo sobre un funcionario de Hacienda.

Según ha informado EFE, la denuncia sitúa los hechos sobre las 22:30 horas del sábado en la sede del bufete. Las primeras comprobaciones del despacho sostienen que varios individuos entraron sin causar daños visibles en la puerta y se llevaron solo la carpeta física del procedimiento judicial de Quiles, mientras el resto de documentación y objetos de valor quedó intacto.

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El despacho ha explicado a la agencia que todo el recorrido de los intrusos quedó grabado por el circuito cerrado de videovigilancia y que esas imágenes ya están en poder de la Policía Nacional. También sostiene que quienes accedieron a la oficina actuaron con conocimiento previo de las instalaciones y fueron directamente a inutilizar el sistema de alarma, sin provocar desperfectos innecesarios.

Por qué Vito Quiles estaba siendo investigado

La orden de detención dictada contra Quiles se debía a una querella por la publicación de un presunto bulo sobre un trabajador del Ministerio de Hacienda al que presentó en redes sociales como asesor de la exministra María Jesús Montero. Ese trabajador sostiene que Quiles difundió información “absolutamente falsa” al señalarle como responsable de delitos por los que “habría entrado en prisión” y de una posterior salida gracias a la intervención de Montero, que supuestamente “lo encubrió y contrató” en el Ministerio. Quiles difundió el nombre completo y una fotografía del demandante.

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La demanda sostiene que esa exposición provocó una “persecución pública” con cientos de reacciones en redes sociales, incluidas “insultos, vejaciones y amenazas”, y que el perjuicio sigue vigente porque las publicaciones continúan disponibles en internet.

El periodista y escritor Antonio Maestre reflexiona sobre su enfrentamiento con Vito Quiles, analizando la reacción violenta como un comportamiento aprendido y asociado a los "valores masculinos" con el que no se siente identificado.

De acuerdo con fuentes judiciales, el juzgado emitió la orden después de que Vito Quiles no acudiera a dos citaciones. Entonces, agentes de la Policía Nacional acudieron el 1 de julio a las oficinas de EDATV, donde trabaja Quiles, para ejecutar esa orden, pero no lo encontraron en el edificio.

Finalmente, la orden de detención fue retirada después de que Quiles anunciara que acudiría a las 17:00 horas del viernes a los juzgados de Plaza de Castilla junto a su abogado Juan Gonzalo Ospina. Horas antes había asegurado en X que en los juzgados “se está formando un lío monumental” y que le habían trasladado que “quieren verme arrestado”.

Las otras causas abiertas

El procedimiento por el presunto bulo no es el único frente judicial de Quiles. También está acusado de un presunto delito de odio por unos hechos ocurridos en 2024 durante una protesta contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuando se encaró con una persona con discapacidad; la Fiscalía solicita dos años de prisión y su inhabilitación para ejercer el periodismo.

Además, está procesado por un presunto delito de revelación de secretos contra la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, después de difundir en redes sociales la dirección de su vivienda y fotografías del domicilio tras el apagón del 28 de abril de 2025. Por esa causa acudió a declarar el 7 de abril ante el Tribunal de Instancia de Madrid. Un tercer juzgado de Sevilla le investiga por un presunto delito de injurias y calumnias contra el secretario general de Facua, Rubén Sánchez. En ese caso, la demanda le atribuye tres delitos continuados de calumnias con el agravante de odio ideológico en concurso con dos delitos de injurias con publicidad, y reclama nueve años de prisión, 60.000 euros de indemnización y otros nueve años de inhabilitación.

*Con información de EFE

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