La prioridad nacional que Vox llevó de negociación en negociación hasta colarla en los cuatro gobiernos autonómicos del PP

La prioridad nacional se ha consolidado en apenas seis meses como una de las principales condiciones impuestas por Vox para facilitar gobiernos del Partido Popular en las comunidades autónomas. El acuerdo alcanzado este jueves entre ambas formaciones para investir a Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía ha convertido a la comunidad andaluza en la cuarta en incorporar este principio a un pacto de gobierno, después de Extremadura, Aragón y Castilla y León. Allí donde el PP ha necesitado los votos de la formación de Santiago Abascal para gobernar, la prioridad nacional ha terminado formando parte del acuerdo.

La medida, una de las principales banderas políticas de Vox en materia de inmigración y acceso a ayudas públicas, ha ido ganando peso negociación tras negociación hasta convertirse en un elemento prácticamente inamovible en las conversaciones con el Partido Popular. Aunque el PP nunca ha defendido públicamente el concepto en los mismos términos que su socio, en todas las comunidades ha acabado aceptando incluirlo en los acuerdos, eso sí, acompañado de la misma matización: su aplicación deberá respetar la Constitución, la legislación española y el derecho de la Unión Europea.

Lejos de producirse de forma simultánea, la incorporación de la prioridad nacional ha seguido una evolución progresiva. Extremadura abrió el camino, Aragón confirmó que no se trataba de un caso aislado, Castilla y León consolidó el precedente y Andalucía ha terminado por cerrar un ciclo político que ha convertido una de las principales reivindicaciones de Vox en un elemento común de todos los pactos autonómicos suscritos con el PP durante el último medio año.

Extremadura abrió el precedente

La primera comunidad donde la prioridad nacional dejó de ser una propuesta política para convertirse en un compromiso de gobierno fue Extremadura. Tras las elecciones autonómicas, María Guardiola necesitaba el respaldo de Vox para ser investida presidenta y las negociaciones desembocaron en el primer acuerdo que recogía expresamente este principio.

El documento establecía que “el acceso a ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional”, una redacción que Vox presentó como una de las grandes victorias de la negociación. Por primera vez, uno de los pilares de su discurso político quedaba plasmado por escrito en un acuerdo firmado con el Partido Popular.

La inclusión de esa referencia abrió inmediatamente un debate sobre su alcance. Mientras Vox defendía que la prioridad nacional debía traducirse en una preferencia para los españoles en el acceso a determinados recursos públicos, el PP trató desde el primer momento de limitar su interpretación. Desde Génova insistieron en que el concepto debía entenderse conforme al marco constitucional y a la normativa europea y comenzaron a vincularlo al arraigo y a la integración, una explicación que se convertiría en el argumento habitual de los populares durante los meses siguientes.

Pero, sobre todo, Extremadura marcó un precedente político. Vox comprobó que había logrado incorporar una de sus principales reivindicaciones a un acuerdo de gobierno y decidió convertirla desde entonces en una condición prácticamente irrenunciable en todas las negociaciones posteriores con el Partido Popular.

Aragón y Castilla y León consolidan el modelo

El siguiente capítulo se escribió en Aragón. Jorge Azcón necesitaba los votos de Vox para alcanzar la presidencia autonómica y la prioridad nacional volvió a situarse entre las principales exigencias de la formación de Santiago Abascal.

Las conversaciones reprodujeron buena parte del esquema visto semanas antes en Extremadura y el acuerdo definitivo volvió a recoger este principio. La diferencia estuvo en la forma de presentarlo. Durante la comparecencia para anunciar el pacto, Azcón defendió que “el concepto político de la prioridad nacional, adecuado a la legalidad, va a regir los principios que inspiran al próximo Gobierno”, una declaración con la que el PP asumía ya abiertamente la expresión, aunque insistía en que su desarrollo tendría que ajustarse al ordenamiento jurídico.

Aquella apelación constante a la legalidad se convirtió en la fórmula utilizada por los populares para tratar de marcar distancias con la interpretación que hacía Vox. Mientras la formación de Abascal presentaba la prioridad nacional como una preferencia para los españoles en el acceso a determinadas ayudas y recursos públicos, el PP insistía en relacionarla con criterios de arraigo y con el respeto a la legislación vigente.

Ese mismo planteamiento volvió a repetirse poco después en Castilla y León. Para entonces, el precedente ya estaba plenamente asentado y la prioridad nacional formaba parte del paquete habitual de condiciones que Vox llevaba a la mesa de negociación.

El acuerdo alcanzado entre ambas formaciones volvió a incorporar este principio junto a otras medidas relacionadas con la inmigración, como el endurecimiento de las políticas sobre menores extranjeros no acompañados, la prohibición del burka o la revisión de distintas líneas de ayudas públicas. De nuevo, el Partido Popular acompañó el pacto del mismo mensaje: cualquier desarrollo de esas medidas tendría que producirse respetando el marco constitucional y la legislación española.

A esas alturas, el debate ya no giraba tanto en torno a la presencia de la prioridad nacional en los acuerdos, sino sobre el significado que cada uno de los socios atribuía a ese concepto.

Andalucía completa la secuencia

La negociación andaluza ha sido la última en seguir ese mismo recorrido y también la que mayor repercusión política ha tenido. Durante la campaña electoral, Juanma Moreno defendió reiteradamente su intención de gobernar en solitario y rechazó algunas de las principales propuestas planteadas por Vox. Entre ellas figuraba precisamente la prioridad nacional, a la que llegó a calificar de “eslogan hueco”. También sostuvo que muchas de las medidas asociadas a ese concepto eran “ilegales”, al considerar que no podían encajar en el marco constitucional.

Sin embargo, el resultado electoral dejó al PP sin mayoría suficiente y obligó a Moreno a abrir una negociación con Vox. Como ya había ocurrido en las comunidades anteriores, la prioridad nacional volvió a situarse entre las principales exigencias de la formación de Santiago Abascal y se convirtió en uno de los puntos que más dificultaron el acuerdo.

Las conversaciones atravesaron varios momentos de bloqueo. De hecho, Vox llegó a votar en contra de la primera sesión de investidura de Moreno al considerar insuficiente la propuesta planteada por el Partido Popular. Solo después de varios días de negociación ambas formaciones lograron cerrar un pacto que incorpora finalmente la prioridad nacional y que, además, permitirá por primera vez la entrada de Vox en el Gobierno andaluz con una vicepresidencia y una consejería.

Con el acuerdo alcanzado en Andalucía culmina una secuencia iniciada meses atrás en Extremadura. Lo que comenzó como una exigencia planteada por Vox en una primera negociación autonómica ha terminado convirtiéndose en un elemento común de los cuatro pactos de gobierno que el Partido Popular ha suscrito con la formación de Santiago Abascal durante el último semestre, siempre acompañado de la misma defensa por parte de los populares: que cualquier aplicación de la prioridad nacional deberá realizarse dentro de los límites que marca la Constitución y el ordenamiento jurídico vigente.