La defensa de Leire Díez solicita la nulidad del caso al considerar que su detención fue “desproporcionada, injustificada” e “ilegítima” por apoyarse en indicios y no en hechos

La defensa de Leire Díez, exmilitante socialista investigada por su posible implicación en una trama destinada a influir y obstaculizar procesos judiciales y de la Guardia Civil, ha solicitado la nulidad de todo el procedimiento relacionado con su detención. El recurso, presentado por sus abogados ante el juzgado, pone en cuestión la legalidad de las actuaciones policiales y judiciales llevadas a cabo el pasado 10 de diciembre.

El escrito, firmado por su procurador y abogada y al que ha tenido acceso EFE, sostiene que la detención fue “completamente desproporcionada, injustificada y no ponderada en relación con los derechos de la detenida”, y la califica de “ilegítima” y nula de pleno derecho al considerar que vulnera el derecho fundamental a la libertad recogido en el artículo 17 de la Constitución Española. La defensa considera que la intervención policial se apoyó en indicios genéricos y no en hechos concretos, y que en ese momento no existía ni riesgo de fuga ni delito flagrante que justificara una medida de tal alcance.

La detención de Díez se habría producido aunque los agentes “carecían de un auto judicial habilitante”

En el documento, los abogados de Díez también se refieren a las circunstancias de la detención, que se produjo “de manera sorpresiva” y en una vía pública concurrida a mediodía, cuando, según argumentan, “bastaba con una mera citación” para que la investigada compareciera ante la autoridad. Recuerdan que Díez tiene domicilio conocido en España y es “un personaje público”, por lo que consideran que no había motivo para adoptar medidas excepcionales.

Durante la operación, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incautaron el teléfono móvil de Díez, así como archivos, dispositivos electrónicos y diversos objetos personales, tanto en su poder como en su vehículo. Además, se practicaron registros en varios domicilios ubicados en distintas provincias, donde se requisaron agendas, libretas, ordenadores y otros documentos. La defensa subraya que en el momento de la detención los agentes “carecían de auto judicial habilitante para practicarla” y tampoco contaban con autorización para incautar y acceder al contenido de los dispositivos electrónicos y objetos recogidos.

El recurso presentado reclama la nulidad no solo de la detención, sino también de toda la información obtenida de los objetos y dispositivos incautados. Según se detalla en el escrito, el acceso y volcado de datos de los dispositivos electrónicos y físicos de Díez se llevó a cabo “sin autorización judicial y de forma masiva e indiscriminada”, lo que, a juicio de la defensa, ha afectado incluso a comunicaciones privadas y familiares y supone una vulneración del secreto de las comunicaciones.

La defensa sostiene que la actuación policial y judicial ha vulnerado derechos fundamentales de la investigada, en particular el derecho a la libertad recogido en el artículo 17 de la Constitución Española. Además, señala que la detención se practicó un año después del descubrimiento de los supuestos indicios, tiempo en el que no se adoptó ninguna medida contra Díez, lo que, según el recurso, refuerza la idea de que no existía urgencia ni justificación real para la intervención.

El escrito pide la nulidad de todas las diligencias y resoluciones judiciales derivadas de la incautación de objetos y dispositivos, así como de cualquier actuación procesal relacionada con estos hechos. Los abogados entienden que este caso puede sentar un precedente sobre los límites en la actuación policial y judicial en investigaciones de presunta corrupción, al poner el foco en la protección de los derechos fundamentales durante las pesquisas.

La causa en la que se investiga a Leire Díez se centra, entre otros aspectos, en su supuesta participación en una red que habría intentado influir en decisiones y gestiones realizadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Según la investigación, Díez podría haber intervenido en operaciones de adjudicación de contratos públicos, mediación para la obtención de ayudas o subvenciones empresariales, o facilitación de contactos entre responsables de la SEPI y empresas interesadas en proyectos financiados con fondos públicos.

Además, los investigadores analizan si Díez habría utilizado su posición para intervenir en procesos judiciales en curso, aportando información, ejerciendo presión o tratando de condicionar resoluciones judiciales que afectaban directamente al presidente Pedro Sánchez o a colaboradores próximos a él. El objetivo de estas actuaciones, según se investiga, sería favorecer intereses particulares o de terceros en ámbitos tanto administrativos como judiciales.