PP y Vox revelan en Andalucía las cartas para un futuro Gobierno central: freno a la inmigración, prioridad nacional, rebajas fiscales y oposición al Pacto Verde

Fue el jueves cuando el por ahora presidente en funciones Juanma Moreno y el candidato de ultraderecha Manuel Gavira rubricaron 120 medidas que dan pie a investir de nuevo al presidente popular por otros cuatro años, convirtiendo por primera vez a Vox en socio del Ejecutivo andaluz. El pacto no es solo la hoja de ruta de la comunidad par los próximos cuatro años, también una tanda de medidas que anticipan un eventual Gobierno central.

No es la primera vez. En los últimos meses todos los caminos del PP han llevado a Vox. Las últimas cuatro autonomías que se han jugado unas nueva presidencia no solo han revalidado al Partido Popular, sino que lo han hecho siguiendo las exigencias de la ultraderecha. Extremadura, Aragón, Castilla y León y ahora Andalucía, han pactado con el partido de Santiago Abascal con la vista puesta en las elecciones generales que tendrán lugar el año que viene, cuando Pedro Sánchez agote su segunda legislatura.

El acuerdo sellado en Andalucía ha alzado una vez más la llamada prioridad nacional como una de las exigencias clave de Vox para facilitarle los gobiernos al PP. “El acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio“, escriben, medida que también contemplaban las comunidades predecesoras.

De la misma manera que en las medidas ya pactadas en Extremadura, Aragón y Castilla y León, en esta ocasión Moreno Bonilla aboga por “no más menores extranjeros no acompañados”, promete un plan de retorno de inmigrantes en situación irregular y asegura que suprimirán totalmente las subvenciones a las ONG que, según el texto, “favorezcan la inmigración ilegal”. De la misma manera, han prohibido el uso del burka y el nicab en edificios y servicios públicos.

La segunda gran constante es la fiscalidad. Los cuatro acuerdos incluyen rebajas de impuestos y nuevas deducciones para las familias. En Andalucía, el pacto contempla una reducción progresiva del tramo autonómico del IRPF, incentivos por nacimiento o adopción de hijos, entre otros.

El rechazo a parte de la agenda medioambiental impulsada desde Bruselas constituye otro de los denominadores comunes. Los cuatro documentos muestran su oposición al Pacto Verde Europeo, cuestionan algunas de las políticas derivadas de la Agenda 2030 y defienden una mayor protección del sector primario frente a las exigencias medioambientales. En el caso andaluz, PP y Vox se blindan “frente a los aspectos negativos de la Agenda 2030″.

A esto hay que sumarle su dura ofensiva contra la ocupación ilegal. En los cuatro territorios, sendos partidos han acordado exigir la aplicación estricta del “desahucio exprés”. Para reforzar esta medida, los pactos contemplan la creación de unidades específicas o servicios para verificar el fraude en el padrón municipal, buscando anular las inscripciones en domicilios ocupados que muchas veces sirven de llave para acceder a prestaciones.

El ámbito educativo también refleja la impronta ideológica de estos acuerdos. Uno de los puntos más llamativos que comparten Andalucía, Extremadura, Aragón y Castilla y León es la supresión del Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM), justificando la decisión como un rechazo al “adoctrinamiento en las aulas” y a cualquier injerencia extranjera. Además, en un guiño directo al sector primario, en los comedores escolares y públicos de estas cuatro comunidades se exigirá dar prioridad a los productos nacionales frente a los extranjeros en las licitaciones. En la vertiente social de la educación, todos los documentos prometen avanzar hacia la gratuidad total en la etapa infantil de 0 a 3 años.

Por otro lado, la tijera se aplicará sobre lo que la formación de extrema derecha ha bautizado sistemáticamente como “gasto político o improductivo”. Esta exigencia se traduce en una reducción directa del 50% de las subvenciones destinadas a sindicatos y organizaciones empresariales. De la misma forma, las cuatro autonomías se han comprometido a congelar y reducir al “mínimo legal imprescindible” los fondos destinados a la cooperación internacional al desarrollo y a someter las cuentas a auditorías anuales y periódicas para rastrear y eliminar cualquier gasto superfluo.

Finalmente, la sustitución del relato sobre el pasado reciente de España es otro de los pilares del cuádruple pacto. Las regiones contemplan la derogación de sus respectivas normativas de memoria histórica para reemplazarlas por nuevas “Leyes de Concordia”, con el argumento de superar los “planteamientos de carácter ideológico”.

Para vigilar y garantizar el cumplimiento de todo este engranaje de medidas, el partido de Santiago Abascal se ha asegurado una parcela de poder muy concreta en los cuatro Ejecutivos: han creado e integrado en sus vicepresidencias o consejerías carteras específicas para favorecer la “regulación”, destinadas a la simplificación burocrática y al control ideológico y de eficiencia del gasto. A la espera de que Sánchez agote la legislatura, las cartas ya están sobre la mesa.