Anticorrupción cree que Leire Díez, el expresidente de la SEPI y el empresario Antxon Alonso cobraron 114.950 euros por facilitar el rescate de Tubos Reunidos

La investigación sobre la presunta trama que habría tratado de influir en la concesión de ayudas públicas y en distintos procedimientos judiciales da un nuevo paso. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el grupo denominado ‘Hirurok’ —“Nosotros tres”, en euskera, y presuntamente integrado por la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso— habría llevado a cabo “acciones tendentes al otorgamiento” de la ayuda pública concedida a Tubos Reunidos.

Ese es uno de los principales argumentos que recoge el informe remitido por el Ministerio Fiscal al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que este lunes acordó la imputación de 25 personas, entre ellas la actual presidenta de la SEPI, Belén Gualda, en el marco de una causa que investiga una supuesta red de influencias sobre decisiones administrativas y procedimientos judiciales relacionados con el PSOE o el Gobierno.

En el caso concreto de Tubos Reunidos, la Fiscalía apunta a que la actuación del denominado grupo ‘Hirurok’ no fue gratuita. Según la investigación, sus integrantes percibieron 114.950 euros a través de la empresa Mediaciones Martínez bajo el concepto de servicios de prospección de mercados. Sin embargo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que esas facturas eran “mendaces” y que el verdadero motivo de esos pagos habría sido la intermediación para lograr que la SEPI aprobara la ayuda pública solicitada por la compañía.

La operación investigada gira en torno al préstamo de 112,9 millones de euros concedido a Tubos Reunidos y, en particular, a la autorización del aplazamiento de la amortización parcial anticipada de esa deuda con la SEPI. Es precisamente sobre ese proceso donde los investigadores sitúan buena parte de las gestiones atribuidas a los investigados.

Una agenda intervenida en Ferraz

El informe de Anticorrupción incorpora además un elemento que, a juicio de los investigadores, refuerza esa línea de investigación. En el marco de un requerimiento dirigido al PSOE, la UCO intervino en la sede socialista de la calle Ferraz diversa documentación, entre ella una agenda con anotaciones manuscritas relacionadas con Tubos Reunidos.

Esas notas hacían referencia a la autorización del aplazamiento de la amortización parcial anticipada de la deuda con la SEPI y, según recoge la Fiscalía, “pondrían de manifiesto” que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán “habría tenido conocimiento de las pretensiones de Tubos Reunidos, así como del papel desempeñado por los distintos investigados en relación con la obtención de la autorización correspondiente”.

La agenda se incorpora así a los indicios que maneja la investigación sobre una presunta trama que, de acuerdo con distintos informes elaborados por la Guardia Civil, habría desplegado maniobras para influir tanto en la obtención de ayudas públicas como en otros procedimientos de interés para sus integrantes.

El foco se amplía más allá de Tubos Reunidos

La resolución dictada este lunes por el juez Santiago Pedraz no se limita al caso de Tubos Reunidos. La imputación de 25 personas amplía el radio de acción de una investigación que, para la Fiscalía Anticorrupción, también presenta indicios de posibles irregularidades en otras cuatro operaciones relacionadas con empresas públicas: Mercasa, Enusa, Parque Empresarial Principado de Asturias y Forestalia.

Dentro de la operativa analizada, la UCO atribuye un papel especialmente relevante al expresidente de la SEPI Vicente Fernández. Los investigadores sostienen que, “con razón de esta operativa”, habría facturado 40.000 euros y sospechan, además, que siguió ejerciendo funciones propias de la presidencia del organismo incluso después de abandonar formalmente el cargo.

Según el informe policial, durante el periodo en el que todavía no se había designado un nuevo presidente de la SEPI, Fernández habría continuado actuando “de facto” como máximo responsable del organismo. Los agentes aseguran haber constatado su asistencia a reuniones en representación de la entidad pública, su acceso a información interna, la adopción de decisiones y la impartición de instrucciones, circunstancias que la investigación incorpora ahora como parte del conjunto de indicios que examina la Audiencia Nacional.